Estado

Diez meses y Corral no responde a recomendación de la CNDH

Aún no se ha dado respuesta a las víctimas por el desplazamiento forzado interno de 80 personas de un grupo familiar de 102 integrantes

Bernardo Islas
El Diario de Chihuahua

sábado, 22 agosto 2020 | 14:52

Chihuahua.- A más de 10 meses de que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) dirigió la Recomendación 94/2019, al gobernador Javier Corral Jurado y a la directora general de la Asesoría Jurídica Federal Encargada de Despacho, en la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), Ana Pamela Romero Guerra, por el desplazamiento forzado interno de 80 personas de un grupo familiar de 102 integrantes, aún no se ha dado respuesta a las víctimas.

Esta recomendación también va dirigida al Fiscal General de Chihuahua César Augusto Peniche Espejel y a la presidenta y presidente municipales de los Ayuntamientos de Saucillo y Delicias, Manuela Aidé López de Anda y Eliseo Compeán Fernández, respectivamente. 

Lo anterior debido a que las personas desplazadas son originarios de los municipios de Saucillo, Delicias y La Cruz, a quienes les violaron sus derechos de acceso a la justicia y a la verdad por inadecuada procuración de justicia, atribuible a personal ministerial de la Fiscalía General. 

Dicha recomendación es fechada el 14 de octubre de 2019, por lo cual esta redacción trató de contactar al portavoz de la Fiscalía General del Estado con la finalidad de verificar el avance de la misma, sin embargo no hubo respuesta. 

El documento presentado por la CNDH concluyó que las actuaciones de cuatro agentes ministeriales de la Fiscalía Estatal no fueron conducidas hacia el esclarecimiento de los hechos, ni eficientes, toda vez que en cinco carpetas de investigación que a la fecha siguen en integración se omitió recabar pruebas, testimonios y el seguimiento lógico de las líneas de investigación, incumpliendo el estándar de la debida diligencia y plazo razonable, violando con ello los derechos de acceso a la justicia, a la verdad y a la reparación del daño de 102 víctimas. 

También el organismo nacional corroboró que el Gobierno y la Fiscalía estatales y los Ayuntamientos de Saucillo y Delicias violaron el derecho a la libertad de circulación y residencia de 80 personas desplazadas forzadamente, al no garantizar la seguridad pública de los habitantes, ni realizar labores de prevención de delitos y conductas antisociales, así como no auxiliar a las personas de las comunidades victimizadas a causa de la violencia. 

En palabras de algunas víctimas, los hechos ocurrieron en noviembre de 2010, cuando un joven del Municipio de Saucillo fue privado de su libertad por personas desconocidas, quienes recibieron 180 mil pesos de su padre a cambio de liberarlo. 

Asimismo entre el 2010 y 2013, se registraron hechos delictivos contra el grupo familiar que produjeron la muerte de tres de sus miembros, el intento de homicidio de otro más, la muerte de cuatro personas que estaban en un inmueble del padre del joven, así como daños y robos en propiedades, provocando que 80 miembros del grupo familiar huyeran de sus lugares de residencia a causa de la violencia en su contra. 

Las autoridades estatales como municipales también omitieron implementar acciones para la protección de las propiedades conformadas por bienes muebles e inmuebles de las personas desplazadas, de actos de destrucción y robo, antes y después de su desplazamiento, además, junto con la CEAV, omitieron implementar medidas para garantizar la seguridad y protección de las víctimas. 

Por su parte, señala el organismo derecho humanista en su recomendación, que la CEAV incurrió en dilación respecto del reconocimiento de 80 personas víctimas de violaciones a derechos humanos ante el desplazamiento forzado que vivieron, violando sus derechos a un nivel de vida adecuado, al trabajo, a la vivienda o alojamiento, a la salud y educación; además, dicha autoridad omitió implementar medida alguna de asistencia encaminada a superar los efectos del hecho victimizante. 

Por lo anterior dicha comisión recomendó al Gobernador de Chihuahua, a la Encargada de Despacho de la CEAV y a la Presidenta y Presidente de los Ayuntamientos de los Municipios de Saucillo y Delicias realizar un diagnóstico que evidencie la situación actual en la que se encuentran las personas desplazadas y que hubiesen retornado. 

Además de diseñar un programa de atención integral para reparar el daño a las víctimas; aplicar un programa de acceso a la educación de las víctimas, así como otro de acceso a viviendas y/o subsidios de arrendamiento para las personas desplazadas y garantizarles el acceso a las herramientas e instrumentos para establecer sus medios de subsistencia. 

También implementar un mecanismo de seguimiento periódico a la sostenibilidad del retorno o reasentamiento de las víctimas para verificar el cumplimiento de los acuerdos que las autoridades hubieran asumido con éstas e iniciar un diagnóstico para conocer la situación actual de inseguridad en dichos municipios. 

bislas@diarioch.com.mx