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Estado
domingo, 13 octubre 2019 | 09:18
Ciudad Juárez.- La reducción de la burocracia que el Gobierno del Estado de Chihuahua anunció hace un año, como una medida de austeridad, se quedó corta al no alcanzar los objetivos previstos y, contrario a lo que se esperaba, el gasto en la nómina aumentó, revela información oficial.
La administración estatal encabezada por Javier Corral Jurado dio a conocer en octubre de 2018 un plan para racionar el gasto público, en el que contempló un recorte del 20 por ciento en el número de empleados –que ese año sumaban 13 mil 832– en todas las dependencias estatales.
De la disminución que se esperaba alcanzar, de unos 2 mil 766 empleados, a la fecha sólo se reportan 101 menos, se desprende de la revisión a datos de la Secretaría de Hacienda, obtenidos a través de una solicitud de transparencia.
De acuerdo con la petición de información con el folio 058832019, de 2018 a 2019 el total de empleados estatales (tanto eventuales como permanentes) pasó de 13 mil 832 a 13 mil 731.
La información, corroborada por La Verdad con la Unidad de Transparencia de la Secretaría de Hacienda, muestra que durante el primer año del Gobierno de Javier Corral hubo un aumento de 724 empleados, al pasar de 13 mil 113 a 13 mil 837 de 2016 a 2017. De 2018 a este año, la diferencia es muy poca, pese a los recortes que se han llevado a cabo.
Además, el recorte aplicado en la burocracia estatal no impactó con una disminución en el gasto público, por el contrario, la erogación por sueldos y remuneraciones creció.
El Presupuesto de Egresos 2019 muestra que, en efecto, hubo un aumento en el rubro de servicios personales por más de 255 millones de pesos, para un total de 10 mil 617 millones 843 mil 102 pesos a erogarse este año por pago de remuneraciones, seguridad social, prestaciones, estímulos y otras previsiones.
En octubre de 2018, el gobernador Corral declaró en Coyame que con los despidos se lograría un ahorro “de hasta mil 500 millones de pesos”, además, aseguró que la medida sería solamente para personal de confianza y eventual, no para plazas sindicalizadas.
Unos despiden, otros contratan
La última quincena de septiembre de 2018 significó para muchos empleados eventuales el último pago de la administración pública. Tanto funcionarios de la Secretaría de Hacienda como el gobernador Javier Corral indicaron entonces que se trataba del inicio de un proceso de recorte de personal que tenía por objetivo disminuir la presión sobre las finanzas públicas, específicamente sobre el déficit presupuestal de final de año.
Los despidos continuaron hasta 2019, siempre defendidos por funcionarios estatales como necesarios para la viabilidad financiera de la entidad.
En el Senado de la República, el secretario de Hacienda, Arturo Fuentes Vélez, declaró que al asumir la gubernatura, el equipo de Javier Corral se había dado cuenta de la grave situación financiera de Chihuahua.
“Dijo que era impresionante la fila de proveedores a los que había que pagarles. Se tomaron entonces diversas medidas, como verificar la veracidad de los contratos, de las facturas y del servicio prestado, un filtro permitió priorizar pagos. Otros fueron los programas de austeridad, recortes de personal, eficiencia en las plazas”, menciona en un comunicado difundido en ese entonces, a propósito de la participación del funcionario en un foro realizado en la Ciudad de México.
Para abril, en comparecencia frente a los legisladores locales, Fuentes Vélez declaró que, en total, las plazas recortadas habían sido 558, de las cuales 293 eran de carácter eventual y 265 de base.
“El total de ahorro por este concepto es de 189 millones 733 mil y es un esfuerzo en el que se le pidió a todas las dependencias y a todos los organismos que hicieran el esfuerzo de reducir”, dijo ante cuestionamientos de los diputados chihuahuenses por los resultados del recorte.
Aunque los datos de la dependencia que encabeza Fuentes Vélez exhiben que de 2018 a 2019 la cantidad de personas contratadas por las distintas dependencias estatales pasó de 13 mil 832 a 13 mil 731.
Al analizar la disminución de personal se aprecia que la Fiscalía General del Estado fue la dependencia más afectada, con 37 empleados menos; seguida de la Secretaría de Hacienda con 11 trabajadores y la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico con 10 lugares menos, de acuerdo con los datos oficiales.
Otras dependencias aumentaron su plantilla, como la Secretaría de Desarrollo Social, que de acuerdo con el reporte tiene siete empleados más, o la Secretaría de Desarrollo Rural con seis plazas más.
Alejandro Salmón, vocero de Hacienda, así como Pablo Ignacio Montes Jiménez, director de Recursos Humanos, fueron contactados por diversas vías para solicitar una entrevista respecto de los resultados del recorte de personal y la diferencia entre las cifras oficiales y las declaraciones del gobernador y de Arturo Fuentes Vélez, sin embargo no hubo respuesta a la petición.
Con militancia panista de más de una década, Patricia llegó a la administración de Javier Corral adscrita a la Secretaría de Trabajo con un contrato eventual por poco más de 23 mil pesos mensuales, incluida la compensación. En octubre 2018, después de dos años de trabajo, su contrato no fue renovado por el recorte.
“A muchos les pidieron firmar la renuncia, a otros solamente no nos renovaron el contrato y así salimos varios de todos lados, sin que nos dieran lo que nos corresponde por ley”, cuenta ahora, dedicada a trabajar en la iniciativa privada.
Algunos de sus compañeros, menciona Patricia (que prefiere mantener en reserva su identidad), demandaron al Gobierno estatal por los despidos.
“Hubo casos de gente que llevaba muchos años trabajando y que los corrieron porque decían que eran priistas, no les importó si eran mujeres o ya para jubilarse”, dice.
Benjamín Carrera, diputado de Morena en el Congreso local, coincide en señalar que los despidos en el Gobierno estatal reflejan la falta de planeación dentro de la administración pública panista.
“Hicieron recortes a partir de ocurrencias y les dijimos que eso no iba a llegar a buen puerto. Encontramos que lo que estaban haciendo es que cortaron adultos mayores, que no querían verse en la necesidad de jubilar”, advierte el legislador.
Incluso, recuerda, se le solicitó al secretario Fuentes Vélez un reporte analítico de los despidos, a fin de conocer el ahorro y la efectividad de la medida. Hasta la fecha, dice Carrera, la información no ha sido entregada por el ejecutivo.
El diputado hace hincapié en que los despidos de trabajadores permanentes y eventuales no significaron un ahorro en el gasto corriente del Estado.
“Hay una situación por llamar por lo menos curiosa que ya había advertido en una comparecencia con el secretario de Hacienda, porque ellos decían que habría un recorte con la intención de disminuir el gasto corriente y que al contrario hay un aumento de gasto”, afirma.
“La realidad es que tienen en el Gobierno un desorden administrativo, ya tienen tres años ahí, ya no es por la curva de aprendizaje, no hay claridad en el proyecto”, acusa.
Contrario a lo manifestado por las autoridades sobre que serían las plazas permanentes las no afectadas, las remuneraciones a este personal registraron una disminución del 1.5 por ciento respecto de 2018; mientras que las remuneraciones del personal eventual subieron 10 por ciento.
Reclaman despidos injustificados
A la falta de ahorro en la nómina se suma el costo que enfrentará el Estado de Chihuahua en caso de perder las 339 demandas que suman por despido injustificado desde octubre de 2018 a la fecha, por plazas que en algunos casos se han vuelto a ocupar.
“Siempre estaré a favor de que se respeten los derechos de los trabajadores, (pero) si se da un manejo incorrecto de los despidos, es una carga financiera todavía superior para el Estado que no tendría razón de ser si se siguiera una estrategia distinta”, complementa Carrera, que ha emitido exhortos desde el Congreso para solicitar información detallada sobre los recortes.
Además de la falta de ahorro, del crecimiento de la nómina y de las demandas laborales, a la situación de la plantilla burocrática se suman las más de 600 que se mantienen vacantes que van desde subsecretarías hasta plazas de velador y auxiliares.
Hasta la primera semana de septiembre de este año, el Gobierno estatal tenía sin ocupar 625 plazas, entre ellas cuatro subsecretarías, una en Innovación y Desarrollo Económico, una en Hacienda, otra en la Secretaría General de Gobierno y una más en Educación y Deporte. Además de direcciones, coordinaciones, jefaturas de departamento y ocho plazas de agente de Ministerio Público, todas ellas “susceptibles de ser ocupadas”, de acuerdo con la información de Hacienda.
Gasto por servicios personales
Plazas y recortes en la burocracia estatal