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Estado

Festeja defensa de Duarte fallo de CIDH contra exceso de prisión preventiva

Argumentan que el ex mandatario lleva dos años y medio detenido, excediendo el plazo y con múltiples problemas de salud

Heriberto Barrientos Márquez / El Diario de Chihuahua

martes, 31 enero 2023 | 20:13

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Chihuahua.— Juan Carlos Mendoza Luján, abogado del ex gobernador César H. D. J., quien el próximo jueves a las 09:30 horas, comparecerá ante el juez de Control en la audiencia intermedia por el delito de peculado y asociación delictuosa, festejó la resolución emitida el pasado viernes por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en contra de la aplicación excesiva de la prisión preventiva en un caso de México.

“Esta defensa recibe con gran aliento la resolución emitida este pasado viernes por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la cual, como órgano Internacional de lo más valioso que tienen los ciudadanos como protector de sus derechos humanos ha resuelto en favor de estos hombres del sur de la República y le ha dado a nuestro país un fuerte manotazo en el uso excesivo y muchas veces político que le da a la prisión preventiva”, dijo.

Entrevistado por El Diario, Mendoza Lujan comentó que no hay que olvidar que el marco legal que utiliza para sus resoluciones este organismo no solo es el marco internacional de derechos humanos, sino que lo hace a la luz de las normas locales de cada país, y cuando un país no cumple sus propias normas ni las normas internacionales a las que se ha comprometido cumplir, éste órgano impone sanciones importantes y sobre todo exhibe a nuestro país como un Estado a quien los derechos humanos son solo un lujo para unos cuantos o bien cuando políticamente les sea favorable su protección, tal como parece ser el caso específicamente en el Estado de Chihuahua.

“La prisión preventiva tiene principios y finalidades específicas que en nuestro estado y específicamente en el caso de nuestro cliente no sea han respetado en lo más mínimo, empezando por el tiempo para que la prisión preventiva como medida cautelar pueda utilizarse. 

No hay que olvidar en la Constitución Federal y el Código de Procedimientos penales señala como término máximo para su aplicación sólo dos años como máximo, incluso prevé que quien la prolongue estará cometiendo un delito por ese mero hecho”, abundó.

Y agregó el defensor del ex mandatario, “nuestro cliente quien además de ser sujeto de innumerables violaciones al debido proceso que haremos valer oportunamente en los tribunales así como la violación a la presunción de su inocencia, ha sido violentado en sus derechos Constitucionales empezando por el de la libertad al haber estado detenido ya por más de dos años y medio; primero en Miami de manera provisional y luego aquí en nuestra ciudad como medida cautelar; sin embargo, aunque el nombre de la privación de su libertad es distinta, ambas obedecen a un procedimiento penal iniciado y llevado en su contra en el que entre otras muchas cosas de manera ilegal, se le ha privado de su libertad sin haber sido juzgado y se le tiene incluso por muchos personajes políticos ya como culpable por diversos hechos que no solo no han podido demostrarle sino que tampoco en el futuro lo podrán hacer”. 

Con respecto a su estado de salud –dijo Mendoza-, el Estado mexicano y particularmente las autoridades locales también deberán de poner mucha atención; ya que no podemos olvidar que en los últimos meses ha sido intervenido quirúrgicamente por situaciones muy delicadas; específicamente la de las vértebras y cuya recuperación ha sido imposible, no solo no se ha resuelto su problema de salud sino que ha empeorado poniendo en serio peligro la movilidad parcial e incluso completa por la falta del  proceso terapéutico indicado por los médicos. 

Este problema además de las violaciones antes citadas es muy serio para las autoridades, ya que no hay que olvidar que mientras una persona se encuentra privada de su libertad por el Estado, el Estado es en quien recae la tutela y responsabilidad de su salud no solo como un bien propio, sino como derecho humano que está obligado a proteger, y sinceramente no entiendo como las autoridades del Estado que ya están tan comprometidas en los procesos en que le han privado de sus bienes de manera absolutamente ilegal, y por cuya devolución intacta tendrán que responder ahora ante el descuido de su deber de proteger su salud.

Sin duda tendrán que responder por sus omisiones y violaciones ante las autoridades locales, sino también ante este Órgano Internacional como lo es la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la cual sin duda también muy pronto hará valer su protección en favor de mi cliente e impondrá sanciones a las autoridades del Estado de Chihuahua, finalizó Mendoza Luján.

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