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Estado

Estalla nueva ‘guerra’ en el Poder Judicial

Intentaron ratificar en sesión privada a los jueces elegidos en 2018 por Lucha Castro en el ‘cochinero judicial’

Staff
El Diario de Chihuahua

martes, 26 octubre 2021 | 09:39

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Chihuahua.- Una disputa por el control del Poder Judicial del Estado se vive desde el pasado 21 de octubre cuando los consejeros Pablo Héctor González Villalobos (presidente), y Roberto Siqueiros Granados intentaron que fueran ratificados al cargo de jueces Silvia Catalina Uranga Mendoza y Luis Carlos Flores Morales, ambos designados en el polémico proceso encabezado por la exconsejera Luz Estela Castro Rodríguez en el año 2018 conocido como el “cochinero judicial”.

Sin embargo, tres consejeros se opusieron por mayoría a la ratificación y ordenaron la reposición total del procedimiento.

Esto provocó una serie de presiones el pasado fin de semana al interior del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), que derivó en que ayer fuera programada repentinamente a la una de la tarde, sesión del Pleno de magistrados para presuntamente intentar destituir como Consejero de la Judicatura a Gabriel Armando Ruiz Gámez, quien a pesar de representar al Poder Judicial, votó en contra del proyecto de ratificación de los citados jueces que presentó el también consejero Roberto Siqueiros y el titular del TSJ.

Finalmente la sesión del Pleno de magistrados que estaba programada para ayer fue diferida para hoy a las 09:30 horas, se informó oficialmente.

En el caso de la juez adscrita al Sistema Penal Acusatorio del Distrito Judicial Morelos, Silvia Catalina Uranga Mendoza, fue señalada en el pasado quinquenio del exgobernador Javier Corral como quien en el mes de mayo de 2019 decretó auto de vinculación a proceso en contra del exalcalde de Cuauhtémoc Carlos Tena, y la entonces titular del Consejo de Urbanización Municipal (CUM), Patricia R. R., por autorizar la emisión de engomados para identificar automóviles ilegales, sin tener facultades para ellos.

Incluso, su resolución fue difundida y publicitada en los sistemas oficiales de comunicación social del anterior gobierno estatal.

En el caso del juez Luis Carlos Flores Morales, aparece en múltiples diligencias contra exfuncionarios duartistas en los llamados “Expedientes X”, entre ellos la exdirigente estatal del Partido Verde María Ávila Serna a quien le aceptó en mayo de este año un inmueble con valor de 3.3 millones de pesos como garantía para enfrentar su proceso penal en libertad.

De igual manera el juez Flores Morales fue señalado por el despacho de abogados “Villasana y Asociados”, en el mes de enero de 2019 como quien en el primer proceso que se siguió al exsecretario de Educación Marcelo González Tachiquin, permitió su captura por elementos de la FGE a pesar de que existía un amparo vigente a su favor, el cual se tramitó el 30 de noviembre del 2018 identificado con el número 2000/2018, para evitar cualquier orden de aprehensión.

El Diario obtuvo copia firmada por la secretaria de la presidencia del TSJ Farah Ferez Álvarez de la transcripción de la sesión pública extraordinaria del Consejo de la Judicatura, celebrada el pasado jueves 21 de octubre de manera privada. Como punto número uno apareció únicamente el proyecto de resolución con los que iban a concluir los procesos de ratificación de los jueces Silvia Catalina Uranga Mendoza y Luis Carlos Flores Morales, ambos adscritos al Distrito Judicial Morelos.

Llamó la atención que en el debate entre los dos bloques de consejeros, en el caso de los tres que rechazaron la ratificación en esa sesión precisaron que no significaba que estaban en contra del desempeño de ambos jueces, sino que era necesario analizar más información cuantitativa y cualitativa.

De la misma forma en el caso del consejero Abelardo Valenzuela mencionó no haber recibido los antecedentes de ambos juzgadores.

Incluso en el caso de la juez Catalina Uranga se reveló que fue formalmente nombrada juez el 16 de enero de 2019, por lo que los tres años que marca la Ley para ser ratificada como juez aún no concluye.

Textualmente, al abrir el debate el consejero presidente Pablo Héctor González expresó: “como lo comenté con ustedes, la sesión anterior, lo que motiva esta sesión extraordinaria es el tema de la ratificación de los jueces Silvia Catalina Uranga Mendoza y Luis Carlos Flores Morales... si hubiera algún comentario este sería el momento”. A lo que el consejero Abelardo Valenzuela mencionó, “Con su permiso presidente, tengo unos días en el Consejo de la

La mayoría de los consejeros ordenan reposición total del procedimiento

Judicatura… en el caso particular mío no tengo conocimiento del expediente, pues no obra en mi oficina el expediente de los jueces en lo particular”.

Mientras tanto, el consejero Gabriel Armando Ruiz Gámez mencionó, “no tenemos la base fáctica, la base objetiva para hacer esta comparación porque en los expedientes que nos dieron vista, solamente se limita a dar una narrativa de alguna inspección que se llegó a hacer, pero no existe dato alguno que nos permita contrarrestar la actividad de las jueces o jueces sujetos a ratificación con otros jueces o juezas para así establecer la comparativa y decir o poder determinar si son viables o no a la ratificación. En principio, creo yo, que faltan datos suficientes para llegar a la ratificación...”.

La consejera Minerva Correa manifestó por su parte que, “Yo estoy en la misma tesitura que el consejero Ruiz... a mí me causa mucha sorpresa que desde hace dos meses hayamos hecho observaciones, incluso se había pedido que se realizaran algunas visitas, lo votamos tres a cuatro, en esa ocasión, y finalmente se vuelve a presentar la misma situación.

“A mí sí me parece que en este momento sería bueno volver a votar en contra del proyecto en sí, para dar oportunidad para que se rectifique todo el procedimiento para poderestar en condiciones llegado su momento, porque incluso nosotros también advertíamos esa falta de claridad, en cuanto a eran definitivos y cuando no, cuando entraron y si es que al final del 21 de octubre tenemos, o tenemos hasta diciembre para hacerlo, y si es así entonces hay oportunidad para el análisis de la estadística que se haga...”.

Entonces el consejero Pablo Héctor González señaló, “entonces a ver si entendí, lo que dicen ustedes es votar en contra de que se ratifique en este momento. Que se reserve la decisión”.

La respuesta de los consejeros que se opusieron fue votar inicialmente en contra del proyecto en sí, pero no necesariamente de la ratificación, enfatizando que no tenían nada en contra de los jueces, pero hacían falta más elementos.

Abelardo Valenzuela entonces expresó, “Yo considero necesario presidente imponerme primero a todo este tema de los expedientes personales de dichos juzgadores para analizar fundamentalmente los elementos cuantitativos y cualitativos, a reservar de revisar como usted lo dice el correo electrónico que me mandaron, yo no lo he revisado, debo ser franco, porque no he tenido acceso a la apertura ahí en la computadora, sí, para mí es bien importante que cuidemos lo que dice la Constitución y particularmente la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, en sus artículos 229 y 232, que se cumpla a cabalidad, creo ahorita que hay, con el tema del si cumplen o no el plazo, con la interpretación que le están dando, toda vez que un amparo interrumpió la adscripción de jueces en tiempo entonces no hay una definición clara, ni siquiera con mis compañeros consejeros”.

Por su parte, el consejero Roberto Siqueiros respondió: “Pues sí, comentarles a Gabriel y a Minerva que es extraña la postura, entiendo que Abelardo viene llegando y no estaba empapado de esto, en la pasada sesión les hice énfasis que tenemos un manual de procedimientos o de aprobar de proyectos incluidos estos... En eso yo solamente quiero recordarles que la última ocasión en que no se ratificó a una jueza en el Poder Judicial del Estado, fue un proceso tortuoso y hay constancias jurisdiccionales. Todavía les quiero decir que tenemos un litigio pendiente de cinco millones de pesos aproximadamente, que hay que pagarle o que es posible que se le tenga que pagar a la jueza que no ratificamos y que al final de estos procesos de amparos y de medios defensa se le dio la razón y la reinstalaron, y por ahí tenemos un litigio pendiente de cinco millones de pesos, ojalá no nos pase lo mismo y ojalá que no vaya trascender esto de una manera negativa para el Tribunal”, mencionó el consejero Roberto Siqueiros.

Finalmente, por tres votos a favor y dos en contra, se determinó que se repusiera el procedimiento de ratificación o no de los referidos jueces, quienes fueron elegidos mediante polémica dentro de un grupo de 50 jueces en la convocatoria CJE/002/2018 que estuvo bajo el mando de la exconsejera Luz Estela Castro, amiga y operadora del exgobernador Javier Corral Jurado.

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