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Estado
lunes, 16 septiembre 2019 | 12:10
Chihuahua— El presupuesto para el Consejo de la Judicatura se ha cuadruplicado en sus 3 años de operación, al pasar de 8.9 millones en 2017 a 35 millones de pesos en 2019. El destino principal del recurso es el pago de salarios con una tendencia ascendente y que suman un total de 758 mil 524 pesos mensuales distribuidos entre las 5 personas que conforman dicho ente.
Las percepciones de los consejeros oscilan entre los 134 mil 783 pesos que obtienen Jesús Joaquín Sotelo Mesta y Luz Esthela Castro y los 175 mil 034 pesos de Pablo Héctor González Villalobos.
Los datos oficiales, obtenidos a través del área de Transparencia, arrojan que en el año 2017 se utilizó el 69 por ciento del presupuesto en servicios personales; para 2018 el porcentaje subió a 88 mientras que en el 2019 va en el 97 por ciento para sus 39 plazas.
El organismo ha brillado por su opacidad y pugnas internas durante 4 años, e inclusive hay quienes piden su desaparición o, por lo menos, una reestructura legal de fondo.
La Judicatura se creó el 26 de septiembre del 2016, a diez días de que el PRI perdiera el poder en el Congreso local con la acusación del PAN de imponer un ente a modo.
Ocho meses más tarde, el 31 de mayo del 2017, el nuevo gobierno, encabezado por el PAN, hizo lo mismo e impuso, vía decreto, una nueva conformación con sus aliados y le otorgó “super” atribuciones, que fueron revertidas casi en su totalidad en 2018 por acuerdo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) e incluso estuvo a punto de eliminar la conformación de la Judicatura.
Desde entonces, en el 2017, el ente está conformado por el magistrado Pablo Héctor González, presidente del consejo y del Tribunal Superior de Justicia, acompañado por los también magistrados Gabriel Ruiz Gámez y Roberto Siqueiros Granados, así como Luz Estela Castro, designada por el gobernador Javier Corral, y Joaquín Sotelo Mesta, electo por el Congreso del Estado.
Meses antes del cambio de gobierno en 2016, se habían quedado como miembros de la Judicatura los magistrados Miriam Hernández Acosta, Gabriel Ruiz Gámez y Luis Villegas Montes, todos retirados por decreto.
“En Chihuahua desafortunadamente se dio una reforma con trompicones que desvirtuó al Consejo. Es un órgano opaco pugnando por una supremacía en el tribunal que no debe tener”, analizó Luis Villegas en entrevista con El Diario.
En este sentido cree que debe tener una reestructura a fondo, modificaciones legales, o en su caso, desaparecer, “me alegraría si así fuera”.
La Judicatura surgió como un ente vigilante y de administración, “se convirtió en cuotas de poder. El gran problema fue el diseño constitucional y culminó con un consejo a modo, supra valorado y se ha perdido mucho tiempo en pugnas, incluso entre los propios consejeros”, agregó.
Además de calificarlo de ineficiente, Villegas señala que ese ente judicial fue conformado “casi con un afán vengativo, revanchista”, para imponer políticas desde el exterior. Esto debido a que es el poder en el que tienen designación directa el Ejecutivo y el Legislativo con 2 consejeros de los 5 que lo conforman.
El propio Consejo no tiene habilitado un canal de información ni con el público ni con todos los magistrados, y sus sesiones son privadas, a diferencia de las públicas del pleno del Tribunal.
Una de las pugnas internas a las que se refiere el magistrado Villegas es la denuncia que presentó el consejero Joaquín Sotelo en contra del proceso de selección de 56 jueces del año pasado. En ese tema existe una investigación formal desde la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción y se dirige a la comisión de Carrera Judicial, que organizó la convocatoria y el proceso, y es encabezada por la consejera Luz Estela Castro.
Justo la selección de Castro generó una de las grandes polémicas de la Judicatura. Ella, una conocida activista en materia de derechos humanos, promovió la candidatura de Corral al Gobierno del Estado y se convirtió una de sus principales asesoras al llegar al poder.
A su llegada al Poder Judicial, abogados y magistrados se inconformaron por considerar que no tenía la preparación para estar en el Consejo, pero se mantuvo y ahora su salida parece inminente por un problema de salud.
En entrevista acerca del funcionamiento del Consejo, Sotelo lamentó que no exista todavía un resolutivo de la denuncia que presentó, y adelantó que la posible salida de Castro y la obligación de Corral para sustituirla, podría generar un beneficio para el funcionamiento de la Judicatura.
En su opinión existen todavía varios asuntos que no han podido funcionar, “hay situaciones al interior que han atorado este ejercicio y se vuelve una lucha de fuerzas…hay cosas que no entiendo por qué no se acaban de decidir y de hacer”.
Aunque cree que hay un balance entre el costo beneficio, subrayó que el tema de la falta de transparencia ha dado una percepción en contra de ese organismo judicial.
Esa percepción se tiene al interior y al exterior del Poder Judicial. Por ejemplo, el abogado penalista Héctor Villasana, coincide en una postura de que la Judicatura desaparezca o deba tener una reforma a fondo.
“Lejos de solucionar problemas, los ha entorpecido con conflictos internos en la impartición de justicia y en la selección de jueces. Lo que se creó para la vigilancia, se usa como herramienta
Un aspecto que ve negativo es la privacidad de las sesiones. “Debería informar mensualmente para justificar su creación y funcionamiento. La Judicatura es opaco, oscuro y ha generado mucha suspicacia”. A principios de agosto pasado, el presidente del Consejo, magistrado Pablo Héctor González, aseguró que se trabaja en un esquema para “aumentar la publicidad” en las resoluciones que toma ese organismo del Poder Judicial del Estado, pero al momento el general de ese ente como en “Acuerdos del Pleno del CJ”, aparece una leyenda que cita “Recurso en mantenimiento, favor de regresar a la página más tarde”. (De la Redacción / El Diario)