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Estado
sábado, 08 febrero 2020 | 18:49
El juez Décimo de Distrito decretó un embargo en grado de intervención con cargo a la caja, su naturaleza y modalidades, así como la retención de bienes de la empresa minera Latín American Zinc SAPI, para que garantice la cantidad de 23.6 millones de pesos que adeuda al contratista Caminos y Construcciones Ganti, S.A de C.V.
Trabajadores de la contratista informaron que el pasado 31 de enero del presente año, la minera Latín American Zinc, SAPI (MLAZ) fue intervenida en sus oficinas ubicadas en Torre Azenzo en Chihuahua y en la planta de beneficio ubicada en San Ignacio en el municipio de Aldama. Mostraron los oficios que sustentan el embargo judicial a la empresa minera de origen australiano.
Explicaron que la intervención con cargo a caja consiste en que un interventor nombrado por el afectado, deberá administrar las cuentas de la minera hasta completar el monto reclamado de más de un millón de dólares, la cual será depositada en una cuenta asignada por el juez a nombre de la contratista afectada hasta la finalización del juicio mercantil.
Agregaron que el interventor también tendrá las facultades de administrar las operaciones en la planta procesadora de concentrado de mineral de plomo y zinc en el municipio de Aldama, Chihuahua y de sus oficinas administrativas.
Precisaron que esto tiene un alcance de hasta 18 mil 085 toneladas de mineral para su venta y juntar el monto que se demanda. En tanto, indicaron que el contratista Caminos y Construcciones Ganti, SA de CV., sigue sin poder dar los pagos a más de 60 personas involucradas en la pérdida de su trabajo que sucedió el pasado noviembre y espera que pronto se ejecute la justicia.
A mediados de diciembre del 2019, más de 50 empleados protestaron pacíficamente afuera de las instalaciones de la planta procesadora de concentrado de mineral de plomo y zinc en el municipio de Aldama, Chihuahua, donde la empresa minera Latín American Zinc SAPI para reclamar el pronto pago a su patrón.
Indicaron que la empresa había dejado de pagar más de un millón de dólares, poniendo prácticamente en quiebra al contratista y afectando a muchas familias que esperaban contar con sus pagos de acuerdo a la ley.