Fiscal: Debe revisarse el caso Marisela

Chihuahua— El fiscal general del Estado, César Augusto Peniche Espejel, dijo ayer que a una década del asesinato de Marisela Escobedo a las puertas de Palacio de Gobierno, “no se puede declarar cerrado el caso y se tiene que revisar de nuevo”.

En entrevista con El Diario, el funcionario recordó que el homicidio de la activista el 16 de diciembre de 2010, cuya muerte quedó videograbada, provocó consternación social y fue noticia de impacto internacional.

“El crimen organizado que no respeta estructuras públicas, el joven sistema acusatorio que se tenía en Chihuahua hace diez años y el extremo garantismo en la resolución de los jueces, que perjudicó a las víctimas, fueron factores que provocaron la impunidad en el caso del crimen de la activista juarense Marisela Escobedo Ortiz y de su hija Rubí Marisol Frayre”, señaló.

 Peniche Espejel reveló que familiares de Marisela y Rubí sostienen que hay otra persona involucrada, un hermano de Sergio Barraza Bocanegra –el homicida de Rubí–, quien no ha comparecido todavía ante la justicia.

“Hay que darnos la oportunidad de revisar nuevamente el caso, a pesar de que hasta el momento en que la FGE recibió el expediente, parecería cerrado pues están muertos el autor intelectual así como el material, también detenido purgando una condena en prisión un cómplice auxiliador”, dijo el fiscal.

Durante la entrevista en las instalaciones de la FGE, en Paseo Bolívar, Peniche habló sobre el décimo aniversario del asesinato.

“A partir del fallecimiento de Rubí Frayre se desencadenaron hechos que tienen que ver con la judicialización del caso y desde luego con los cuestionamientos que se generaron a partir del tema, que tuvo que conocer un tribunal de oralidad”, dijo.

La actividad de Marisela –recordó– la llevó a generar un plantón a las afueras de Palacio de Gobierno, “pero no se circunscribieron ahí todas sus actividades, ella siguió en la búsqueda de la persona que estaba señalada como responsable, de nombre Sergio Barraza, y esas indagaciones que realizó la llevaron hasta el estado de Zacatecas. Lamentablemente es un caso donde está involucrada la delincuencia organizada, pues Sergio Barraza pertenecía a un grupo criminal”.

Dijo que la participación de una organización criminal de Zacatecas, que pide supuestamente el favor a otra local para silenciar a Marisela, ha sido la hipótesis de cómo y por qué ocurrieron los hechos.

“De ahí viene otro pasaje más complejo, todavía con la investigación que se realiza con el objeto de dar con el responsable del fallecimiento de Marisela. Para entonces se tenía la participación de la persona que materialmente llevó a cabo la ejecución y que a la larga se le atribuyó a José Enrique Jiménez Zavala, alias ‘El Wicked’”, indicó.

Señaló que luego fue detenido quien auxilió a Jiménez, un hombre apodado “El Gordo”, y finalmente el autor intelectual, “quien estuvo atrás de todo esto y fue quien activó todo el mecanismo para generar el agravio, que fue Sergio Barraza”.

“Eso es lo que se sabe hasta ahora, una vez que fueron condenados tanto ‘El Wicked’ como ‘El Gordo’. Sergio Barraza resulta asesinado en algún incidente ligado en el crimen organizado, y luego ‘El Wicked’ fue asesinado estando dentro del Cereso por otro sujeto apodado ‘El Tocker’”, explicó Peniche.

—Dentro de ese análisis de investigación que ustedes tienen, y que es del dominio público, parecería que está cerrado el caso de Marisela, es decir, por un lado la muerte del autor intelectual, también la muerte del autor material y detenido bajo condena el auxiliador que lo transportó. ¿Es correcta esa apreciación?

—“En efecto, pareciera que el caso está cerrado en primera instancia, así es como recibimos nosotros el expediente. No obstante, hay una petición formulada incluso por medios por parte de la familia de Marisela Escobedo, concretamente el hermano de Rubí, quien estaría aportando o introduciendo en el escenario a otro posible involucrado.

“Entonces, hay que darnos la oportunidad de revisar nuevamente el caso, es importante revisarlo una vez más porque fue un hecho que impactó fuertemente a la opinión pública y no solamente en el estado, sino a nivel nacional.

Hay que revisarlo, atender las diferentes observaciones que pudieran realizar tanto organizaciones de la sociedad civil como la propia familia de Marisela Escobedo y a partir de ahí, ver si hay alguna vertiente que merezca ser retomada en una investigación.

“En consecuencia, no vamos a dar por cerrado el caso; indudablemente sí llevamos un tramo muy importante que está documentado y ahora con este señalamiento que hace la familia, y después de todo lo que se ha sabido del caso, siempre será importante transparentar la actuación de la autoridad y en su caso retomar la investigación para saber si efectivamente hay un dato adicional que permita ser llevado a la carpeta”.

—¿Qué considera usted entonces que pudo haber fallado en el caso de Marisela Escobedo?

—“Yo creo que más que una falla como tal, un elemento que siempre hace más complejos todos los hechos es el crimen organizado, ya que no respeta condiciones, no respeta clases sociales, no respeta ningún tipo de estructura legal, son violentos, actúan con traición, son totalmente impredecibles.

“Yo creo que ese factor dentro del caso del homicidio de Rubí y luego su madre, fue lo que de alguna manera marcó esos hechos. Creo que ejemplos en Chihuahua y a nivel nacional son muchos.

“El crimen organizado contamina cualquier esquema y estructura, yo no hablaría de que hubo fallas, sino de fenómenos, y el crimen organizado es lo que marcó éste y muchos otros asuntos”.

—Sin embargo, en su momento se hicieron muchos señalamientos públicos a los jueces que participaron y liberaron al autor intelectual de ambos crímenes, ¿usted qué opina al respecto?

—“No hay que perder de vista que cuando los hechos ocurren todavía estaba joven, por decirlo de alguna manera, el Sistema Penal Acusatorio en el estado de Chihuahua, y esa amplitud con la que pueden resolver los jueces en determinados casos y valorar la prueba, a veces lleva a que se aplique un extremo garantismo que favorece al imputado y lesiona a la víctima.

“Sin referirme a este caso en concreto, creo que eso es algo que debemos nosotros analizar en aras de procurar una justicia más equitativa, donde efectivamente la víctima tenga no sólo las mismas garantías que el imputado, sino además se juzgue con la perspectiva de tutelar la vida, la integridad y el patrimonio.

“Porque lamentablemente a veces las corrientes garantistas invisibilizan a las víctimas y colocan como el punto medular del sistema al imputado cuando ya debemos rebasar esa concepción”.

—¿Pero cómo considera usted que fue la actuación de los jueces (Rafael Boudid, Catalina Ochoa y Netzahualcóyotl Zúñiga) que liberaron a Sergio Barraza?

—“En relación al trabajo de los jueces, han sido duramente cuestionados al paso del tiempo, pero también hay quienes desde el punto de vista técnico han defendido su actuación. Incluso también fue cuestionado el defensor público que asistió a Sergio Barraza, cuando lo que él hizo fue ejercitar los recursos que la ley le permitía a favor de cualquier imputado.

“Insisto, este hecho tan marcado que lesionó tanto a la opinión pública, creo que genera ese tipo de comentarios”.

—Si se hubiera aplicado una sanción a los servidores públicos involucrados en la liberación del autor intelectual del crimen de Marisela, tanto en el Poder Judicial o dentro de la Fiscalía, ¿no considera que hubiera marcado un buen precedente en el caso?

—“Yo creo que el actuar de los jueces estuvo dentro de los límites de lo que establecía el Código de Procedimientos Penales y ese amplio margen que tienen los jueces para emitir esa resolución, de valorar e interpretar tan ampliamente en algunos casos es muy cuestionado. Nosotros lo vemos a diario, donde los jueces al resolver el control de la detención de delincuentes de alto impacto aplican criterios tan diferentes unos de otros, y a veces se nota el exacerbado interés por hacer prevalecer una garantía a favor del imputado en perjuicio de los hechos”.

El titular de la FGE dijo que el Código, más que sancionar a los servidores públicos, debe definir los límites.

“Es decir, acotar esa facultad discrecional para incorporar elementos de protección al sistema como la capacidad de poder impugnar las resoluciones de los jueces de Control en el momento del control de la detención”, explicó. “Si podemos impugnar una decisión de un juez de manera inmediata, creo que los jueces necesariamente tendrían que soportar y fundar más sus actuaciones en el control de las detenciones, porque en la actualidad pueden acabar de tajo con cualquier actuación en flagrancia”.

Sobre el décimo aniversario del crimen, el fiscal del estado concluyó: “Ambos casos, el de Marisela y el de su hija, son ejemplos de lo que no debe ocurrir y donde tenemos que hacer una autocrítica, reflexión del trato que estamos dando a las víctimas, de los criterios que estamos asumiendo en las instancias de procuración de justicia y de la debilidad de un sistema acusatorio que sin tener intenciones, en ocasiones provoca una puerta giratoria”. (Heriberto Barrientos / El Diario)

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