En opacidad, bienes de Corral y gabinete

Gobernador, secretarios y directores omiten transparentar su patrimonio

Itzel Ramírez/
El Diario
viernes, 08 febrero 2019 | 06:00

Tras dos años y cuatro meses a cargo del Gobierno de Chihuahua, Javier Corral y su gabinete mantienen en la opacidad su patrimonio, a pesar de haberse comprometido a hacerlo público.

Según se desprende de los datos disponibles por obligaciones de transparencia, el gobernador, sus secretarios, subsecretarios y directores han optado por no detallar los bienes y montos de sus propiedades.

El 18 de enero de 2017, Corral anunció que a través de la página 3de3 se transparentarían las declaraciones patrimoniales, de intereses y fiscales de todo su gabinete.

Dos años después la información no se ha actualizado, aunque, de acuerdo con los datos oficiales, el mandatario y sus colaboradores han tenido modificaciones en sus bienes.


Plataforma no tiene informes de los nuevos secretarios

Durante el último trimestre de 2018, en el que el gobernador tuvo ingresos por más de 1.8 millones de pesos, Corral modificó su declaración de intereses. El documento público sin embargo solo indica un cambio en la declaración patrimonial, pero no ofrece detalles sobre si aumentaron o disminuyeron –y en cuánto- los bienes propiedad del mandatario.  

En evento con motivo de sus primeros 100 días de gobierno, Corral entregó al Instituto Mexicano para la Competitividad las declaraciones del gabinete.

“Los altos niveles de corrupción vividos por la sociedad en administraciones pasadas son innegables. La inconformidad de los ciudadanos generada por el actuar de servidores públicos y representantes de cargos públicos que actuaron en favor de sus intereses, antes que velar por los intereses de las personas, hacen necesaria la implementación de acciones que permitan recuperar la confianza en el Gobierno, como lo es la publicación de la declaración 3 de 3”, resaltó Corral en el evento realizado en el Palacio de Gobierno.

“Estamos dando a conocer un paso importante que cumple uno de nuestros principales compromisos con la sociedad chihuahuense, y que también ha anunciado el Instituto Mexicano para la Competitividad de que este día el gabinete del Gobierno de Chihuahua publicó su 3 de 3 y está a la consulta de la ciudadanía del estado y del país”, declaró Corral.

La plataforma contiene las declaraciones de 21 titulares de dependencias y del gobernador. Los datos, sin embargo, permanecen sin actualizar desde hace más de dos años, por lo que no se puede consultar la información de los secretarios de Cultura, Obras Públicas, Educación y Salud, dependencias que han tenido cambio de titular.

Tampoco están en la plataforma las declaraciones de la entonces secretaria de Desarrollo Municipal, Rocío Reza, actualmente presidenta estatal del PAN.

La Ley de Transparencia del Estado de Chihuahua establece en la fracción XII de su artículo 77 que es obligación de los entes públicos tener la versión pública de las declaraciones patrimoniales de los servidores.

El Gobierno de Chihuahua determinó usar un formato de versión pública de la declaración de situación patrimonial que solamente contiene los datos generales como: nombre, sexo, profesión, dependencia, cargo anterior y actual, fecha de ingreso y término (si es el caso), domicilio del trabajo, ingreso mensual y gratificaciones.

La revisión hecha a los formatos muestra que los renglones correspondientes a las gratificaciones (aguinaldo, prima vacacional y otros) no fueron llenados por los funcionarios. El documento tampoco incluye los bienes patrimoniales, la declaración de intereses ni la fiscal, por lo que no se puede conocer cómo ha incrementado o disminuido la situación de los funcionarios públicos.

El 14 de julio de 2017 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el acuerdo a través del cual el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción daba a conocer la obligación de los funcionarios federales de presentar su declaración patrimonial y de intereses, de acuerdo con la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

En los considerandos del acuerdo se estableció la necesidad de “conocer la evolución del patrimonio y los intereses de quienes están obligados a formular las declaraciones de situación patrimonial y de intereses y con base en éstas detectar posibles irregularidades que afecten al servicio público, instituyéndose en instrumentos para, junto con otras acciones preventivas de fiscalización, inhibir prácticas corruptas y de enriquecimiento inexplicable o ilícito”.

El Sistema Estatal Anticorrupción no ha armonizado todavía la ley federal con la local para hacer obligatoria la publicidad de la situación patrimonial de manera que pueda conocerse los bienes de los funcionarios y sus cambios a lo largo del su desempeño.

En el caso del Despacho del Ejecutivo, por ejemplo, cuatro de los 24 funcionarios modificaron su patrimonio en el último trimestre de 2018, respecto de período anterior. Sin embargo el cambio permanece sin ser público. (I.Ramírez)

 

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