Estado

‘Homicidios dolosos, responsabilidad compartida’

El problema no es sólo de la actual administración estatal: fiscal general

Miguel Vargas
El Diario de Juárez

domingo, 03 enero 2021 | 06:00

Ciudad Juárez— Los 10 mil 25 homicidios dolosos registrados en Chihuahua oficialmente durante los cuatro años y tres meses que lleva la gestión de Javier Corral Jurado al frente del Ejecutivo estatal son responsabilidad compartida, sostuvo César Augusto Peniche, fiscal general del Estado.

Lo anterior al replicar la nota de El Diario del día primero de enero, en que se hace un recuento oficial del número de personas que han perdido la vida en el estado por homicidios, que superaron las 10 mil al cierre del 2020, con Javier Corral como gobernador.

El fiscal Peniche indicó que los homicidios en la entidad son un problema que no es de ahorita. Comparó los cometidos en el tiempo del actual Gobierno con el mismo período de César Duarte, al mencionar que en esos primeros 4.3 años de Corral se registraron 10 mil 25 muertos, contra 10 mil 888 de la anterior administración.

“Atribuir al gobierno de Corral 10 mil muertos es abstraerse del problema”, dijo el fiscal César Peniche, quien amplió el panorama de violencia en el estado, donde la delincuencia no se ha combatido según corresponde a cada instancia de gobierno, dijo.

“Cada Municipio es responsable directo de la seguridad en sus municipios; en la cifra de muertes en Juárez hay un quantum que debe referirse a Municipio, Estado y Federación”, apuntó.

Agregó que a cargo de la Federación se encuentran carreteras, cruces fronterizos, aeropuertos y la lucha contra la droga, el lavado de dinero y la delincuencia organizada, donde se incumple con acciones, indicó. 

“… lo único que se hace es generar ciclos, ciclos donde de manera recurrente se agravan los problemas desde el ámbito social, económico y de seguridad”, dijo.

“A cargo del Municipio se encuentra la Policía con mayor número de elementos en Juárez, alrededor de dos mil elementos, y a ellos corresponde el patrullaje de las calles, las detenciones en flagrancia, la reacción en los hechos delictivos que se presentan”, agregó.

Dijo que al Estado le corresponde la investigación de los delitos y las tareas de prevención en toda la entidad, así como la de establecer bases de coordinación entre los municipios. 

“No hay que olvidar que las muertes, en el 70 por ciento, están asociadas al narcomenudeo, a temas de droga, de delincuencia organizada, en consecuencia hay que referir las acciones en este segmento a la obligación de la Federación”.

“En el tema de las adicciones la responsabilidad corresponde a los tres niveles de gobierno… dicho de otra manera, el problema de los homicidios es de responsabilidad compartida”, apuntó el funcionario.

El narcomenudeo como raíz del problema de los homicidios persiste, indicó. “Las causas desde luego obedecen a condiciones que tienen su origen en temas sociales, desde el índole cultural por ser frontera, hasta el marcado desorden en el crecimiento de la ciudad y la especulación del suelo”, precisó Peniche.

Comentó que esta ciudad, por ser frontera, tiene en su historial pasajes como el trasiego de la droga, el contrabando, el lavado de dinero, la migración, el tráfico de personas, la prostitución y la trata. Lo mismo se refleja en otras ciudades que colindan con Estados Unidos, como Tijuana, por ser también de las más pobladas, dijo.

“Este problema, desde el punto de vista de seguridad, ha sido ignorado por los recientes gobiernos federales”, insistió.

“Corregir el problema de la frontera requiere de un tratamiento integral y sostenido que las últimas administraciones no han comprendido; ¿hay acaso un despliegue suficiente de personal de seguridad pública orientado exclusivamente a atender el problema del crimen organizado?, en mi opinión no lo hay”, expuso el fiscal general de Chihuahua. 

Indicó que el actual Gobierno federal atiende el tema de seguridad bajo parámetros ordinarios, no en términos de la urgencia del caso y que tampoco hay un tratamiento integral como el que se intentó con el programa “Todos Somos Juárez”, cuando se diseñaron y se aplicaron estrategias en cinco ejes fundamentales.

“Los gobiernos municipales no han atendido los problemas básicos de la población; hablar del 50% del suelo de Ciudad Juárez sin pavimentar es tan sólo un ejemplo que demuestra el rezago de nuestra ciudad”, agregó.

Reconoció que en el resto del estado hay regiones donde la presencia de grupos de delincuencia organizada es evidente.

Dijo que en este caso, la extensión geográfica requiere de la presencia extraordinaria de elementos federales, “no de un despliegue como si se tratara de cualquier estado de la república; sigue existiendo ausencia de un estado de fuerza permanente en amplias zonas de la sierra”, de acuerdo con el fiscal.

“El esfuerzo que realiza el Gobierno del Estado requiere de la participación de la Federación y de los municipios, pero el Estado no tiene recursos extraordinarios para hacer ese esfuerzo extraordinario, mientras que los municipios no tienen siquiera recursos para hacer el gasto ordinario”, justificó.

Refirió también que las actuales reglas de coordinación fiscal son un obstáculo para pacificar al país porque los municipios no tienen recursos.

“La Federación pretende que el gasto del Fortaseg se sustituya con el Fortamun, sólo por decreto, cuando el Fortamun es un gasto que los municipios ya tienen comprometido en otros temas básicos para su comunidad; además, el Fortamun en algunos municipios no les da la capacidad siquiera para pensar en adquirir patrullas”, expuso Peniche. 

Dijo que no hay para cuándo lleguen los suficientes recursos federales concentrados en el Gobierno federal para fortalecer a los municipios en sus necesidades de seguridad pública.

“Las políticas en materia de seguridad se encuentran centralizadas y están orientadas a fortalecer al Ejército como eje de su estrategia, pero con el inconveniente de que dicho instituto no es el responsable de la seguridad pública, sino los estados y los municipios”, apuntó Peniche Espejel. 

Para corregir el problema de seguridad en el país, se requiere reconocer a la delincuencia organizada como causa inmediata de la violencia, diseñar estrategias en torno a ese problema, fortalecer a los municipios en infraestructura en patrullas, cámaras y policías y dotar a las policías estatales de recursos para incrementar los estados de fuerza a niveles óptimos además de su equipamiento, sostuvo.