Igual que Duarte, Corral quiere escoltas al irse

Chihuahua— El gobernador Javier Corral envió al Congreso del Estado una propuesta de reforma a varias leyes, con el fin de que su sucesor esté obligado a destinarle un número indeterminado de escoltas de las policías estatales por un período de hasta cuatro años tras dejar el cargo.

La iniciativa fue recibida el pasado 4 de marzo en el Legislativo y actualmente se encuentra en estudio en la Comisión de Seguridad Pública y Protección Civil, que habrá de emitir un dictamen en los próximos días para ser sometido al Pleno de los diputados.

Al igual que Corral, antes de concluir su mandato como gobernador, César Duarte solicitó al Congreso local la asignación de escoltas posterior a su administración, la cual le fue asignada por tiempo indefinido.

Sin embargo, en enero de 2017 el fiscal César Augusto Peniche Espejel anunció el retiro de la seguridad que le había sido asignada al exmandatario, por lo que los elementos regresaron a las filas de la entonces Comisión Estatal de Seguridad (CES).

Chihuahua— En la propuesta que envía Corral se contempla también dotar de los escoltas necesarios, por un lapso similar o proporcional al tiempo en que fueron funcionarios, al secretario de Gobierno, Luis Fernando Mesta Soulé; al secretario de Seguridad Pública, Emilio García Ruiz, y al fiscal general César Augusto Peniche Espejel.

La iniciativa está fechada en Palacio de Gobierno desde el 24 de febrero pasado y plantea modificaciones a la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, a la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública, a la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado (FGE) y a los artículos transitorios de un decreto de 2019 para la creación de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal (SSPE).

Expone que para la creación de la SSPE fue necesario distribuir las facultades que desempeñaba la FGE en múltiples materias, como fueron las funciones de prevención del delito, de ejecución de sanciones, así como de reinserción social de sentenciados, las cuales debían incorporarse a la Secretaría, a efecto de que la FGE centrara sus operaciones en la función esencial consistente en la investigación y persecución del delito.

En la actual conformación del modelo estatal, que contempla como separadas las dependencias Fiscalía General y Secretaría de Seguridad, son necesarias adecuaciones para que exista coordinación, según se reconoce en el documento.

Esta nueva propuesta de reforma se orientará “a fortalecer la operatividad de la SSPE”, mediante las modificaciones al decreto de creación y a la Ley Orgánica del Ejecutivo, “para concretar la colaboración que debe existir entre la Fiscalía General del Estado y la Secretaría de Seguridad Pública” en la búsqueda inmediata de mujeres, niñas y niños desaparecidos; así como para reemplazar el término ‘reos’ por el de personas privadas de la libertad, de conformidad con lo dispuesto por la Ley Nacional de Ejecución Penal.

A la vez, plantea adecuar la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública conforme a las disposiciones de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua, únicamente para cambiar el término de “policía investigadora” al plural de “policías de investigación”.

Otro aspecto que busca cambiar es la denominación de algunas dependencias de la SSPE, así como establecer como requisito el nivel académico de licenciatura para los policías que sean adscritos a la Dirección General de Investigación Especializada en Casos de Alto Impacto; a la Dirección de Inteligencia y Análisis Estratégico, y a la Dirección de Investigación Cibernética y Operaciones Tecnológicas de la SSPE.

También plantea cambios en categorías y jerarquías de la Agencia Estatal de Investigación, dependiente de la FGE, de manera diferente a la que se tiene en la Comisión Estatal de Seguridad, instancia de la SSPE, entre otras modificaciones para el Servicio Profesional de Carrera de los agentes.

Como complemento a lo anterior, busca realizar adecuaciones tanto a la integración como a la denominación de la actual Comisión del Servicio Profesional de Carrera, para que se atiendan por separado las diferentes corporaciones policiacas y sus integrantes.

Casi al final de la propuesta aparece la iniciativa para la adición de un título decimoprimero a la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública, denominado “De la Seguridad y Protección de Personas Funcionarias Públicas al Concluir su Encargo o Nombramiento” y un capítulo único integrado por los artículos 305, 306, 307 y 308.

“Debido a la compleja situación que enfrenta el país en general en materia de seguridad pública, se plantea establecer una forma de protección temporal a las personas que en su momento brindaron su servicio a la ciudadanía enfrentando a las estructuras delincuenciales y combatiendo los actos ilícitos de éstas; de ahí que se considera una obligación del Estado proporcionar de manera transitoria los medios necesarios para el cuidado de personas al momento en que concluyan sus funciones”, dice.

En planteamiento del artículo 305 señala: “El Estado proporcionará seguridad y protección personal a la persona Titular del Poder Ejecutivo, a la persona titular de la Fiscalía General del Estado, a la persona titular de la Secretaría de Seguridad Pública y a la persona titular de la Secretaría General de Gobierno, previa solicitud de parte y autorizada antes o después de concluidos sus nombramientos”.

Sin determinar el número de agentes que se asignarían a los exfuncionarios, asienta que en el caso del que fuera gobernador la seguridad con cargo al Estado “será por el período de cuatro años contados a partir de la conclusión de su nombramiento”.

En el supuesto de los extitulares de FGE, de la SSPE y de la Secretaría General de Gobierno, “será proporcional al tiempo que hubieren prestado sus funciones, sin que pueda exceder la seguridad y protección del máximo establecido para la persona Titular del Poder Ejecutivo, contados a partir de la conclusión de sus respectivos nombramientos”.

Establece como excepción a esta regla que no tendrán seguridad asignada si ocupan un nuevo cargo público relacionado con la procuración de justicia o seguridad pública y, en virtud de las funciones que desempeñen, tengan a su disposición custodia personal, durante el tiempo que exista esta condición, “pudiendo reanudarse por el resto del período faltante sin que se entienda prorrogado”.

El artículo 306 asienta: “Los elementos de las instituciones de seguridad pública que proporcionarán la seguridad y protección personal a que se refiere el artículo anterior estarán dotados del equipamiento necesario para el ejercicio de su función y serán aquellos pertenecientes a la Agencia Estatal de Investigación o de la Secretaría de Seguridad Pública, para lo cual les serán asignados el número de elementos que determine la persona titular del Poder Ejecutivo”.

En tanto, el planteamiento del 307 señala: “Para los efectos a que se refiere el presente Título, la asignación de elementos de las instituciones de seguridad pública se considerará comisión para el cumplimiento de un servicio específico, por lo que deberán cumplir con todas las obligaciones y deberes a que se encuentren sujetos”.

Finalmente, en el artículo 308 se obliga “a los futuros fiscal y secretario de Seguridad a vigilar y dar seguimiento al cumplimiento de lo dispuesto (...) y ordenar la reincorporación de los elementos de las instituciones de seguridad pública a la adscripción que les correspondía antes de su comisión”.

Dicha propuesta de reforma contempla otras modificaciones para la adecuación de las normas en mención, sobre todo para adecuar las denominaciones de los diferentes órganos que integran tanto la FGE como la SSPE.

Al calce aparecen las firmas de Corral y los titulares de las dependencias involucradas, Mesta Soulé, García Ruiz y Peniche Espejel.