Deberá aclararse dónde quedaron los 300 mdp: Bazán

Ciudad Juárez.— La Auditoría Superior del Estado (ASE) tenía programado para ayer 18 de marzo entregar al Congreso estatal un informe de la revisión al Plan Emergente del exgobernador Javier Corral, en el que ya se han detectado irregularidades desde la Cuenta Pública 2020, pero no lo hizo.

El vocero de la ASE, Édgar Moncada, dijo que no hay retraso, sino que la falta de entrega se debe a que no ha habido agenda común entre ambas instancias. “Pero del martes (de la próxima semana) no pasa”, aseguró.

Mientras tanto, el diputado Omar Bazán, quien, subrayó, fue el autor de la solicitud para la revisión de este plan, que se suponía tenía una bolsa de más de 3 mil millones de pesos, señaló que deberá aclararse en qué se usaron los 300 millones de pesos que el Congreso reorientó al programa.

Para el legislador de la bancada del Partido Revolucionario Institucional (PRI) “es importante que se den a conocer los padrones y dónde estuvieron incluidos los 300 millones que reorientó el Congreso, pues nunca supimos qué pasó con ese dinero que se entregó a la Secretaría de Hacienda”.

El priista indicó cómo pudo haberse tapado el déficit presupuestario.

“El déficit lo taparon con eso. Ahí hay juego, el presupuesto 2020 se llevaba un déficit de cuatro mil millones de pesos y casualmente el fondo de ayuda era de 3 mil 700 millones… casi casi, con ese fondo, taparon los cuatro mil, por eso nunca hubo padrones de beneficiarios”, afirmó.

“Nomás agarraron el dinero, lo metieron al fondo y taparon el déficit. Se hicieron ajustes a todas las dependencias, pero nunca se dijo a dónde fue el dinero”, agregó Bazán.

De manera anticipada, el titular de la Auditoría Superior del Estado, Héctor Acosta Félix, dijo que en la presentación del Plan Emergente de Apoyo y Protección a la Salud, el Empleo e Ingreso Familiar para enfrentar la pandemia por el Covid-19, anunciado en 2020 por un monto de 3 mil 209.8 millones de pesos, la administración presentó información “revisable” por sólo poco más de mil millones.

Es decir, otros 971.7 millones reportados en el mismo paquete de ayuda por concepto de “incentivos fiscales”, o pérdida de ingresos, no fueron fiscalizados debido a que la Secretaría de Hacienda estatal no presentó un “informe de cómo se comportó ese proyecto”.

El documento que presentará la Auditoría Superior del Estado obedece a una revisión específica al plan de apoyo.

Sin embargo, la Cuenta Pública 2020 arrojó irregularidades en algunos aspectos de la aplicación de este programa, como el hecho de que incluso hubo funcionarios públicos, cuyos nombres se reserva el informe, que cobraron cientos de miles de pesos sin entregarlos a los beneficiarios.

Los informes reportan desde inconsistencias en el registro contable de Bonos Covid, descontrol en la asignación de contratos y hasta el “probable abuso de funciones y conflicto de interés”, por el caso de un funcionario que presuntamente asignó subsidios a familiares, entre otras irregularidades.

“Se detectó un probable abuso de funciones y conflicto de interés por parte del Servidor Público con 2 beneficiarios que fueron validados de manera manual, ya que en el Apartado de ‘Atendido en Autorización’ aparece el usuario, mismo que corresponde al nombre del Servidor Público antes mencionado”, indica la revisión del Fideicomiso Estatal para el Fomento de las Actividades Productivas del Estado de Chihuahua.