Duró sólo 5 meses apoyo del Estado

La toma de las funciones de seguridad pública en Nuevo Casas Grandes, anunciada en febrero de 2017 por el gobierno de Javier Corral, duró sólo unos cinco meses y a la fecha, la presencia de los elementos preventivos estatales en esa localidad es esporádica.

“De planta no. Cuando hay presencia aquí de la Comisión Estatal de Seguridad es esporádica (...) Ciertamente hubo un decreto y vino a darlo a conocer aquí el gobernador; aquí estuvieron al frente de la corporación municipal de Policía, estuvieron efectivos que venían de la capital del estado. Esto duró aproximadamente cinco meses, más o menos”, dijo el alcalde Héctor Mario Galaz.

“Para efectos reales, solamente tenemos mando único en el municipio de Cuauhtémoc, y tenemos presencia de elementos cuando se nos ha pedido por parte del presidente municipal, como en Guerrero, Gómez Farías y Zaragoza”, agregó por separado el secretario de Seguridad Pública Estatal (SSPE), Emilio García Ruiz, que mencionó también que el acuerdo de intervención emitido en 2017 “se quedó como en una propuesta (por) lo que a mí me dicen”. 

Los funcionarios fueron consultados luego de que, el pasado jueves, un grupo armado abrió fuego contra elementos de la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito de aquella ciudad del noroeste de Chihuahua, asesinando a tres agentes, a una civil y lesionando al titular de la dependencia, Julio César Ramírez Valdez.

La Fiscalía General del Estado reportó haber recabado 253 casquillos percutidos de calibres diversos en el lugar del crimen.

Nuevo Casas Grandes fue uno de los municipios cuyas funciones de Seguridad Pública fueron asumidas de manera temporal por Gobierno del Estado y enlistados en un acuerdo publicado en el Periódico Oficial del Estado el 18 de febrero de 2017, el cual estableció que la medida tenía el objeto de “restaurar el orden y la paz públicos”.

Otras localidades para las cuales aplicó el documento fueron Madera, Temósachic, Gómez Farías, Ignacio Zaragoza y Casas Grandes. Meses después, a través de otro acuerdo, el Estado anunció que se hacía cargo también de la Policía Municipal de Cuauhtémoc. 

“Con el objeto de restaurar el orden y la paz públicos, se asume por el suscrito gobernador constitucional del estado libre y soberano de Chihuahua, de manera inmediata y temporal, el mando de la Policía Municipal y de Vialidad y Tránsito de los municipios de Madera, Temósachic, Gómez Farías, Ignacio Zaragoza, Casas Grandes y Nuevo Casas Grandes”, indica el acuerdo 080/2017, que agregó que la medida no tenía plazo.

“La Secretaría actualmente no tiene ningún convenio con ningún municipio, y solamente estamos respetando lo que ya existía, que es el mando único en Cuauhtémoc, y presencia de nosotros a solicitud del Municipio cuando así lo requiere o salvo alguna circunstancia especial donde tengamos identificada alguna problemática”, dijo ayer García, que asumió la SSPE en 2020.

Tanto el funcionario estatal como el municipal señalaron que Nuevo Casas Grandes no había requerido la asistencia de las fuerzas del Estado, explicando Galaz que los indicadores delictivos mostraban que no era necesaria.

Esto, aun cuando en marzo de 2019 se registró en esa localidad el asesinato de Adrián Matsumoto Dorame, que era comandante y jefe de Inteligencia de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Juárez.

“La Fiscalía General del Estado, desde mayo del año pasado, nos envía estadística de la incidencia de delitos del fuero común o de alto impacto, y en los datos que ahí se mencionan, ubican a Nuevo Casas Grandes en lugar de privilegio (…) Los números respaldan que había tranquilidad en Nuevo Casas Grandes, por eso es que no solicitamos la presencia de alguna policía de otro orden de gobierno”, dijo Galaz.

“Por eso, (el ataque a Matsumoto) lo consideramos como caso aislado”, agregó el edil, que ayer por la mañana señaló también carecer de información sobre los avances de la investigación por el ataque a su jefe policiaco.

El funcionario municipal dijo también que Ramírez Valdez había resultado sólo con lesiones leves y que podría reincorporarse cuando se recuperara. 

También, que ayer por la mañana habían llegado 30 agentes de la SSPE –o CES–, sobre los cuales García dijo que acudían en apoyo a la investigación del crimen registrado el jueves. 

Avances y desplazamientos

En septiembre de 2018, este medio reportó que, aun cuando el Gobierno del Estado justificó la toma de la seguridad en los municipios diciendo que “el crimen organizado ha estado operando en esos lugares sin que las policías municipales puedan hacer un frente efectivo contra los desplazamientos de grupos armados”, las cifras de asesinatos fueron superiores a las registradas antes de la intervención. A ese contexto, agregó el artículo de este medio, le siguió una de las mayores cantidades de asesinatos de carácter político: el del tesorero municipal y militante panista de Ignacio Zaragoza, Guadalupe Payán, en marzo de 2018; el de la candidata a regidora perredista del mismo municipio Liliana García, en mayo siguiente y, en septiembre de ese mismo año, el atentado contra el doctor Blas Godínez, electo alcalde en Valentín Gómez Farías luego de iniciarse en la política por el secuestro de su padre, también médico.

“No esperábamos tener pérdidas humanas o bajas tan lamentables, pero sí había una perspectiva del escenario a enfrentar (…) Se generó un costo social importante, sí, pero valió la pena”, dijo en 2017 la entonces fiscal especializada en Control Análisis y Evaluación del Estado, Erika Jasso, encargada de la evaluación de los municipales.

Otra derivación del acuerdo estatal, de acuerdo con lo que reportó este medio ese septiembre de 2018, fue la disminución de la presencia del grupo delictivo “La Línea”, cuyo presunto dirigente en la región, “El 80”, fue detenido en mayo de ese año por el Gobierno federal.

“El grupo contrario, mientras, continuó expandiéndose, y así lo planteó incluso el fiscal general del Estado, César Augusto Peniche, en un comentario enviado a El Diario en mayo pasado: “Al avanzar los de Sinaloa van replegando a ‘La Línea’, con quienes han tenido varios enfrentamientos (como en) Largo Maderal-las Varas-Gómez Farías”, agregó el reporte periodístico.

Peniche no respondió ayer una solicitud de información sobre la presencia actual de los grupos del crimen organizado en esa región. 

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