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Estado

En construcción de Ciudad Judicial

Destraba Estado pleito de Corral y Duarte por $663 millones

Más de 6 años duró el litigio entre constructoras y la Secretaría de Hacienda estatal

Orlando Chávez/El Diario

jueves, 19 mayo 2022 | 09:46

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Chihuahua, Chih.- Luego de seis años de litigios con los gobiernos de César Duarte y Javier Corral por el pago de la construcción de la Ciudad Judicial, ayer la administración de Maru Campos destrabó el conflicto.

El Gobierno del Estado anunció que se llegó a una resolución que permitió un ahorro de 150 millones de pesos al pagar sólo $513 millones de 663 mdp que se pedían, con lo que se puso fin a este asunto heredado por las dos anteriores administraciones.

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"Se llevó a cabo una negociación con el consorcio de empresas constructoras y se logró un acuerdo benéfico para el Estado de Chihuahua, ratificado ante la autoridad jurisdiccional, conforme al cual se ha logrado una disminución de aproximadamente 150 millones de pesos del monto al que fue condenado el Estado y se pactó cubrir la cantidad resultante de 513 millones de pesos en un plazo de 3 años, sin que se generen intereses”.

El inmueble tuvo un costo superior a los 2 mil millones de pesos, y alberga 101 mil metros cuadrados de oficinas administrativas, juzgados y demás áreas que permiten dar un impulso al sistema de justicia de Chihuahua.

Originalmente el costo se había calculado en mil 500 millones de pesos.

El 30 de octubre de 2015 el entonces presidente de México Enrique Peña Nieto encabezó simultáneamente con César Duarte la inauguración del nuevo edificio del Centro de Justicia, llamado también Ciudad Judicial.

A los pocos meses de su apertura surgieron problemas con cinco empresas, que demandaron al Estado por incumplimiento de pago, situación que se quedó sin resolver en los gobiernos de Duarte y Corral.

El complejo, localizado en pleno corazón del Centro Histórico de la ciudad de Chihuahua, entre las calles Niños Héroes y Ocampo, es señalado como el más grande en su tipo en el país y está dotado de 32 salas de juicio oral exclusivamente para la rama penal, así como otras 32 salas orales para las ramas civil y familiar.

Ingeniería y Diseño Van S.A. de C. V. fue una de las primeras empresas que presentó una demanda en contra del Gobierno del Estado por el adeudo de 192 millones de pesos por la obra de la Ciudad Judicial, lo que ocurrió en septiembre del 2016. Pero a esta acción se le sumaron otras cuatro empresas.

A finales de 2017 las demandantes fueron Ingeniería y Diseño Van, S.A. de C.V., Desarrollos Alianza S.A. de C.V., Afirma Inmobiliaria S.A. de C.V., Arve Constructora S.A. de C.V. y el particular Jorge Arturo Moreno Torres. En ese entonces la demanda ya era de 330 millones de pesos.

Una de las empresas tenía contratado los servicios del despacho del que era socio el exsecretario general de Gobierno de Corral, César Jáuregui, quien explicó que cuando asumió el cargo en octubre de 2016 se deslindó del despacho, del cual también figuraba como socio Arturo Chávez, quien en varias ocasiones estuvo en Palacio de Gobierno.

El 26 de febrero de 2018 un Tribunal Colegiado en materia penal y administrativa resolvió el sobreseimiento del expediente. Pero en el 2020, en febrero, un amparo directo administrativo número 99/2018 ordenó que la demanda por incumplimiento de pago que promovieron cinco empresas constructoras por la edificación de la Ciudad Judicial regresara y fuera resuelta por la Cuarta Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia (TSJ).

El Gobierno de Chihuahua informó ayer que en cumplimiento a un mandato judicial y buscando privilegiar el orden de las finanzas públicas estatales, tras un largo litigio iniciado por la administración anterior –que derivó en una sentencia, misma que se trató de combatir por medio de amparos– la actual administración firmó un convenio de pago con el consorcio de empresas constructoras que realizaron el “Centro de Justicia”, que alberga actualmente al Poder Judicial del Estado.

“El conflicto legal fue derivado de la decisión de los dos gobiernos anteriores de no realizar los pagos finales correspondientes a las obras de construcción del edificio del Poder Judicial del Estado que fueron recibidas de conformidad por parte de las entonces autoridades estatales”, precisó.

Ante el incumplimiento de pago, en el año 2016 el consorcio de empresas constructoras demandó al Estado y después de agotadas todas las instancias en los tribunales estatales y federales, el consorcio obtuvo sentencia favorable el 30 de septiembre de 2020. El gobierno anterior decidió continuar el litigio interponiendo diversos juicios de amparo que fueron desechados por improcedentes, agregó.

El 5 de enero de 2022 el Estado fue notificado, por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que el amparo que se encontraba pendiente fue desechado.

“Por lo anterior, el Gobierno del Estado se abocó durante los últimos meses a encontrar la forma de mitigar el impacto en el presupuesto público derivado del elevado monto a que había sido condenado a pagar”, destacó.

Ayer se llevó a cabo la ratificación del citado convenio, así como el primer pago para iniciar con la liquidación de esta deuda heredada.

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