Estado

Estalla nueva ‘guerra’ en el Poder Judicial

Intentaron ratificar en sesión privada a los jueces elegidos en 2018 por Lucha Castro

El Diario de Chihuahua

martes, 26 octubre 2021 | 10:17

El Diario de Chihuahua

Chihuahua— Una disputa por el control del Poder Judicial del Estado se vive desde el pasado 21 de octubre, cuando los consejeros Pablo Héctor González Villalobos y Roberto Siqueiros Granados intentaron que fueran ratificados al cargo de jueces Silvia Catalina Uranga Mendoza y Luis Carlos Flores Morales, ambos designados en el polémico proceso encabezado por la exconsejera Luz Estela “Lucha” Castro Rodríguez en 2018, conocido como el “cochinero judicial”.

Sin embargo, tres consejeros se opusieron por mayoría a la ratificación y ordenaron la reposición total del procedimiento.

Esto provocó una serie de presiones el pasado fin de semana al interior del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), que derivó en que ayer fuera programada repentinamente a la una de la tarde, una sesión del Pleno de magistrados para presuntamente intentar destituir como consejero de la Judicatura a Gabriel Armando Ruiz Gámez, quien a pesar de representar al Poder Judicial, votó en contra del proyecto de ratificación de los citados jueces.

Finalmente la sesión del Pleno de magistrados que estaba programada para ayer fue diferida para hoy a las 09:30 horas, se informó oficialmente.

La juez adscrita al Sistema Penal Acusatorio del Distrito Judicial Morelos, Silvia Catalina Uranga Mendoza, fue señalada en el quinquenio de Javier Corral como quien en mayo de 2019 decretó auto de vinculación a proceso en contra del exalcalde de Cuauhtémoc Carlos Tena, y la entonces titular del Consejo de Urbanización Municipal (CUM), Patricia R. R., por autorizar la emisión de engomados para identificar automóviles ilegales, sin tener facultades para ello.

Incluso su resolución fue difundida y publicitada en los sistemas oficiales de comunicación social del anterior Gobierno estatal.

El juez Luis Carlos Flores Morales aparece en múltiples diligencias contra  exfuncionarios duartistas en los llamados “Expedientes X”, entre ellos la exdirigente estatal del Partido Verde María Ávila Serna, a quien le aceptó en mayo de este año un inmueble con valor de 3.3 millones de pesos como garantía para enfrentar su proceso penal en libertad.

De igual manera fue señalado por el despacho de abogados “Villasana y Asociados”, en enero de 2019, como quien en el primer proceso que se siguió al exsecretario de Educación Marcelo González Tachiquín, permitió su captura por elementos de la Fiscalía General del Estado a pesar de que existía un amparo vigente a su favor, el cual se tramitó el 30 de noviembre de 2018 identificado con el número 2000/2018, para evitar cualquier orden de aprehensión.

El Diario obtuvo copia firmada por la secretaria de la presidencia del TSJ, Farah Ferez Álvarez, de la transcripción de la sesión pública extraordinaria del Consejo de la Judicatura, celebrada el pasado jueves 21 de octubre de manera privada.

Como punto número uno apareció únicamente el proyecto de resolución con los que iban a concluir los procesos de ratificación de los jueces Uranga Mendoza y Flores Morales, ambos adscritos al Distrito Judicial Morelos.

Llamó la atención que en el debate entre los dos bloques de consejeros, los tres que rechazaron la ratificación en esa sesión precisaron que no significaba que estaban en contra del desempeño de ambos jueces, sino que era necesario analizar más información cuantitativa y cualitativa.

De la misma forma el consejero Abelardo Valenzuela mencionó no haber recibido los antecedentes de ambos juzgadores.

Incluso en el caso de Uranga se reveló que fue formalmente nombrada juez el 16 de enero de 2019, por lo que los tres años que marca la ley para ser ratificada aún no concluyen. 

Al abrir el debate el consejero presidente Pablo Héctor González, expresó: “Como lo comenté con ustedes, lo que motiva esta sesión extraordinaria es el tema de la ratificación de los jueces Silvia Catalina Uranga Mendoza y Luis Carlos Flores Morales... si hubiera algún comentario este sería el momento”.

A lo que Valenzuela respondió: “Con su permiso presidente, tengo unos días en el Consejo de la Judicatura… en el caso particular mío no tengo conocimiento del expediente, pues no obra en mi oficina el expediente de los jueces en lo particular”.

El consejero Gabriel Armando Ruiz Gámez dijo: “No tenemos la base fáctica, la base objetiva para hacer esta comparación porque en los expedientes que nos dieron vista solamente se limita a dar una narrativa de alguna inspección que se llegó a hacer, pero no existe dato alguno que nos permita contrarrestar la actividad de los jueces o juezas sujetos a ratificación con otros jueces o juezas para así establecer la comparativa y decir o poder determinar si son viables o no a la ratificación. En principio, creo yo, que faltan datos suficientes para llegar a la ratificación”.

La consejera Minerva Correa dijo que le causaba sorpresa que desde hace dos meses se hubieran hecho observaciones e incluso se había pedido que se realizaran algunas visitas, se votó tres a cuatro y finalmente se vuelve a presentar la misma situación.

“Me parece que en este momento sería bueno volver a votar en contra del proyecto en sí, para dar oportunidad para que se rectifique todo el procedimiento para poder estar en condiciones llegado su momento, porque incluso nosotros también advertíamos esa falta de claridad, en cuanto a cuándo eran definitivos y cuándo no”, expresó.

La respuesta de los consejeros que se opusieron fue votar inicialmente en contra del proyecto en sí, pero no necesariamente de la ratificación, enfatizando que no tenían nada en contra de los jueces, pero hacían falta más elementos.

“Yo considero necesario imponerme primero a todo este tema de los expedientes personales de dichos juzgadores para analizar fundamentalmente los elementos cuantitativos y cualitativos, a reserva de revisar, como usted lo dice, el correo electrónico que me mandaron. Yo no lo he revisado, debo ser franco, porque no he tenido acceso a la apertura ahí en la computadora”, dijo Valenzuela.

Destacó la importancia de cumplir lo que dicen la Constitución y la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, en sus artículos 229 y 232. “Creo ahorita que hay, con el tema de si cumplen o no el plazo, con la interpretación que le están dando, toda vez que un amparo interrumpió la adscripción de jueces en tiempo, entonces no hay una definición clara, ni siquiera con mis compañeros consejeros”.

Siqueiros respondió: “Solamente quiero recordarles que la última ocasión en que no se ratificó a una jueza en el Poder Judicial del Estado fue un proceso tortuoso y hay constancias jurisdiccionales”.

Dijo que todavía hay un litigio pendiente de cinco millones de pesos aproximadamente, “que hay que pagarle o que es posible que se le tenga que pagar a la jueza que no ratificamos y que al final de estos procesos de amparos y de medios de defensa se le dio la razón y la reinstalaron. Ojalá no nos pase lo mismo y ojalá que no vaya a trascender esto de una manera negativa para el Tribunal”.

Finalmente, por tres votos a favor y dos en contra, se determinó que se repusiera el procedimiento de ratificación o no de los referidos jueces, quienes fueron elegidos mediante polémica dentro de un grupo de 50 jueces en la convocatoria  CJE/002/2018 que estuvo bajo el mando de la exconsejera Luz Estela Castro, amiga y operadora del exgobernador Javier Corral Jurado.

Los que buscaban confirmar

• Silvia Catalina Uranga Mendoza

• Luis Carlos Flores Morales

   (Ambos vinculados a intereses corralistas)

Los consejeros que se opusieron

• Abelardo Valenzuela

• Minerva Correa Hinojosa

• Gabriel Armando Ruiz Gámez

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