Estado

Funcionarios de Corral incumplen con declaración

Sólo unos presentaron a los chihuahuenses el desarrollo de su patrimonio durante el quinquenio

Javier Olmos
El Diario de Juárez

martes, 31 agosto 2021 | 06:00

Ciudad Juárez— Sólo unos cuantos funcionarios del gabinete del gobernador Javier Corral presentaron a los chihuahuenses el desarrollo de su patrimonio durante el quinquenio.

La mayoría, de acuerdo con la Plataforma Nacional de Transparencia, evadió no sólo hacer públicos los datos, sino que se mantuvieron renuentes a cumplir con esta obligación marcada en la ley.

El secretario general de Gobierno, Luis Fernando Mesta Soulé, es uno de los que a unos días de concluir la administración estatal no ha presentado su declaración patrimonial 2021, pese a que ya venció el plazo.

Lo anterior aun cuando por lo menos 50 servidores públicos a los que dirige en la dependencia sí lo hicieron, como se constata en el apartado de declaraciones patrimoniales de la Unidad de Transparencia.

La información indica que en 2020 sí la presentó, pero todos los datos fueron privados. En tanto que durante 2019 nadie de esa dependencia la presentó o al menos no aparece ninguna en la plataforma.

Lo anterior se puede consultar en el sitio https://consultapublicamx.inai.org.mx/vut-web/faces/view/consultaPublica.xhtml#tarjetaInformativa

En 2017 el exsecretario de Gobernación Sergio César Alejandro Jáuregui Robles sí la presentó, aunque sólo se detalla en el documento su ingreso mensual, entonces por 84 mil 247 pesos.

Jesús Mesta Fitzmaurice, coordinador de Gabinete, hizo su “modificación de declaración” 2021, sin embargo, no revela ninguno de sus bienes ni sueldos anteriores. 

En 2020 hizo su declaración patrimonial, pero no aceptó hacer públicos sus datos patrimoniales ni su posible conflicto de interés.

En 2019, quien entonces era el coordinador de gabinete, Ismael Rodríguez Gallegos, solamente publicó sus trabajos anteriores, como director general de las empresas Comercial Empresarial del Norte, Empresa Villarreal y Ponderosa Industrial, además de su cargo de presidente en la dirección general de la Junta Central de Agua y Saneamiento.

Vencido el plazo de este año, el secretario de Hacienda Arturo Fuentes Vélez no ha presentado su informe. 

En 2020, el servidor no aceptó divulgar sus datos patrimoniales ni estuvo de acuerdo en hacer público su posible conflicto de interés. En 2017 sólo informó que tenía un sueldo anual de un millón 172 mil 489 pesos.

Nombrado apenas el 25 de enero de este año, el titular de la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico, Antonio Eduardo Fernández Domínguez, ha incumplido con el plazo de este año para presentar su declaración patrimonial. 

Pero antes de él, la exsecretaria y hoy coordinadora de gabinete en la Zona Norte, Alejandra Catarina de la Vega Arizpe, tampoco aceptó, en el paso de su encargo, hacer públicos sus datos patrimoniales y manifestó no estar de acuerdo en informar su posible conflicto de interés.

“No me es posible publicar la totalidad de rubros que forman parte de la declaración ‘3de3’, como titular de la secretaría”, expuso en 2017 de la Vega. “Esto obedece a una situación de estricto carácter familiar, que no me permite hacer pública la información solicitada”, argumentó la funcionaria en su declaración “3de3” presentada el 16 de enero de 2017.

Mientras que el secretario de Desarrollo Social, antes subsecretario en la Zona Norte, Ramón Galindo, tampoco hizo su informe público, ya que la PNT muestra un documento ilegible.

El secretario de Educación Carlos González Herrera no ha presentado su declaración este año, y en 2020 el servidor público no aceptó hacer públicos sus datos patrimoniales, pero dijo estar de acuerdo en hacer público su posible conflicto de interés, lo mismo que en 2019, año fiscal completo que laboró en la secretaría.

El secretario de Salud, Eduardo Fernández Herrera, sí hizo su declaración, pero no fue pública. 

Designado el pasado 4 de mayo de este año, a cuatro meses de concluir el actual quinquenio, Juan Ramón Herrera Pedroza, secretario del Trabajo y Previsión Social, es uno de los cuatro funcionarios corralistas que hizo públicos sus datos personales. 

Reveló, por ejemplo, que no posee bienes inmuebles entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del año inmediato anterior, pero sí un vehículo Sentra modelo 2009, con un valor de 85 mil pesos. 

Sin embargo, aclaró que “todos los datos de las inversiones, cuentas bancarias y otro tipo de valores, activos a nombre de la pareja, dependientes económicos y o terceros o que sean en copropiedad no serán públicos”.

En la Secretaría de Desarrollo Municipal, hasta ayer, de acuerdo con la plataforma, nadie ni su titular Víctor Manuel Rodríguez Guajardo había presentado su declaración patrimonial o al menos la unidad de transparencia no se había actualizado, salvo los años anteriores en que el jefe no hizo públicos sus datos personales.

Lo mismo que en la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología, cuyo titular es Luis Felipe Siqueiros Falomir, que no la presentó este año ni en 2020. En 2019, Siqueiros modificó por última vez su situación, pero sin hacerla pública.

En la Secretaría de Desarrollo Rural, René Almeida Grajeda, es uno de los que sí optó por hacer públicos sus bienes. 

En junio de este año, el secretario reportó cinco casas, cuatro terrenos rústicos y ejidales, además de una bodega, por un valor conjunto de 4 millones 107 mil pesos, más cuatro vehículos valuados en un millón 304 mil 600.

Gustavo Elizondo, secretario de Comunicaciones y Obras Públicas, sí hizo sus declaraciones y las hizo públicas. 

El portal Declaranet, a donde remite la PNT en este caso, indica que el exalcalde juarense y exdirector del Fideicomiso de Puentes Fronterizos posee un edificio de 5 mil metros cuadrados, una superficie de construcción de 4 mil, pero sin revelar los valores, ni número de vehículos y demás bienes inmuebles.

“Todos los datos de las inversiones, cuentas bancarias y otro tipo de valores / activos a nombre de la pareja, dependientes económicos y o terceros o que sean en copropiedad no serán públicos”, agrega.

María Concepción Landa, secretaria de Cultura, también hizo pública su declaración este año, informando que percibe un ingreso anual de 1 millón 505 mil 26 pesos, de los cuales un millón 128 mil 83 provienen de su encargo como servidora pública, pero percibe 376 mil 943 pesos de “actividades industrial, comercial o empresarial, entre otros”, sin especificarlas.

Se indica que sólo tiene una casa de 2 mil 650 metros cuadrados, y un vehículo Smart Passion 2011 con valor de 102 mil pesos, mientras que decidió no transparentar los datos de sus familiares o pareja.

La titular de la Comisión de los Estatal de los Pueblos Indígenas, María Teresa Guerrero Olivares, no había presentado este año su declaración patrimonial, pero en la última rendida el año pasado no aceptó hacerla pública como tampoco su posible conflicto de interés.

El fiscal César Augusto Peniche sólo hizo públicos su currículum y estudios, aunque al inicio de la administración sólo dijo que percibía, entonces, un salario mensual con compensación de un millón 680 mil 94 pesos “mensual” (sic).

La secretaria de la Función Pública, Mónica Vargas Ruiz, reportó este año tener una casa, ocultando su valor de adquisición, y ningún vehículo, sin embargo, “ocultó” la información de su pareja, dependientes económicos y o terceros.

Con poco más de un año y medio en la administración, el secretario de Seguridad Pública Estatal, Emilio García Ruiz, no ha declarado nada, a pesar de que lo obliga la ley. 

La ley

Cada año, en mayo, todos los funcionarios públicos del Gobierno de Chihuahua están obligados a presentar sus declaraciones patrimoniales en cumplimiento a la Ley General de Responsabilidades de los Servidores Públicos, la cual incluye no sólo los funcionarios que ostentan cargos de mando, sino a todos los trabajadores de Gobierno, incluyendo personal docente, enfermeros, médicos, personal de mantenimiento e intendencia.

Lo anterior de conformidad con lo estipulado en el artículo 32 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

El Artículo 35 indica que en la declaración inicial y de conclusión del encargo se manifestarán los bienes inmuebles, con la fecha y valor de adquisición, mientras que en las declaraciones de modificación patrimonial se manifestarán sólo las modificaciones al patrimonio, con fecha y valor de adquisición. “En todo caso se indicará el medio por el que se hizo la adquisición”, señala.

Mientras que el Artículo 36 dice que las secretarías y los órganos internos de control estarán facultados para llevar a cabo investigaciones o auditorías para verificar la evolución del patrimonio de los declarantes.

En el Artículo 37 se indica que, en los casos en que la declaración de situación patrimonial del funcionario refleje un incremento en su patrimonio que no sea explicable o justificable en virtud de su remuneración como servidor público, las secretarías y los órganos internos de control inmediatamente solicitarán sea aclarado el origen de dicho enriquecimiento. 

“De no justificarse la procedencia de dicho enriquecimiento, las secretarías y los órganos internos de control procederán a integrar el expediente correspondiente para darle trámite conforme a lo establecido en esta ley, y formularán, en su caso, la denuncia correspondiente ante el Ministerio Público”, se señala. 

jolmos@redaccion.diario.com.mx

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