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Estado

Exige PRI a la Función Pública investigar al mandatario

Bazán Flores solicita textualmente que 'tenga a bien investigar los hechos denunciados en el periódico El Diario y otros medios de comunicación'

Staff
El Diario de Chihuahua

miércoles, 25 septiembre 2019 | 06:00

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Chihuahua— El presidente del Comité Directivo Estatal del PRI, Omar Bazán Flores solicitó ayer investigar la probable comisión de delitos y/o conflicto de intereses cometidos por el gobernador de Chihuahua, Javier Corral Jurado, a través de un oficio dirigido a la Secretaria de la Función Pública (SFP), Mónica Vargas Ruiz. 

En el documento, cuya copia tiene este medio de comunicación, Bazán Flores solicita textualmente a la funcionaria estatal que, “tenga a bien investigar los hechos denunciados en el periódico El Diario y otros medios de comunicación, en los que se hace mención a que el C. Javier Corral Jurado, Gobernador Constitucional del Estado de Chihuahua, donde se adjudicó un terreno de 227.64 metros cuadrados aledaño a una de sus propiedades en Juárez”. 

Dicho predio se encuentra ubicado en la calle Costa Rica #179, entre la 16 de Septiembre e Ignacio De la Peña.

El inmueble mencionado tiene tres embargos que en conjunto superan los 30 millones de pesos que equivalen a más de 58 veces el costo del predio que se adjudicó indebidamente.

Los embargos están anotados en la escritura del Registro Público de la Propiedad y del Notario que existe sobre el lote de la calle Costa Rica número 179, hacia donde el mandatario extendió su residencia por la colindancia, luego de que por décadas fuera  una finca abandonada, refiere el documento promovido por el líder estatal del PRI.

Dos de los embargos son –en conjunto– por 119 mil 363 dólares, y otro más es por 26 millones 966 mil 667 pesos, según certificados del Registro Público de la Propiedad.

El primero de ellos lo requiere el Banco Inverlat, con fecha de 29 de junio de 1992 y está vigente por 26 millones 966 mil 667 pesos y ampara el 33 por ciento de esa propiedad, según consta en los archivos oficiales.

El segundo embargo tiene fecha del 15 de julio de ese mismo año a nombre de María del Carmen Castillo, por la cantidad de 58 mil 250 dólares, consta en el Registro Público.

Este último fue contra “Proveedores S.J.I”, S.A. DE C.V, donde aparentemente José Sergio Pérez Muñiz, hijo de la propietaria, firmó como aval y le embargaron otro 33 por ciento de la propiedad, ordenado por el juez Primero de lo Civil, como en el caso del Banco Inverlat.

Un tercer embargo corresponde a Antonio Nevárez Rodríguez, con fecha del 16 de julio de 1992, por 61 mil 113 dólares, también vigente.

Por lo anteriormente expuesto y buscando se aclaren los hechos con relación al funcionario, es del interés tanto de un servidor como de la ciudadanía en general se lleve a cabo la investigación correspondiente para determinar la veracidad de  los hechos y deslindar de responsabilidades al Gobernador, o en su caso, proceder de la manera que lo marque la ley, concluyó el escrito, mismo que fue sellado de recibido este martes en la SFP.

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