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Estado

Regreso sin gloria

Era tiempo de dar cara a la justicia: Duarte

Le imponen prisión preventiva de un año por temor a fuga

Argelia Domínguez
El Diario de Chihuahua

lunes, 06 junio 2022 | 06:00

Tomada de internet | El exmandatario al llegar a México

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Chihuahua– “Creí que era tiempo de regresar para dar la cara a la justicia”, declaró el exgobernador César Duarte Jáquez, antes de concluir la audiencia inicial en la que se le acusó de los delitos de peculado y asociación delictuosa dentro de la causa penal 3041/2019, relativa el desvío de 96 millones 665 mil 253.80 pesos del erario en favor de la Unión Ganadera Regional División del Norte y la Financiera de la División del Norte S.A. DE C.V. S.O.F.O.M.E.N.R., de las que era fundador y socio. 

El exmandatario tomó la palabra al terminar el debate sobre la imposición de medidas cautelares para rechazar que haya huido de la acción de la justicia, como aseguró el Ministerio Público. 

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Explicó que el principal motivo de su traslado a Estados Unidos desde diciembre de 2016 fue la necesidad de someterse a una intervención quirúrgica en la columna, debido a las secuelas que le dejó el accidente aéreo que sufrió en 2015. 

Manifestó que la Fiscalía General del Estado (FGE), que encabezaba Javier Corral Jurado, sabía que no estaría en el estado por motivos de salud; sin embargo, solicitó su comparecencia ante el tribunal el 12 de diciembre, por lo que tuvo que enviar documentos certificados por un notario público para comprobar que su inasistencia se debía a problemas de salud. 

Añadió que también decidió salir de Chihuahua ya que, tras dejar el cargo, se le retiró la seguridad personal a la que tenía derecho como exgobernador, dejándolo vulnerable ante posibles represalias del crimen organizado, pues aseguró que en su administración “sí se combatió la delincuencia”. 

Abundó que, pese a estar en el vecino país, se mantuvo siempre en contacto con las autoridades norteamericanas, que rechazaron 19 órdenes de aprehensión libradas en su contra, pues logró demostrar que las acusaciones que se hicieron eran falsas. 

“Rechazo el hecho de que la FGE pretende decir que me evadí de la justicia. Todo el tiempo que estuve en EU tuve comunicación con la justicia norteamericana. Esta última acción no tuve la defensa extraordinaria, pues creí que era tiempo de regresar para dar la cara a la justicia”, acotó. 

Duarte Jáquez recordó que como legislador fue parte de los reformadores del sistema de justicia penal, por lo que conoce la importancia de que se difundan los procesos de manera transparente, como ocurre en su caso, para que se ventilen las formas en que se construyó la persecución en su contra y cómo se utilizaron los recursos públicos del Estado indiscriminadamente para construir una mentira.

“En ese sentido, yo sí nací en Chihuahua y sí he sido arraigado toda mi vida en esta tierra. Mi mayor lucha será reivindicar a mi familia y reivindicar mi nombre, porque la única obra que se planteó el Gobierno anterior era tenerme en la cárcel y que la corrupción había sido el único tenor de mi Gobierno”, indicó. 

Aseguró que el Gobierno de Corral entregó el Estado a oscuros intereses, lo cual quedó reflejado con el aumento de los niveles de inseguridad. 

Finalmente, el imputado dijo que tiene confianza en el Poder Judicial de Chihuahua, que hoy vive una libertad y ausencia de las intromisiones que se vivieron en el quinquenio pasado y que aún dejan huella en el Consejo de la Judicatura. 

Medida cautelar

Tras un largo debate entre las partes sobre la imposición de medidas cautelares, el juez de Control, Humberto Chávez Allende, resolvió sujetar al imputado a la medida de prisión preventiva para garantizar su comparecencia a la audiencia de vinculación o no a proceso que se desarrollará el próximo 8 de junio a las 8:00 de la mañana.

El Ministerio Público solicitó la medida cautelar toda vez que el exmandatario no cuenta con arraigo en el Distrito Judicial Morelos, pero tampoco en el estado ni en el país, pues desde hace al menos cinco años se encontraba radicando en Estados Unidos.

Por otra parte, destacó que la esposa del exgobernador no se encuentra localizable en la entidad ni en el país, además de que cuenta con los medios idóneos para permanecer oculta y desplazarse por el país y fuera de él. 

El MP recordó que Duarte no atendió a los citatorios hechos por el juez Eduardo Alexis Ornelas Pérez los días 12 y 14 de diciembre de 2016, ni tampoco por el que realizó el juez federal Eduardo Javier Sáenz Torres el 23 de junio de 2017 en sede del Poder Judicial de la Federación, para la celebración de una audiencia de formulación de imputación. 

La defensa de César Duarte, integrada por Edith Berenice Muciño Palacios y Carlos Noé Ríos Peralta, solicitó que a su representado se le citara a firmar de manera periódica ante el Tribunal y se le prohíba la salida del territorio nacional, por considerar que la prisión preventiva era desproporcionada. 

Sin embargo, el juzgador coincidió con parte de lo expuesto por el MP, por lo que el exmandatario permanecerá recluido en el Centro de Reinserción Social (Cereso) No. 1 de Aquiles Serdán para garantizar su comparecencia en el proceso. 

Compró rancho con dinero público: MP

La Unión Ganadera Regional División del Norte y la Financiera de la División del Norte utilizaron los recursos que recibió del Gobierno estatal entre 2011 y 2014 por concepto de apoyos y subsidios para pagar a otras empresas, a personas físicas y hasta impuestos personales del exgobernador, así como para la compra de propiedades y ganado y para el fideicomiso que constituyó junto con su esposa, Bertha Gómez Fong, para adquirir acciones del Banco Unión Progreso. 

El Ministerio Público presentó el informe técnico, financiero y contable realizado el 9 de mayo de 2019 por Yoshi Karina Fong Nájera, de la Secretaría de la Función Pública (SFP), en el que se estableció la trazabilidad del dinero público otorgado a ambas morales en cada uno de los procedimientos administrativos que se simularon para justificar la salida del recurso.

En primer lugar se analizó el convenio de apoyo 352/2011, mediante el que se depositaron a la Unión 582 mil 695 pesos para equipo de inseminación artificial el 17 de junio de 2011. Poco después, el 20 de junio, desde la cuenta de la Unión en la que se recibió el recurso, se realizó un pagó 50 mil pesos a la moral Pavimentos y Servicios de Parral, de la que Duarte y su familia eran socios. El 27 de junio se hizo otro cargo de 517 mil pesos a la misma empresa. 

También se detectó que, tras la entrega de este numerario, se realizaron otros movimientos y pagos, entre ellos uno de 43 mil 844.75 pesos a una tarjeta de crédito de American Express a nombre de Berta Gómez Fong, esposa del exmandatario. 

El 4 de octubre de 2011 el Gobierno estatal pagó 9 millones de pesos a la Unión, mismos que luego fueron depositados a través de cheque a la cuenta de Akala, a nombre de Carlos Gerardo Hermosillo Arteaga, para luego transferir un monto total de 20 millones de pesos al fideicomiso que Duarte y su esposa constituyeron en el Banco Mercantil del Norte, mediante el cual adquirieron acciones del banco Unión Progreso. 

Con el contrato de mutuo de 5 millones que firmó la Unión con Gobierno del Estado en 2011 para la compra de ganado, se le entregaron un millón 561 mil pesos al expresidente del Patronato de la Feria de Santa Rita, Raúl Yáñez Bustillos, quien le vendió caballos Appaloosa y cuartos de milla al exmandatario y que además fungió como testigo en la presente causa penal. 

El 25 de abril de 2012, el Gobierno estatal depositó otro apoyo de 2 millones 692 mil pesos, tras lo cual se hicieron diversos pagos a empresas, entre ellas, uno de 500 mil pesos en favor de la moral Valles Baca Hermanos el 25 de junio de ese año. A la misma moral se le pagaron un millón 360 mil pesos el 10 de agosto tras haber recibido la Unión un depósito de 10 millones de pesos para la compra de alimento para bovino. 

Destaca también que, tras la entrega de un apoyo de 5 millones 500 mil pesos para la compra de avena, el 18 de noviembre de 2014 la Unión Ganadera hizo un retiro de su cuenta por esa misma cantidad a la cuenta de la Financiera de la División del Norte, para luego depositar el numerario a una cuenta personalísima de nómina perteneciente a César Duarte, quien pagó 3 millones 105 mil 364 pesos al Servicio de Administración Tributaria (SAT) por concepto de impuestos. 

También se estableció que con los recursos obtenidos del Poder Ejecutivo se hizo el pago por el rancho Santa Rita, en Camargo, a los hermanos Bonifacio, Mauro, Margarita, Josefina y Luz Carrasco García, que en total tuvo un costo de 51 millones 866 mil 100 pesos.

Igualmente se hicieron pagos con los recursos distraídos del erario a Diana Alejandra Rentería, médica veterinaria de la Unión Ganadera que se encargaba de la reproducción de ganado de los ranchos de César Duarte.  

El testigo con identidad reservada con clave 56rt65pwt declaró que el exgobernador lo citó en un restaurante en El Paso, Texas, el 26 de marzo de 2017 para advertirle que tendría consecuencias si declaraba en su contra en la Operación Justicia para Chihuahua.

En su declaración, rendida el 25 de mayo de 2020, el testigo refirió que una semana después del fallecimiento de Carlos Hermosillo Arteaga recibió una llamada de Duarte para que viajara a El Paso para hablar con él.

En el encuentro, el exmandatario dijo que sabía que el declarante tenía la intención de ser testigo protegido y, en tono sarcástico, le indicó que esa figura no existía. También le preguntó que si iba a estar con él o si iba a enfrentarlo, porque si hacía lo segundo “que se atuviera a las consecuencias”. 

César Duarte también le aseguró al declarante que si era testigo lo iban a utilizar y terminaría en la cárcel. Además, el exgobernador le aseguró que nunca lo iban a poder detener porque tenía todo el apoyo de las autoridades federales y que, de cualquier forma, buscaría que las declaraciones que hiciera el testigo se volvieran en su contra. 

Además, dijo que, tras la detención del exsecretario adjunto del PRI Nacional, Alejandro Gutiérrez Gutiérrez, en diciembre de 2017, su nombre se mencionó en una nota periodística como una de las personas que declararon en contra del priista, por lo que posteriormente fue citado por el entonces secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, quien le pidió retirar sus acusaciones. 

adominguez@diarioch.com.mx

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