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Estado
miércoles, 05 junio 2019 | 14:04
Chihuahua.- Un total de mil 537 millones de pesos de retenciones efectuadas a servidores públicos afiliados a Pensiones Civiles del Estado (PCE), así como aportaciones patronales del Gobierno del Estado, no fueron entregadas a la institución durante el ejercicio fiscal 2017.
La Auditoria Superior del Estado (ASE), en la revisión que hizo de la cuenta pública 2017, resolvió que era necesario presentar las denuncias penales correspondientes ante la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción, “en contra de los titulares de los entes fiscalizables señalados y quien resulte responsable por las retenciones de los empleados que no fueron entregadas a PCE, así como en contra de los funcionarios que hayan distraído los recursos del concepto indicado”.
La lista de dependencias y organismos descentralizados involucrados la encabeza la Universidad Autónoma de Chihuahua con 483 millones 261 mil 921 pesos; Secretaria de Hacienda estatal (354 millones 820 mil 600 pesos); Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Chihuahua (308 millones 251 mil 514 pesos); Instituto Chihuahuense de la Salud (118 millones 110 mil 326 pesos); JMAS de Parral (58 millones 027 mil 971 pesos); JMAS de Delicias (51 millones 551 mil 468 pesos); JCAS (42 millones 576 mil 600 pesos); Tribunal Superior de Justicia (29 millones 937 mil 593 pesos); Subsistema de Preparatoria Abierta (22 millones 160 mil 837 pesos) y la JMAS de la ciudad de Ojinaga con 14 millones 182 mil 847 pesos.
A pesar de las observaciones irregulares en el manejo de los recursos públicos realizadas por los auditores del estado, los diputados del Congreso del Estado, con 13 votos en contra y seis a favor, rechazaron la semana pasada el dictamen que presentó la Comisión de Fiscalización y donde se ordenaba dar vista a la Fiscalía General del Estado (FGE), para investigar y aplicar las sanciones penales correspondientes.
Los legisladores quienes votaron en contra del trabajo realizado por la auditoria fueron; Fernando Álvarez Monje, Luis Alberto Aguilar Lozoya, Blanca Gámez Gutiérrez, Patricia Gloria Jurado Alonso, Miguel La Torre Sáenz, Marisela Terrazas Muñoz y Jesús Alberto Valenciano García, todos ellos del Partido Acción Nacional. Asimismo los diputados del Partido del Trabajo, Rubén Aguilar Jiménez y Amelia Deyanira Ozaeta Díaz, así como Al e j andro Gloria González del Partido Verde. También votaron en contra del dictamen, los diputados Obed Lara Chávez del PES así como de Morena, Ana Carmen Estrada y Lourdes Beatriz Valle Armendáriz.
El presidente de la Junta de Coordinación Política en el Congreso, diputado Miguel Ángel Colunga declaró a El Diario hace unos días que era lamentable que dicho dictamen, no hubiera tenido la aprobación de la mayoría en el Poder Legislativo para que se iniciarán las sanciones correspondientes.
“Se retuvieron de manera ilegal millonarios recursos que debieron ser entregados a Pensiones Civiles. El trabajo de la comisión se hizo”, puntualizó.
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