Fue innecesario pagar 100 mdp por manejo de deuda

Además de una probable falta de evidencia sobre el cumplimiento de la totalidad de lo contratado a un despacho privado para la reestructura de la deuda pública, la Auditoría Superior del Estado (ASE) reporta indicios de que la Secretaría de Hacienda de la anterior administración no requería este convenio.

En la auditoría “forense” a esta dependencia –revisión enfocada en los pasivos públicos y entregada el 14 de diciembre al Congreso–, la ASE cita un testimonio que apunta a que una reestructura previa requirió pagos por menos de un millón de pesos, mientras que lo contratado el 6 de julio de 2019 presumiblemente requirió 98.6 mdp entre ese año y 2020.

“(Personal de Hacienda) manifestó, que ‘a su consideración, no era necesaria la contratación del referido despacho, toda vez que el personal adscrito al Departamento de Información Financiera de la Secretaría de Hacienda, tiene la capacidad técnica para elaborar un modelo de reestructura, en base a las necesidades del Estado”, dice la auditoría difundida como parte de los informes de la cuenta pública 2021.

“Únicamente era necesario contratar los servicios legales para la elaboración de diversos instrumentos jurídicos, tal como se hizo en la primera reestructura, en la cual se contrataron servicios profesionales con un costo aproximado de $600,000.00”, agrega.

La revisión del ente fiscalizador señala que hubo presuntos incumplimientos a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Chihuahua y su Reglamento en el convenio celebrado entre la Secretaría de Hacienda –a través de un fideicomiso– y la razón social López Elías Finanzas Públicas. Entre estas probables omisiones, cita falta de suficiencia presupuestal, de investigación de mercado y un dictamen que acredite la necesidad de pagar por servicios de asesoría, además de que se trata de un “prestador de servicios sin registro de inscripción en el Padrón de Proveedores del Gobierno del Estado de Chihuahua”, entre otros.

“Respecto de la contratación de la moral López Elías Finanzas Públicas, S.C. la Secretaría de Hacienda (…) no constituyó el Comité Especial a efecto de que a falta de la autorización y dictaminación de la procedencia por parte del Comité de Adquisiciones, el Comité Especial autorizara y dictaminara la contratación, en consecuencia, no se determinó la procedencia, que acreditara la necesidad de la contratación de los servicios de asesoría, y que hiciera constar la inexistencia de trabajos en materia de asesoría para la reestructuración y/o refinanciamiento de la deuda pública”, dice.

Desde ayer, luego de que la ASE entregó al Congreso el paquete con los informes individuales de la cuenta pública del 2021, este medio reportó que la revisión a Hacienda incluía observaciones por el contrato del citado despacho privado.

“Se presume que la entidad fiscalizada erogó un total de $98,600,000.00 incluyendo el I.V.A, por la prestación del servicio contratado, sin embargo la entidad fiscalizada no proporcionó evidencia que acredite la participación y prestación del servicio de la totalidad de las actividades por parte del prestador de servicios respecto de la Primera y Segunda Etapa”, dice la ASE.

Ante consulta de este medio, en la oficina de López Elías Finanzas Públicas –ubicada en la Ciudad de México– se respondió vía telefónica que “el informe lo acaban de recibir y lo van a analizar, y que en cuanto tengan el análisis darán puntual respuesta a la auditoría”.

La revisión de la ASE cita un análisis sobre el cumplimiento del contrato “conforme la evidencia de la memoria documental” de 136 acciones, de las que encontró que 109 “no guardan relación con el desarrollo de la actividad o se presentaron documentos oficiales, sin que se anexe la evidencia de la participación del prestador de servicios”, y de 27 consideró que “no forman parte de la integración de la memoria documental”.

Entre las actividades sobre las que advierte falta de evidencia en una de las etapas cita “alinear los recursos provenientes de los nuevos financiamientos, para la determinación de su destino”, la “redacción de proyecto de crédito” y “reuniones con bancos para negociar el proyecto de contrato”, así como la “negociación de condiciones financieras” y la elaboración de calendario de amortizaciones, entre otras.

“(Personal de Hacienda) fungió como enlace entre el Gobierno del Estado y el despacho López Elías Finanzas Públicas, S.C, realizando actividades, como la elaboración de los documentos para el Registro Público Único y su inscripción; Registro Central de Deuda de la Secretaría de Hacienda del Estado y en el Registro ante el Congreso del Estado a través de la Auditoría Superior del Estado, respecto de los créditos contratados; así como la elaboración del oficio SH-989/2019 de fecha 3 de diciembre de 2019, por instrucción verbal del entonces subsecretario de Egresos, con la finalidad de justificar el primer pago al despacho contratado”, dice la ASE.

“Asimismo se desprende que el personal de la entidad fiscalizada participó activamente en las actividades objeto de la contratación de prestación de servicios, de las cuales algunas de ellas se llevaron a cabo sin apoyo del despacho”, agrega. 

Probables omisiones

• Falta de suficiencia presupuestal, de investigación de mercado y un dictamen que acredite la necesidad de pagar por servicios de asesoría

• Se trata de un ‘prestador de servicios sin registro de inscripción en el Padrón de Proveedores del Gobierno del Estado de Chihuahua’ 

• Conforme la evidencia de la memoria documental de 136 acciones, se encontró que 109 “no guardan relación con el desarrollo de la actividad o se presentaron documentos oficiales, sin que se anexe la evidencia de la participación del prestador de servicios