Desestima juez pruebas; vinculan a Maru

Chihuahua— En una audiencia maratónica, el juez de Control Samuel Mendoza determinó la vinculación a proceso penal en contra de María Eugenia C. G., María A. S., y Rodrigo D. R., al encontrar elementos suficientes para considerar que existe la probable responsabilidad del delito de cohecho pasivo. 

La audiencia, que tuvo un receso de más de 14 horas y que se reanudó ayer a las 19:00 horas, concluyó pasadas las 22:00 horas con la vinculación a proceso de los imputados acusados de cohecho por haber recibido una serie de pagos durante la administración de César Horacio D. J., quien se encuentra detenido en Estados Unidos en espera de extradición.

La acusación del Ministerio Público establece que, entre los años 2014 y 2015, María Eugenia C. G. habría recibido 8.2 millones de pesos; María A. S., 3.4 millones y Rodrigo D. R., 2.4. 

Chihuahua— El juez declaró como auténticas las copias certificadas de los 34 recibos firmados por María Eugenia, en los que se establecen los diversos pagos que supuestamente habría recibido durante la pasada administración estatal, pruebas que la defensa de la imputada solicitó que fueran desechadas al no ser los recibos originales. 

Lo anterior bajo el argumento de que se utilizaron como base del cotejo de estos documentos, archivos con más de cinco años bajo resguardo del Registro Público de la Propiedad (RPP) y que, de acuerdo con la Ley del Notariado, estos expedientes pueden ser utilizados por el Ministerio Público en caso de alguna investigación. “A criterio de este juzgador, basado en el análisis de las pruebas, existieron una serie de recursos salidos de la Secretaría de Hacienda que fueron distraídos de manera indebida”, expuso el juez. 

Además, expuso que hay elementos suficientes para determinar que existieron irregularidades en la celebración de contratos entre el Gobierno del Estado y el despacho Campos Galván y Abogados S. C., al que se le entregó un millón 67 mil 200 pesos entre los años 2014 y 2015.

Luego de que la defensa de los imputados estableciera su argumentación para refutar las acusaciones de la Fiscalía, el juez determinó un receso para que la audiencia iniciara a las 16:15 horas de ayer, sin embargo, la suspensión se prolongó hasta las 19:00 horas; minutos después, tuvo que ser suspendida, debido a que Canal 28 realizó la retransmisión del proceso en su página de Facebook, por lo que se ordenó el retiro de sus reporteros. 

Una vez que se retomó la audiencia, el juez continuó con la exposición de motivos, respecto a las acusaciones en contra de María Eugenia C.G., y fueron diversas pruebas las que tuvo que evaluar el juzgador del fuero local en este caso, entre las que estaban las copias de los recibos simples que supuestamente habrían certificado en la Notaría Pública número cuatro a cargo del notario Luis Raúl Flores Sáenz, quien fue suspendido, debido a que enfrenta un proceso administrativo. 

Fue el 27 de noviembre del 2020 cuando se solicitó ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) la audiencia de imputación en contra de María Eugenia, pero fue dos meses después, el 26 de enero del presente año, cuando el juez citó a las partes involucradas. En ese entonces la imputada acudió y declaró: “Me citaron sólo para la foto”.

La audiencia se difirió para el 2 de febrero cuando el abogado Francisco Molina presentó un amparo para solicitar otro diferimiento bajo el argumento de que no conocían la carpeta de investigación y acusó a la Fiscalía General del Estado (FGE) de no entregarles todos los expedientes. 

Ante esto, el juez ordenó el cotejo de los expedientes que integran la carpeta de investigación en contra de los imputados, proceso que, finalmente concluyó el 25 de marzo cuando los abogados solicitaron el inicio de la audiencia de imputación y a su vez la de vinculación o no a proceso, con esto el Ministerio Público presentó las acusaciones formales.

La audiencia continuó el 29 de marzo y se difirió para el 30 cuando la defensa de los imputados presentó sus argumentos con el afán de refutar las acusaciones hechas por la FGE. (Miguel Silva / El Diario)