Estado

En la mira de la Corte, casos por irregularidades en Chihuahua

Acusan que se debió a no acatar órdenes de Javier Corral para contratar en ese organismo al esposo de su entonces secretaria de la Función Pública

De la Redacción

viernes, 30 agosto 2019 | 18:42

Chihuahua.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación atrajo la denuncia hecha por el comisionado del Instituto Chihuahuense de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Rodolfo Leyva Martínez, por su remoción como presidente de ese organismo hace 2 años. 

Ésta se suma a la lista de otros casos locales que están en análisis de la máxima instancia jurídica del país, como los amparos por las investigaciones contra el priista Alejandro Gutiérrez por presunto desvío de recursos y las supuestas anomalías detectadas en la selección de 56 jueces del año pasado. 

En éste sentido, Leyva Martínez indicó que se generará un precedente para que “a ningún comisionado lo traten de ningunear”, y dijo que espera que la Corte esté a la altura para resolver ese asunto, que “se batió con actos de corrupción” en instancias menores. 

La denuncia radica de hace 2 años cuando fue removido como presidente del Ichitaip a días de haber sido designado por el consejo. 

La acusación externada por el consejero es que se debió a no acatar órdenes del gobernador Javier Corral Jurado para contratar en ese organismo al esposo de su entonces secretaria de la Función Pública, Stefany Olmos. 

A partir de ahí, el consejero inició una batalla jurídica en tribunales federales y se encontró con problemas en el Primer Circuito Colegiado, donde el asunto estuvo detenido por más de un año y con señalamientos de que hubo presiones desde Palacio de Gobierno mediante el fiscal César Augusto Peniche Espejel y de la propia Secretaría General de Gobierno, a cargo entonces de César Jáuregui Robles. 

El propio Leyva acusa que el hoy presidente del Ichitaip, Alejandro De la Rocha, quien se encuentra en ese conflicto legal, presentó sus argumentos redactados desde la Secretaría en la que estaba Jáuregui, y hasta llegó a alardear que iban a ganarle, explicó el consejero. 

En octubre del año pasado, Leyva solicitó que un tribunal Colegiado distinto resolviera su caso, pero nunca se dio esa situación. Su argumento es que los magistrados eran totalmente parciales hacia el Estado y existía conflicto de interés. 

Una de sus integrantes Martha Olivia Tello Luna, fue enviada a Tijuana y desde entonces el caso seguía sin resolverse, hasta que el 23 de agosto de éste 2019 el propio Colegiado entregó los expedientes a la Corte para que resolviera. 

“Tuvieron un comportamiento totalmente atípico por ese capricho”, condenó el consejero de transparencia, y adelantó que de obtener fallo en contra, no tendrá problemas en acudir a instancias internacionales por el abuso de autoridad del que ha sido blanco. Ya sea a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

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