Estado

Desacata Congreso restituir a magistrado

Rechazan diputados orden de jueza de Distrito para reinstalar a Jorge Ramírez

Archivo / El Diario / Jorge Abraham Ramírez, titular de la Primera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia Estatal

César Lozano
El Diario de Chihuahua

jueves, 22 abril 2021 | 06:00

Chihuahua— El Congreso del Estado se pronunció en contra de acatar la orden de la jueza del Octavo de Distrito para restituir de manera definitiva a Jorge Abraham Ramírez, titular de la Primera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia Estatal, bajo el argumento de imposibilidad temporal, material y jurídica.

“En ese informe, el Congreso del Estado dice que no va a cumplir la suspensión definitiva, que porque es un acto de imposible cumplimiento”, declaró el titular de la defensa de Ramírez, Reydesel Sáenz.

Tras la posición del Congreso, el abogado adelantó que promueven un pronunciamiento por parte de la jueza, ya que bajo su punto de vista, hay un claro desacato a las órdenes que dictó la autoridad federal, superior en facultades.

A través del oficio SALJ-DJ-1522/2021, emitido por Luis Enrique Acosta Torres, titular de la Secretaría de Asuntos Legislativos y Jurídicos del Congreso, el Poder Legislativo justificó la negativa mediante el siguiente texto: 

“En atención a los efectos de la concesión de la citada suspensión definitiva por el Tribunal de Alzada, me permito manifestar que resulta material y jurídicamente imposible el cumplimiento de los efectos de dicha concesión, toda vez que el Procedimiento de Declaración de Procedencia instaurado al quejoso, ya se agotó en su totalidad desde el año próximo pasado”. 

En el documento se expone que desde el 27 de febrero del 2020 el pleno de los diputados aprobó por mayoría calificada que sí procedía la destitución del magistrado, de acuerdo con la Ley de juicio Político y Declaración de Procedencia, y que el 13 de abril del año pasado la Fiscalía informó al Congreso que reiniciaría con el proceso judicial en contra de Ramírez Alvídrez, aunado a que el 23 de diciembre se le dictó auto de vinculación a proceso, dentro de la causa penal 785/2020. 

También se menciona que a la fecha el caso presenta un cambio de situación jurídica desde el 27 de febrero de 2020, luego de que se emitiera el decreto LXVI/DPROC/0697/2020 VP.E., mediante el cual se finalizó la actuación del Poder Legislativo en el Procedimiento de Declaración de Procedencia instaurado, lo que se traduciría como un cambio de situación jurídica que tuvo como consecuencia la detención de Ramírez. 

“En tal virtud, es evidente que el acto reclamado se ha consumado de modo irreparable, es decir, en el caso que nos ocupa, es materialmente imposible volver las cosas al estado en que se encontraban antes de emitir el dictamen de 27 de febrero… se trata de hechos jurídicos que ya sucedieron y que no pueden retrotraerse por los efectos de una resolución judicial, pues ya han sido consumados”, dice textual la respuesta. 

Mediante llamadas y mensajes de texto se buscó un posicionamiento de la diputada Blanca Gámez, titular del Poder Legislativo, respecto de la postura de la defensa de Ramírez y del representante del Congreso, pero no fue posible establecer comunicación por ninguna de las vías. 

El pasado 20 de marzo, la defensa del magistrado obtuvo un amparo federal en el cual se fijó un plazo de diez días para su regreso a las actividades propias de la sala penal que encabeza, independiente del proceso de peculado que se sigue en su contra, sin embargo, el plazo venció desde hace 22 días y no hay avance en el acato de la orden que dictó el Juzgado Octavo de Distrito.

De acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía Estatal, de 2010 a 2018, Ramírez acumuló en su patrimonio más de 10 millones de pesos que no se justifican con sus ingresos como funcionario público. El Ministerio Público indagó en cuentas bancarias, adquisiciones de casas, lotes, vehículos y pago de créditos en efectivo.