Exduartistas denunciarán 'irregularidades' cometidas en el proceso

Chihuahua.- Los jueces de control que dictaron la medida cautelar de prisión preventiva en los casos de exfuncionarios duartistas que han sido llevados a proceso y mantenidos tras las rejas, serán denunciados y podrían ser castigados con la inhabilitación de sus cargos como servidores públicos e incluso enfrentar una pena privativa de la libertad.

Esto tras la publicación en el Semanario Judicial de la Federación de la tesis jurisprudencial XVII.1O.P.A. J/34 P (10a.) que, en resumen, documenta el quebrantamiento por parte de los poderes ejecutivo y judicial del estado de Chihuahua en contra de los referidos exfuncionarios que pasaron los últimos cuatro años en prisión preventiva. Así lo confirmó el abogado Irving Anchondo quien explicó que dicha jurisprudencia se da por reiteración tras 4 amparos del exauditor Jesús Esparza y uno más promovido por la esposa del extinto Carlos Hermosillo, ese fue el 5º criterio que conocieron los magistrados del primer tribunal colegiado y que redundó en la jurisprudencia antes citada.

Abundó en que allí se evidencia el mal actuar, la persecución política, el sesgo malicioso respecto al exauditor Esparza que lo mantuvo cuatro años en prisión preventiva.

“Eso puede tener consecuencias legales para quienes actúen de esa manera. En este caso en particular las consecuencias podrían ser para la Fiscalía porque es la que solicita y plantea ese escenario de supuesto riesgo cuando no lo hay y para los jueces porque son los que dictaron la prisión preventiva. Jesús Esparza finalmente obtiene la razón. Se evidencia el mal actuar de los jueces, darle ese sesgo malicioso, el prejuicio que lo mantuvo en prisión preventiva ilegal”.

Anchondo explicó que para llegar hasta este punto algunos exfuncionarios pugnaron para llevar su proceso en libertad debido a que ciertos jueces de control que conocían de los asuntos, invariablemente imponían la medida cautelar de prisión preventiva

“En el caso del contador Esparza era continuo justificándola bajo el argumento que andaba en Chiapas muy cerca de Guatemala como si anduviera huyendo, le daban esa connotación, a pesar de que él andaba de vacaciones. Él tiene algunas propiedades aquí y decían que eso aumentaba el riesgo de sustracción cuando eso le daba mayor arraigo. La fiscalía argumentaba de manera subjetiva y los jueces lo aprobaban y en base a eso se imponían las medidas cautelares de prisión preventiva, estando detenido le solicitaban órdenes de aprehensión cuando bastaba con que el juez girara un oficio al Cereso y de allí lo podían llevar”. Según el litigante, esto se hacía con la intención de generar un argumento, la imposición de una nueva medida cautelar y dejarlo detenido, porque de otra manera si lo citaban pues acudía. Al ser tan reiterada la situación al igual que la promoción de juicios de amparo, se generó la jurisprudencia por reiteración.

“No es nada novedoso sin embargo, nuevamente tienen que venir los magistrados a decirles a los jueces de control que hagan bien su trabajo y que no se salgan de ciertos parámetros. Esto es benéfico no solo para los exfuncionarios sino que es de observancia obligatoria para los tribunales del país cuando son delitos que no ameritan prisión preventiva. Fue un sinsentido total y finalmente vienen a corregirles la plana. Es muy provechoso porque está más limitado el actuar de los jueces y van a tener que ceñirse a lo que verdaderamente son los parámetros para imponer la prisión preventiva que siempre se tiene que ver como la última razón de ser, cuando no haya otra medida posible, pero si las hay, no tiene razón de ser sobre todo tomando en cuenta estos parámetros”, explicó.

El abogado Anchondo, quien lleva también los casos de Gerardo Villegas y Antonio Tarín, dijo que estas son situaciones violatorias de los derechos humanos, siendo la libertad el más importante después de la vida.

“El contador Esparza estuvo privado de la libertad 4 años y habrán de responder por eso. Sí habrá acciones por parte de quienes estuvieron en prisión. Al momento Esparza tiene 12 procesos pendientes: ya se ganó un juicio oral y se decretó el sobreseimiento en una causa por ejercicio ilegal por lo que restan 11 por peculado. Estos últimos todos están en etapa intermedia y se busca que se sumen en uno solo, porque si hubo desvío de recursos los hubo en su gestión administrativa como auditor y hay criterios de la corte que establecen que debe ser una sola causa. Hemos visto muchas irregularidades y están detenidos los procesos por ahora. En el caso de Gerardo Villegas y Antonio Tarín, ellos siguen en prisión preventiva pero me parece que este criterio nos da la pauta para revisar la medida cautelar”, aseguró.

Mencionó que en el caso de Gerardo Villegas lleva 4 años detenido en prisión preventiva por una causa penal y derivado de esta jurisprudencia sí existe la posibilidad de que tanto él como Tarín lleven el proceso en libertad.

“La vigencia máxima de la prisión preventiva es de 2 años según la Constitución, él lleva cuatro. Hay irregularidades muy graves con el solo afán de tenerlos allí el mayor tiempo posible con la intención de que se dobleguen. Derivado de este criterio sí hay la posibilidad de que lleven su proceso en libertad”, apuntó.

De acuerdo al criterio publicado por las máximas autoridades en materia de justicia del país, los argumentos empleados por los agentes del Ministerio Público para solicitar la prisión preventiva fueron ilegales, y los jueces actuaron de manera ilegal.