Diario
Estado
miércoles, 09 octubre 2019 | 06:00
Chihuahua— Mayra Julieta U. A. viuda del exdiputado Carlos Hermosillo, es la cuarta mujer que el Gobierno del Estado detiene en la llamada Justicia para Chihuahua.
El viernes regresará ante el juzgado para su vinculación a proceso penal, mientras tanto se le impuso la medida cautelar de prisión preventiva por 6 meses.
La causa penal que le sigue el Estado es distinta a la de otras 3 mujeres vinculadas con Duarte. A Mayra Julieta se le investiga por presunto enriquecimiento ilícito, al haberle detectado pertenencias por 64.4 millones de pesos y sólo tener 5 millones comprobables de ingresos entre ella y su marido en el lapso de 4 años, tiempo en el que se hicieron de fincas, automóviles y joyería, según el señalamiento del Ministerio Público.
Mientras en otro caso a Karla Jurado Bafidis, exfuncionaria de Educación, ya está sentenciada; Martha Patricia B., exdirectora administrativa de Seech, en proceso penal; y Guadalupe M., excontadora de la asociación ganadera División del Norte, de la que era socio mayoritario César Duarte, también en proceso, se les detuvo por peculado o desvío de recursos.
En el caso de Jurado Bafidis quedó sentenciada en diciembre del 2017 a 3 años de prisión, tras aceptar su culpabilidad en su participación para desviar 246 millones de pesos de recursos públicos a favor del PRI. Meses después declaró en un medio nacional que había sido presionada para asumir la responsabilidad.
“Tuve mucho miedo de pasar 12 años en la cárcel. Yo jamás supe de ese dinero. Estaba a cargo de una oficina, no de la administración de la Secretaría, como lo han presentado. Llevaba apenas cuatro días trabajando cuando se dio la desviación del dinero”, dijo en una entrevista con La Jornada en marzo del 2018.
Ahí mismo planteó que el juicio en su contra estuvo lleno de irregularidades, con una detención sin orden de aprehensión, incomunicación y obligación a firmar un juicio abreviado.
En ese juicio se tomó como verdadera la acusación del Ministerio Público de que en 2016 Jurado Bafidis aportó firmas que ayudaron a desviar recursos a través de empresas creadas ex profeso para la simulación de contratos por servicios que nunca fueron prestados.
Luego se le acusó de peculado a Patricia B., exfuncionaria de Seech, que espera el avance de sus procesos al haber solicitado un abreviado también.
A ella se le señala como participante en la sustracción de 5 millones de pesos, junto a otros funcionarios y el ex líder sindical del SNTE, Alejandro Villarreal.
De acuerdo con las carpetas de investigación y conbase en la declaración de diversos testigos, ese monto se desvió en dos partes: 1.8 millones de pesos que supuestamente iban dirigidos para bonos a maestros jubilados de la Sección 8 del SNTE y otro de 3.8 millones de pesos para becas de educación media superior a hijos de trabajadores. En uno de los testimonios señalaron también que el monto de 1.8 millones de pesos lo solicitaron para la organización y pago de la fiesta por el Día del Maestro.
Sin embargo, tras comprobarse que el dinero nunca llegó a su destino, fue que comenzaron las investigaciones que consecuentemente dieron con la detención de los presuntos responsables en el desvío.
Otra procesada por la llamada “Justicia para Chihuahua” es Guadalupe M., detenida desde el año pasado acusada de desviar 20 millones de pesos en beneficio de la Unión Ganadera División del Norte, asociación de la que Duarte era miembro y presidente, según la causa penal 2223/2018.
La mujer, según indica la Fiscalía del Estado, tenía amplio poder y se le permitía representar las actividades ganaderas y otras empresas del exgobernador.
Sin embargo ella ganó un amparo a mediados de año, que obligaría a un juzgado de control reponer el proceso penal en su contra y determinar la no vinculación a proceso, es decir, que se le libere del cargo imputado por la Fiscalía General del Estado.
La autoridad indica que en abril de 2015, la extesorera en calidad de representante legal de la AC, concertó junto a otros ex funcionarios estatales la distracción del recurso.
El MP asegura que con un convenio de apoyo económico 019/2015- SE/FI con la citada asociación, de la que Duarte Jáquez era presidente del Consejo Directivo, fingió el trámite administrativo, así como la comprobación del gasto a través de facturas apócrifas.