Defiende FGR su actuación en Chihuahua

Ante los señalamientos realizados por autoridades estatales y municipales por la inacción de la Fiscalía General de la República (FGR) ante la delincuencia organizada, a la que atribuyen el 80 por ciento de los asesinatos en Juárez, la institución precisó que la competencia de las autoridades para intervenir en el conocimiento y resolución de asuntos derivados de la comisión de delitos, está regulada por disposiciones constitucionales y legales.

Tales disposiciones “son la base jurídica para garantizar la seguridad jurídica y legalidad de los actos de la autoridad, en este caso ministerial”, cita un documento enviado por la Dirección General de la FGR con sede en la Ciudad de México.

Refiere que actuar al margen de las disposiciones legales y de los criterios judiciales en materia de competencia implicaría que las personas llevadas ante los tribunales adquieran su libertad, generando así impunidad. 

Autoridades estatales y municipales han referido que aquí no se indaga a los grupos delictivos que controlan no sólo el tráfico de armas o droga, sino de migrantes, dinero y hasta de ropa usada, delitos que competen a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (Seido).

“Ellos están renuentes no sólo a iniciar carpetas de investigación por delitos de delincuencia organizada, sino que están renuentes a recibir las que la Fiscalía integra y les proporciona ya de manera íntegra, únicamente para solicitar a un juez federal la persecución penal”, acusó el fiscal de Distrito Norte, Jorge Arnaldo Nava López.

El documento enviado ayer por la FGR destaca que durante 2019 y 2020, en la Seido únicamente se ha recibido una solicitud de intervención por parte de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Chihuahua, la cual no fue aceptada al tratarse de un delito de exclusiva competencia del ámbito local, en concreto “violencia familiar”, regulado en los artículos 193 y 194 del Código Penal del Estado de Chihuahua. 

“Con independencia de lo anterior, de la lectura de las constancias remitidas por la Fiscalía local, no se percibió la existencia de hechos que pudieran ser constitutivos del delito de delincuencia organizada”, indica. 

Agrega que en ese contexto, la intervención de la FGR se constriñe al conocimiento de los casos relativos a delitos federales, y en el caso específico de la Seido, su competencia está determinada por la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada.

Los criterios

Menciona que el Poder Judicial de la Federación ha establecido criterios específicos, que el Ministerio Público Federal (MPF) debe observar, para judicializar una investigación por el delito de delincuencia organizada, entre los que se encuentra la existencia de una organización criminal estructurada, la pertenencia de una persona a dicho cártel u organización criminal, la voluntad del sujeto activo para formar parte de la organización, así como las funciones específicas que éste realizaba, a fin de delimitar su punibilidad, entre otras. 

Refiere que por regla general, la investigación de los delitos del orden común –contenidos en los Códigos Penales de cada entidad federativa–, corresponde a las autoridades ministeriales estatales, como es el caso del homicidio, que se encuentra regulado en los artículos 123 al 128 del Código Penal del Estado de Chihuahua. 

Asimismo, cita el documento oficial, que durante el período 2010-2020, la Seido inició 23 carpetas de investigación en el estado por hechos probablemente constitutivos de delitos de delincuencia organizada como delitos contra la salud, portación de armas y tráfico de personas, entre otros.

Finalmente destaca que la FGR patentiza que “no es atribuyendo la responsabilidad a otras autoridades con base en señalamientos subjetivos como se avanzará en el propósito de combatir eficazmente la problemática delictiva, sino con la suma de esfuerzos y la coordinación eficaz entre las autoridades”, concluye. (Luz del Carmen Sosa / El Diario)

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