Estado, incapaz de controlar Ceresos

Ciudad Juárez.- Luego de más de tres años, el régimen del gobernador Javier Corral ha sido incapaz de lograr el control de los penales estatales.

Esto provocó que ahora, desde dentro de la principal penitenciaría en la entidad, se desatara una crisis que extendió las afectaciones a la sociedad civil, según reconoció el mismo mandatario en una entrevista reciente.

Las alianzas criminales en el Cereso estatal 3 de esta ciudad causaron esta semana una racha de al menos 28 personas asesinadas –por mandato de los internos a sus cómplices del exterior– y 14 empleados de maquiladora quemados a bordo de un camión, ajenos a las actividades que pudieran relacionarlos con hechos ilícitos o ajustes de cuentas.

Los delincuentes sembraron terror con el incendio de 11 camiones de pasajeros, un tráiler y nueve vehículos particulares, dando paso a los brotes de histeria colectiva que ya se habían superado en el 2016, al relevo de gobiernos, según se dejó observar en redes sociales.

Corral anunció, hasta ahora, una intervención al Cereso de Juárez después de tres años de que el crimen organizado se empoderó en las crujías de ese penal y pudo desarrollar sus operaciones hacia fuera de mismo, como se observó esta semana.

Sin embargo, pese a la intervención oficial en esa cárcel, que inició el martes pasado, hasta ayer no se daban a conocer oficialmente los artículos o droga que se aseguraron en el cateo realizado, en el que según el comisionado Oscar Aparicio, intervinieron 850 policías de diferentes corporaciones.

Tampoco hubo traslado de internos hacia otros penales como se programó una semana antes de esa primera intervención, en una reunión de seguridad encabezada por el gobernador de donde se habrían filtrado datos, según fuentes de la Fiscalía estatal.

Corral Jurado dijo esta semana en el noticiero ABC Noticias de Canal 28 que el operativo en el reclusorio es “para empezar a inhibir la violencia que nos genera en la ciudad éstos que están adentro, dando las órdenes de los asesinatos, de las muertes”.

Con una población de 3 mil internos, donde siete de cada 10 son activos de organizaciones criminales, la penitenciaría estatal de Juárez representa un cuartel para el crimen organizado desde hace varios años, según reportes de El Diario.

Nuevas alianzas entre las células delictivas el Cártel de Sinaloa y “Los Mexicles” ya advertían del resultado que se registró esta semana.

“No entendemos por qué se permitió esa unión”, cuestionó el abogado que representa a las familias Archuleta y Reyes, que huyeron del Valle de Juárez por los crímenes cometidos por Luna Aguilar, y también defiende a Mariana, la expareja sentimental de “Lalo”, a quien mantuvo retenida en el penal con complicidad de los custodios.

Informes extraoficiales mencionan que “Lalo” era uno de los objetivos del frustrado traslado de reos del pasado martes, que se habría suspendido ante el oleaje de vehículos incendiados y crímenes en distintos puntos de la ciudad que este personaje ordenó al tener conocimiento de la intención de reubicarlo a otra cárcel.

Sólo dentro del penal, “El Papacho” y “Lalo” son líderes directos de más de mil pandilleros de entre 18 a 24 años, que representarían la tercera parte de la población carcelaria, según reportes de la Fiscalía de Penas y Medidas Judiciales.

El grupo encabezado por Luna Aguilar tiene 458 presos bajo sus órdenes y Soto Rodríguez 530.

“Los Aztecas” cuentan con una lista de 818 reos en esa cárcel y el grupo conocido como “Artistas Asesinos” o “AA” tiene una población de 283 internos, mientras que el Cártel del Pacífico se agrupa con 81 presos. Las cantidades por pandilla fueron informadas a El Diario en mayo del presente año en respuesta a una solicitud de transparencia con folio 058892019.

El fiscal general, César Peniche, reconoció desde entonces que existía una nueva alianza entre estos líderes y excusó diciendo que “existe dificultad para aislar a estos sujetos, ya que deriva del exceso de pandillas y grupos delictivos que no pueden ser reunidos en un solo módulo por las pugnas que hay”. El cateo anterior al del pasado martes en el Cereso 3 se realizó el 24 de abril del presente año por parte de la Fiscalía de Penas y Medidas Judiciales, con apoyo de la Policía Federal.

Fue después de este evento, también con escasos resultados, cuando familiares de internos hicieron acusaciones públicas de corrupción por parte de los administradores y personal operativo del penal y dejaron en evidencia que desde hace varios años los reos mantienen un autogobierno dentro y fuera de la cárcel.