Diario
Estado
viernes, 24 enero 2020 | 06:00
Ciudad Juárez— Dado el contexto de violencia y discriminación que enfrentan las mujeres, niñas y adolescentes en la regiones como Ciudad Juárez y Chihuahua, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) publicó el miércoles el informe “Violencia y discriminación contra mujeres, niñas y adolescentes: buenas prácticas y desafíos en América Latina y en el Caribe”, en el que se destaca la prevención y justicia.
Dicho informe forma parte del proyecto Erradicación de la Violencia y de la Discriminación contra mujeres y niñas en América Latina y en el Caribe, y en él la CIDH hace referencia a los casos de Paloma Angélica Escobar, asesinada en 2002 en la ciudad de Chihuahua; a la sentencia del 16 de noviembre de 2009 contra México por el caso del Campo Algodonero y a informes realizados en 2002 y 2003 sobre la violencia contra las mujeres en esta frontera.
La CIDH exhorta a los estados a fortalecer la capacidad institucional para combatir el patrón de impunidad que prevalece en casos de violencia contra las mujeres, y destaca las obligaciones del Estado en materia de prevención y protección integral.
El informe destaca “con especial énfasis que el incumplimiento del deber de debida diligencia, especialmente en lo relativo a la investigación, juzgamiento y sanción de los actos de violencia basada en género propicia un ambiente de impunidad que facilita y promueve la repetición de los hechos de violencia en general y envía un mensaje según el cual la violencia contra las mujeres puede ser tolerada y aceptada, lo que favorece su perpetuación y la aceptación social del fenómeno, el sentimiento y la sensación de inseguridad de las mujeres, así como una persistente desconfianza de éstas en el sistema de administración de justicia”.
En este contexto, la CIDH señala que este deber estatal comprende la obligación de adoptar medidas para prevenir y responder a la discriminación que perpetúa este fenómeno.
También señala las repercusiones negativas que produce la falta de una debida diligencia para investigar y castigar actos de violencia basados en género y prevenir su repetición.
“El incumplimiento de esta obligación repercute de manera radical en la vida de las víctimas y sus familiares, y genera un claro mensaje para la comunidad y para los responsables. En un contexto de violencia estructural y discriminación endémica refleja el hecho de que los mismos no se consideran como problema grave. La impunidad de esos delitos envía el mensaje de que esa violencia es tolerada, lo que favorece su perpetuación”, apunta.
De acuerdo a la CIDH, la obligación de los Estados de garantizar la igualdad y la no discriminación, está íntimamente vinculada con la prevención de la violencia contra las mujeres.
La Comisión indica en el informe que la omisión del Estado de adoptar medidas razonables de prevención de actos de violencia basada en género contra las mujeres, niñas y adolescentes no sólo puede significar la lesión del derecho a la vida o a la integridad personal de la víctima, sino que también menoscaba la obligación estatal de respetar y garantizar su derecho a vivir libre de toda forma de discriminación.
“Los Estados deben adoptar medidas preventivas en casos específicos en los que existe un riesgo que determinadas mujeres y niñas pueden ser víctimas de violencia y deben garantizar que las mujeres que son víctimas de violencia o están en situación de riesgo de sufrir violencia, tengan acceso a protección y garantías judiciales eficaces”, señala.