Hubo presiones muy claras desde Palacio: Maru

Chihuahua.— La resolución hecha por la Unidad de Investigación y Responsabilidades Administrativas (UIRA) del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) en el sentido en que existieron faltas graves por parte del juez Samuel Uriel Mendoza Rodríguez, es un llamado para que todos se desempeñen en apego al marco legal e impartan justicia sin obedecer a intereses de otro tipo, expresó ayer la gobernadora Maru Campos, quien fue vinculada a proceso penal por este juzgador.

“Es algo que no me compete como gobernadora pero como ciudadana y como mujer te puedo decir que fueron muy claras las presiones por parte de Palacio de Gobierno, por parte de la persona que me antecedió en el cargo y por parte del secretario general de Gobierno”, dijo.

La gobernadora fue clara en mencionar que el juez actuó por presiones directas ejercidas desde Palacio Gobierno, específicamente por parte del exgobernador Javier Corral Jurado, así como del exsecretario general de Gobierno, Luis Fernando Mesta Soulé en un claro interés político.

Detalló que, durante la audiencia en la que se le vinculó a proceso, no se presentó una sola prueba o documento que demostrara su presunta responsabilidad en los que hechos que se le imputaron, lo que dejó en evidencia el actuar del juez.

En este sentido, expresó que es necesario que los jueces se conduzcan en total apego al marco legal y basen sus resoluciones únicamente en las pruebas que se les presentan y no por intereses de otro tipo que van más allá de tratar de impartir justicia.

El primero de abril de 2021, el juez de control Samuel Uriel Mendoza dictó auto de vinculación a proceso en contra de la entonces candidata del PAN, Maru Campos y los exlegisladores Rodrigo de la Rosa y María Ávila, dentro de la causa penal 2821/2020 por el delito de cohecho.

En su resolución, el juez respaldó la teoría del Ministerio Público en la que señalaba que durante los años 2014 y 2015, Campos Galván, en su carácter de diputada local de la LXIV legislatura, solicitó y recibió del gobernador César Duarte Jáquez, la cantidad total de 9 millones 267 mil 200 pesos mediante entregas directas o a través de terceros.

A los exdiputados locales Rodrigo de la Rosa Ramírez y María Ávila Serna, los acusó de recibir la cantidades de 2 millones 500 mil pesos y 3 millones 457 mil 112 pesos de parte del exgobernador.

Dicho dinero habría sido entregado a los legisladores con la finalidad de apoyar al mandatario con motivo de sus atribuciones en sus peticiones e iniciativas ante el Congreso del Estado como la aprobación de asuntos de la hacienda pública y de fiscalización, según se dijo.