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Estado
jueves, 30 junio 2022 | 06:00
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Chihuahua.– El Juzgado Octavo de Distrito en Chihuahua, encabezado por Adriana del Carmen Martínez, otorgó el amparo al notario público número cuatro de la capital, Luis Raúl Flores Sáenz, contra la sanción que le impuso el Registro Público de la Propiedad durante la gestión de Javier Corral.
Al resolver el reclamo del fedatario, la justicia federal consideró que la administración del exgobernador violó la Constitución mexicana y la Ley del Notariado y del Registro Público al aplicarle una sanción consistente en el cierre de la notaría a su cargo.
“Quería (el exgobernador) quitarme la patente y meterme a la cárcel”, dijo Flores Sáenz al ser consultado sobre el resolutivo de la jueza federal, con el cual, aseguró, no termina el proceso, pues alguien debe enfrentar las consecuencias jurídicas de la sanción ilegal aplicada en su contra.
El caso del notario Flores Sáenz comenzó en enero de 2021, cuando el periódico local El Heraldo publicó que había recibido documentos de forma anónima con los supuestos recibos de la llamada ‘nómina secreta’ del exgobernador César Duarte, en los que estaba involucrada la que se perfilaba para ser candidata del PAN a la gubernatura, Maru Campos.
Los documentos fueron presentados como recibos “notariados” con el sello de la Notaría Pública número cuatro, lo que motivó que luego fueran tomados como evidencia por el gobernador Javier Corral para seguir la causa penal contra Campos Galván y otros personajes públicos.
Ante ello, el notario negó reconocer esos recibos e incluso consideró que podrían tratarse de una falsificación de firmas y sellos notariales en su contra.
A pesar de ello, a principios de febrero, en medio de la polémica y cuando ya era Campos la candidata del PAN a gobernadora, Corral Jurado difundió mediante redes sociales un video en el que acusó a Flores Sáenz de haber servido para la creación de supuestas empresas “fantasma” de Duarte Jáquez.
En dicho video, el entonces gobernador afirmó que el Registro Público de la Propiedad y el Notariado (RPP), autoridad encargada de regular la gestión de los notarios públicos de toda la entidad, estaba investigando el caso y procedería a sancionar a Flores Sáenz.
Asimismo, acusó al notario de violaciones a las leyes y por lo tanto anunció otra investigación por la vía penal en contra del fedatario público. Ante los señalamientos del gobernador, secundaron las acusaciones otros funcionarios de la administración estatal.
El entonces secretario general de Gobierno, Luis Fernando Mesta, superior jerárquico del RPP, consideró que el proceso administrativo iniciado en contra de Flores Sáenz estaba basado en las declaraciones que realizó, e indicó que “al notario no lo va a venir a salvar Dios”, de acuerdo con lo que fue publicado en notas periodísticas.
En el mismo sentido y tras el anuncio de Corral, el entonces consejero jurídico estatal, Jorge Espinoza, consideró que Flores Sáenz debería perder la patente de notario.
Poco más de un mes después del anuncio del gobernador, el RPP, entonces encabezado por la licenciada Silvia Ríos, ordenó el cierre de la Notaría Pública número 4, ubicada en el cruce de las calles Ortiz de Campos y Deza y Ulloa de la colonia San Felipe.
El cierre, argumentó el personal del RRP, obedecía a la sanción por seis meses dictada por la autoridad estatal como parte del proceso administrativo iniciado en contra de Flores Sáenz semanas antes.
‘Espérense, es ilegal esto que están haciendo…’
“Espérense, es ilegal esto que están haciendo… si la sanción es contra mí, ¿por qué cierran la notaría?”, recuerda Flores Sáenz, quien así cuestionó al personal del Registro Público que llegó con la orden de cerrar hasta puertas y ventanas del inmueble.
“Fue un atropello, una arbitariedad y un abuso de poder”, dice el notario al señalar que el cierre ocasionó la pérdida de trámites que se realizan día con día en la notaría, además de que le ocasionó daños patrimoniales al tener que correr con los gastos de sueldos del personal y otros por tener el inmueble cerrado y prohibido avanzar en los casos que tenía en proceso.
Por ello, señala, recurrió al juicio de amparo. Dentro del expediente 514/2021 fue dictada la suspensión provisional del acto reclamado, por lo que pudo reabrir la notaría tres semanas después del cierre, a pesar de que la sanción establecía la suspensión por seis meses.
“Sólo con la advertencia a la directora del RPP de que estaban violando la Constitución si no me permitían abrir, fue que accedieron”, recuerda.
No obstante haber avanzado en el juicio de garantías, todavía después de reabierta la notaría, el entonces consejero jurídico anunció que buscarían anular la suspensión provisional con un recurso de revisión, que terminó siendo resuelto en contra del Gobierno del Estado.
Meses de trámites y solicitudes
Al tiempo que avanzaban las campañas electorales, el notario Flores Sáenz y su defensa buscaron acceder al expediente formado por el RPP para sancionarlo y a la investigación que a la par realizaba la Fiscalía General del Estado, para estar en posibilidad de defenderse.
El resto de la administración de Javier Corral le fue negado al acusado el acceso a documentos, principalmente a los recibos “notariados” que habían servido de base para los señalamientos en su contra, pero nunca se le autorizó.
Flores Sáenz pidió que se realizaran peritajes independientes para conocer la legitimidad de los documentos, lo que fue posible hasta que terminó la administración estatal anterior.
Fue hasta los últimos meses del año pasado que los documentos fueron revisados por expertos, en presencia de las autoridades que habían continuado con la investigación.
Así, el 20 de diciembre, a meses de haber solicitado el acceso a los 34 recibos de la “nómina secreta” que fueron usados por el Gobierno de Corral, la defensa del notario público, encabezada por Rubí Cabello, dio a conocer que logró realizar un peritaje sobre dichos documentos, el cual arrojó que nunca fueron certificados en la notaría, pues tanto las firmas como los sellos resultaron falsos.
El perito José Arturo de la Cruz Jurado confirmó la fabricación de los recibos, informó Cabello, pues indicó que no existen en poder de la Fiscalía General del Estado recibos originales, solamente las copias simples que presuntamente habían sido certificadas por el notario Flores.
Por ello, la abogada defensora catalogó el procedimiento como “la crónica de una infamia”, pues una vez que tuvieron acceso a estos documentos, el perito determinó que las firmas del notario fueron falsificadas mediante un mecanismo de calca y error, además de que los sellos fueron copiados, probablemente de los originales que se encuentran en los libros de la Dirección del Registro Público de la Propiedad y del Notariado.
¿Quién pagará las consecuencias?
Con el amparo en sus manos, Flores Sáenz señala que está muy clara la resolución de la justicia federal que considera a Corral como un violador de la Constitución, al igual que los funcionarios que le sancionaron sin darle oportunidad de defenderse.
“Claro que esto tiene consecuencias”, responde el notario sobre los alcances del amparo a su favor, pues aduce que le provocaron daños hasta ahora no reparados por parte del exgobernador y sus colaboradores que lo atacaron.
Por ello, Flores Sáenz anuncia que analiza la vía en que procederá contra el exgobernador y quienes resulten responsables de los atropellos en su contra.
El caso
21 de enero de 2021
La Fiscalía del Estado filtró documentos de la supuesta ‘nómina secreta’ de César Duarte donde aparecían recibos “certificados” por el notario Luis Raúl Flores Sáenz
5 de febrero
El notario negó conocer los documentos filtrados luego de que la administración de Javier Corral lo presionara para reconocerlos como legítimos
9 de febrero
Corral acusó públicamente a Flores Sáenz de violaciones a la Ley del Notariado por negarse a reconocer los recibos y anunció sanciones en su contra por parte del Registro Público de la Propiedad y una investigación de la Fiscalía del Estado
11 de febrero
El entonces secretario general de Gobierno, Luis Fernando Mesta, superior jerárquico del Registro Público, hizo burlas sobre el caso: “al notario no lo va a venir a salvar Dios”, dijo.
12 de febrero
El entonces consejero jurídico estatal, Jorge Espinoza, consideró que debería retirarse la patente a Flores Sáenz por negar la legalidad de los documentos con sellos de su notaría
25 de marzo
El Registro Público cierra la Notaría Pública número 4 de la capital y aplica una sanción por seis meses, además de procesos penales contra el titular
13 de abril
Al recurrir al juicio de amparo, el notario logra la suspensión provisional; la justicia federal ordenó al Registro Público reabrir la notaría hasta resolver el fondo del reclamo
20 de abril
El Gobierno del Estado pidió revisar la resolución de la suspensión provisional a favor del notario, pero el recurso fue resuelto en contra de la autoridad
20 de diciembre
Un peritaje logrado por la defensa del notario arroja como resultado que fueron falsificados los 34 recibos y firmas en las que basaba su acusación la administración de Corral
14 de enero de 2022
Se realiza la audiencia constitucional del amparo interpuesto por el notario, donde la defensa presenta todas las violaciones a las normas cometidas en su contra
23 de junio
Al resolverse el fondo de la demanda, la justicia federal otorgó el amparo al notario público número cuatro
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