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Estado
viernes, 03 abril 2020 | 11:05
Ciudad Juárez.- El nuevo plan de reorientar el gasto como una medida emergente de la administración estatal ante la pandemia, sucede a una serie de fracasos en el manejo financiero y las promesas recurrentemente incumplidas en materia de austeridad del gobernador Javier Corral Jurado.
En los últimos días el mandatario ha dicho que, obligado por la crisis económica que se avecina, aplicará “el recorte presupuestal más importante” de su gobierno, que implica –asegura– la reducción de salarios a funcionarios de primer nivel, así como la cancelación de obras prioritarias en el estado.
Sin embargo, la crisis en las finanzas de la administración se ha mantenido en más de tres años de gobierno. Este año el Presupuesto de Egresos del Estado de Chihuahua tuvo un déficit de 5 mil millones de pesos y una deuda que, con todo y restructuraciones, hoy rebasa los 59 mil millones de pesos.
De acuerdo con los datos más recientes del Índice de Transparencia y Disponibilidad de la Información Fiscal de la Secretaría de Hacienda, la entidad acumula una deuda de 59 mil 118 millones 617 mil 848 pesos, que son 9 mil 432 millones 781 mil 878 pesos más que lo que se registraba en diciembre de 2016.
Sólo el año pasado, por intereses de la deuda se pagaron más de 4 mil 359 millones de pesos, según los documentos.
La reestructuración, que generaría los suficientes ingresos como para poner en marcha un “Plan de Inversión 2019-2021” por más de 18 mil millones de pesos, tampoco funcionó.
En una primera ocasión, dos meses después de presentar el programa en magnos eventos, el gobernador anunció la cancelación de algunas obras –nunca dijo cuáles– ante un recorte de la Federación a Chihuahua por mil 500 millones de pesos.
En marzo pasado dijo que la crisis económica que traería el coronavirus lo obligaba a cancelar en buena parte dicho plan que, en números totales, según seguimientos periodísticos, nunca despegó.
Ocho meses después de presentarlo, de los 53 proyectos prioritarios de diversas dependencias marcados en el programa, 38 tenían avances físicos y financieros en cero hasta mediados de febrero pasado, según documentos de Transparencia.
Aunque el gobernador asegura que este nuevo plan prevé un recorte de hasta el 50 por ciento de las compensaciones salariales que tienen secretarios y titulares de organismos autónomos, descentralizados y desconcentrados, en los primeros tres años siempre rechazó bajar su sueldo, el cual rebasa los 171 mil pesos mensuales entre salario y compensaciones.
Actualmente Corral percibe ingresos de hasta 171 mil 767 pesos mensuales, desglosado por los 54 mil 193 pesos de salario, 110 mil 086 de compensación y un adicional de 7 mil 488.
Y mientras los sueldos no disminuían, la crisis en el Sector Salud en la entidad dejaba sin medicamentos a los derechohabientes.
Además de incumplir con los compromisos de rescatar a esta frontera del abandono en materia de salud, el plan de inversión 2019-2021 de Corral daba a Juárez un 49 por ciento menos de presupuesto hospitalario en comparación con la ciudad de Chihuahua.
Ante la falta de apoyo estatal pese a múltiples requerimientos, médicos de Juárez suspendían cirugías programadas desde octubre del año pasado y reportaban retrasos de hasta tres semanas en atención médica, con la necesidad de solicitar a los derechohabientes que compraran sus medicamentos.
En el marco de la presentación esta semana de un nuevo decreto para reducir los sueldos y reorientar el gasto público, a la fecha ninguno de los acuerdos pasados del jefe del Ejecutivo se ha cumplido, como la venta de la Casa de Gobierno y de la flota aérea, usada en más de mil vuelos del gobernador en la administración.
El 18 de enero de 2017 Corral firmó el primer decreto de austeridad, que prohibía la compra de boletos de avión en primera clase y se suprimían los gastos de representación y viáticos que hasta septiembre de 2019 acumulaban facturas por más de 360 millones 187 mil pesos, según Hacienda del Estado.
El acuerdo firmado por Corral en enero de ese año también contemplaba la venta de la Casa de Gobierno y la flotilla de aeronaves de propiedad estatal, con excepción de un helicóptero para uso de la Fiscalía General, lo que a la fecha tampoco se ha concretado.
El mandatario señaló entonces que el decreto obedecía a “la severa crisis en el presupuesto a la que nos enfrentamos, fruto del estado de bancarrota y latrocinio en que nos heredaron las finanzas estatales, por la acción inescrupulosa del dispendio, el derroche y la corrupción, por lo que resulta imperante tomar medidas extraordinarias y audaces al respecto”.
Como medidas se planteó la cancelación de contratos de telefonía celular, los gastos de representación, las comidas en restaurantes, la compra de boletos de avión en primera clase y el programa de gobierno electrónico, lo que según dijo, permitiría un ahorro de mil 700 millones de pesos.
Ahora, “el cierre masivo de empresas nos va a llevar a una depresión de nuestra economía y por lo tanto a la pérdida de empleos”, dijo el gobernador.
En el escenario más conservador, indicó, suponiendo cero crecimiento en la economía y sin decrecimiento, el Estado perderá alrededor de mil 100 millones de pesos en sus ingresos.