Especial: Van 34 estatales ejecutados en administración de Corral

Permanecen impunes mayoría de asesinatos de policías

El Diario
domingo, 10 marzo 2019 | 06:00
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De octubre de 2016 a la fecha, durante el actual Gobierno encabezado por Javier Corral Jurado, 34 policías estatales han sido asesinados por grupos pertenecientes a la delincuencia organizada.

Mientras los agentes son blanco constante de los brazos armados del narcotráfico, el discurso oficial promete “cero impunidad” en cada homenaje póstumo, a pesar de que la mayoría de esos homicidios sigue sin resolverse.


Régimen de muerte para los estatales

La imagen del logotipo de la Comisión Estatal de Seguridad cruzada por un moño negro, enmarca perfiles en redes sociales y empaña de luto el corazón de familiares de los 34 elementos de la Fiscalía General del Estado (FGE), que han sido asesinados en los últimos dos años por grupos de la delincuencia organizada.

Un reporte oficial de la dependencia que tiene a su cargo la seguridad del Estado, revela que del 2016 a la fecha, los policías estatales y ministeriales han sido el blanco constante de los brazos armados del narcotráfico.

De un total de 62 ejecuciones perpetradas en contra de uniformados –incluyendo municipales–, el 55 por ciento corresponden a policías de la Comisión Estatal de Seguridad (CES), y elementos de la agencia de investigación de la Fiscalía.

Ejecutados a balazos, sus cuerpos bañados en sangre han caído sobre calles, carreteras y brechas, cubiertos por el manto de un discurso oficial que promete “cero impunidad” en cada homenaje póstumo, a pesar de que la mayoría de esos homicidios sigue sin resolverse.

Los deudos viven aún en el dolor y exigen justicia. 

“Hoy quise ir a visitarte porque me haces mucha falta, porque te extraño demasiado, porque hace un año tú y yo andábamos viendo qué nos regalaríamos…aunque sé que no responderás más mis mensajes yo sigo contándote mi día a día… hoy estoy saliendo adelante contigo a mi lado…te extraño tanto”, puede leerse en una publicación acompañada de una fotografía que muestra la tumba en un cementerio en la que yacen los restos mortales de Carlos Barrón, policía estatal asesinado el 5 de noviembre del 2018, a los 21 años de edad.

Barrón es sólo uno de los elementos abatidos por el crimen organizado. A su muerte se suman 33 más, entre ellas la jefe de grupo de la Unidad de Operaciones Especiales de la CES, Luis Huerta y los suboficiales Sergio Carrillo Sinaloa y Francisco Hernández Márquez, quienes la mañana del pasado viernes fueron acribillados en una emboscada cuando transitaban por la comunidad de Peña Blanca, en el municipio de Gómez Farías.

En el estado once municipios han sido en ese lapso el escenario de las ejecuciones: Chihuahua, con 8 casos; Juárez, 6; Bocoyna, 4; Madera, 3; Aldama, 3; Gómez Farías, 3; Parral, 2; y un caso en cada uno de los municipios de Ahumada, Jiménez, Cuauhtémoc y Satévo, según archivos periodísticos.

El 2018 fue el año que más luto sembró en la corporación, y hasta el viernes, también el año en que se dieron los ataques más cruentos. Entre ellos el ocurrido la noche del 6 de septiembre en Bocoyna cuando un grupo de elementos que presuntamente trasladaban al líder criminal de la Línea, apodado el “H2” fue emboscado por más de 50 sicarios.

Cuatro policías de la CES, Santiago Domingo Herrera, Édgar Chavira Juárez, Víctor Ortega Morales y Martín Alemán Hinojos, perdieron la vida en el ataque. Dos de ellos murieron calcinados dentro de sus unidades pues en la refriega se utilizaron granadas y fusiles calibre .50, conocidos comúnmente como “rompeblindaje”.

Ese año, pero el 4 de abril,  también falleció el policía Felipe Alejandro Medina Rivera, de 25 años, apenas dos de carrera dentro de la corporación. Cayó abatido durante el ataque de un comando armado a la entrada del residencial en donde habita el fiscal César Augusto Peniche. 

Entre el llanto y el desconsuelo, durante el homenaje póstumo realizado en las instalaciones del Complejo Estatal de Seguridad Pública, la madre del joven suplicó justicia.

En declaraciones previas a la prensa, tanto el Fiscal César Peniche, como el Comisionado Estatal, Óscar Aparicio Avendaño ha referido que los ataques, en lo general, son intentos de intimidación porque el Gobierno no pactó con la delincuencia.