Debe pagar Estado 3 mmdp antes de julio

El Gobierno estatal de Chihuahua sigue obligado a pagar sus créditos de corto plazo –más de 3 mil millones de pesos, de acuerdo con el saldo del cierre de 2020– a más tardar en junio próximo, como indica la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios. 

Esto, debido a que una modificación a esta ley aprobada en la Cámara de Diputados en octubre, cuando se adicionaron condiciones para que los estados con elecciones en 2021 pudieran heredar este tipo de pasivos después de los cambios de administración, continúa pendiente en el Senado.

“Se aprobó el 27 de noviembre de 2020 en la Comisión de Hacienda (del Senado), pero está pendiente en la de Estudios Legislativos Segunda”, informó el senador Gustavo Madero, integrante del primero de los órganos legislativos mencionados. 

De acuerdo con el panista, para que los cambios hubieran alcanzado a ser aplicados este año a las entidades en las que, como Chihuahua, habrá cambio de gobierno, deberían haber quedado aprobados por el pleno desde diciembre pasado.

Sin la reforma, por tanto, y de acuerdo con los términos actuales de la ley citada, las obligaciones contratadas “con instituciones financieras a un plazo menor o igual a un año” deberán quedar “totalmente pagadas a más tardar tres meses antes de que concluya el período de gobierno de la administración correspondiente, no pudiendo contratar nuevas obligaciones a corto plazo durante esos últimos tres meses”. 

El gobierno de Javier Corral concluye el 7 de septiembre próximo.

“Todos los cortos plazos se tienen que pagar”, agregó la diputada federal Patricia Terrazas, también panista por Chihuahua y presidenta de la Comisión de Hacienda en la Cámara de la que surgió el proyecto.

De acuerdo con el Gobierno federal, los pasivos bancarios de corto plazo de Chihuahua –sin considerar proveedores y contratistas– se ubicaron en diciembre pasado en 3 mil 229.9 millones de pesos, mientras que el Estado los estimó en 3 mil 51 millones, monto este último que representa un 5 por ciento del saldo total de la deuda.

La Secretaría de Hacienda estatal no respondió ayer una solicitud de información sobre el monto final de lo que deberá ser liquidado, pero el pasado miércoles emitió un comunicado señalando que el plan de cierre financiero incluye estos pagos. 

“La siguiente administración no tendrá un solo peso de crédito comprometido a corto plazo y contará con la totalidad del techo de financiamiento neto que puede contratar el Estado, que se calcula por encima de los 5 mil 200 millones de pesos”, se indicó en el texto oficial. 

La medida aprobada en octubre por la Cámara de Diputados, de acuerdo con lo reportado entonces por El Diario, adicionó un capítulo con “previsiones extraordinarias” para el pago de estos compromisos financieros, como el caso de una disminución del 5 por ciento en el Producto Interno Bruto en el año fiscal anterior, con lo que se permitiría reestructurar este tipo de créditos aun a las administraciones estatales que estuvieran por concluir, con opción a la “ampliación” de plazos de pago.

“Cuando el Instituto Nacional de Estadística y Geografía presente los primeros resultados del Producto Interno Bruto al cuarto trimestre del ejercicio fiscal inmediato anterior y en el comparativo anual se observe una disminución mayor al cinco por ciento en términos reales, las entidades federativas y los municipios podrán reestructurar las obligaciones a corto plazo contratadas y dispuestas durante el ejercicio fiscal de dicha disminución”, indica el artículo 32 B de lo aprobado en la Cámara Baja y ahora pendiente en el Senado.

“Las reestructuras a las que refiere el presente artículo podrán considerar la ampliación del período de pago de las obligaciones a corto plazo hasta el 31 de diciembre del ejercicio fiscal en el que se celebren dichas reestructuras (...). Lo anterior también aplicará para las entidades federativas y los municipios que concluyan el período de gobierno correspondiente”, agrega el mismo texto. 

Desde junio de 2020, Terrazas informó que, con las modificaciones, se buscaba “que se permita que sea hasta un año posterior que se paguen los cortos plazos, no importa que brinque de gobierno, en este caso, por el tema de la pandemia, que sea un caso de excepción”.

Esto, agregó la legisladora entonces, debido a que “(Chihuahua) viene arrastrando algo terriblemente pesado con la deuda”, agravado con los términos del actual marco legal.

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