De magistrados oxigenadores a jueces provisionales

Chihuahua— Desde hace diez años, el Poder Judicial del Estado ha sido señalado por las constantes controversias, luchas, señalamiento por cuestionables procesos, nepotismo y compadrazgos.

Hasta antes del magistrado presidente Javier Ramírez Benítez todo marchaba en orden al interior del Tribunal Superior de Justicia (TSJ, antes Supremo Tribunal de Justicia).

Rodolfo Acosta Muñoz terminó su período del 5 de octubre de 2007 al 5 de octubre de 2010, y quedó en su lugar Ramírez Benítez, cuyo nombramiento coincidió en tiempos con el inicio del mandato de César Duarte. 

Las relaciones institucionales entre el Ejecutivo y el Judicial caminaban con la normalidad acostumbrada, hasta que en 2013 una ‘rebelión’ de magistrados truncó la posibilidad a Ramírez de ejercer su derecho a reelegirse durante un segundo período luego de cumplir el primero de tres años.  

El duartismo

Ramírez Benítez sorteó los embates que le adjudicaban la responsabilidad política por la resolución de los jueces Catalina Ochoa, Rafael Boudib y Netzahualcóyotl Zúñiga, que absolvieron al asesino de Rubí Frayre, hija de Marisela Escobedo, y a quienes César Duarte mediante declaraciones públicas amenazó con destituirlos, dejando de nuevo en entredicho la independencia del Poder Judicial.

También fue objeto de señalamientos por gozar de un sueldo de 154 mil 232 pesos, casi 23 mil pesos más que el mismo gobernador, reclamo al cual cedió después de dos años, cuando buscaba la reelección y redujo sus percepciones para dejarlas prácticamente iguales a las del mandatario. 

El 5 de octubre de 2013, Alberto Vázquez Quintero fue nombrado presidente del TSJ a pesar de haber sido señalado como uno de los jueces que cometió graves errores en el caso de Campo Algodonero que terminó con una sentencia en contra del Estado Mexicano; su presidencia duró sólo cinco meses, necesarios para el arribo del entonces preferido de Palacio de Gobierno, José Miguel Salcido, parralense, quien a pesar de su nula experiencia, fue nombrado magistrado de una nueva Sala de Control Constitucional creada especialmente para su incorporación, para después ser nombrado presidente del STJ el 28 de febrero de 2014. 

Salcido, generosa jubilación

Salcido sobrevivió durante casi dos años de gestión. Operó al interior la jubilación forzada de 13 magistrados para materializar la llamada Reforma Judicial también conocida como “oxigenación” del Poder Judicial, a través de la cual obtuvieron magistraturas Leo David Alvarado Roldán, Rogelio Guzmán Holguín, Gabriel Humberto Sepúlveda Reyes, Jorge Abraham Ramírez, Delia Holguín López, Rafael Julián Quintana Ruiz, Héctor Javier Talamantes Abe, José Alfredo Fierro Beltrán, Miriam Victoria Hernández Acosta, Luis Villegas Montes, Adela Alicia Jiménez Carrasco, César Fernando Ramírez Franco y Eduardo Filiberto Terrazas Padilla.

A todos se les señaló por su cercanía con Duarte o tener acuerdos políticos con sus allegados.

La reforma quedó a medias por la coyuntura política que terminó con el ascenso de Gabriel Sepúlveda y el nombramiento de Salcido como secretario de Educación estatal.

El 8 de diciembre del 2015 y bajo la protesta de Salcido Romero, el también parralense Sepúlveda fue nombrado presidente del Tribunal; al primero le concedieron el 1 de enero de 2016 la jubilación con un sueldo mensual de 116 mil pesos a pesar de contar con poco más de dos años como magistrado, cuando la ley establece que el derecho a la jubilación se concede a partir de los 5 años de ejercicio en la magistratura, mientras el segundo continuó con los encargos políticos del duartismo.

Compadrazgo de otro parralense

Sepúlveda llegó mediante un proceso simulado, y se avocó al impulso de la reforma que consistía en el nombramiento fallido de 75 nuevos jueces afines, entre los que se encontraba, por citar un ejemplo, Luis Enrique González Rodríguez, designado juez de Control Provisional, e hijo del exfiscal general Jorge González Nicolás, en ese entonces secretario de Seguridad Pública del Municipio de Juárez.

Los méritos de Gabriel Sepúlveda también fueron cuestionados en su momento, adjudicando su compadrazgo con Duarte como el principal motivo para ocupar la presidencia del Tribunal a pesar de carecer de carrera judicial. Previo a su nombramiento se reformó la Constitución Estatal y la Ley Orgánica del Poder Judicial a través del Congreso del Estado –en tan sólo una semana– y se establecieron normas ‘a modo’ que brindaron a los diputados discrecionalidad en los nombramientos, simulando procesos. 

Sólo duró 11 meses en el puesto; el sistema político alrededor del duartismo no contaba con que el PRI perdería las elecciones por la gubernatura, y el panista Javier Corral, apenas tomó el poder, fijó sus objetivos dentro del Tribunal Superior de Justicia, influyendo de manera directa en la cancelación del nombramiento de los 75 jueces e impulsando a través del diputado Javier Latorre, coordinador de los panistas (entonces nueva fuerza legislativa mayoritaria), una nueva reforma que dejaba sin efecto la presidencia de Sepúlveda y el método de elección de titular del STJ por parte de los magistrados.

En noviembre del 2016 Sepúlveda presentó un amparo que rechazó el juez de distrito, pero no conforme llevó su caso hasta la Suprema Corte de Justicia, donde le admitieron la controversia constitucional que interpuso en contra de la nueva reforma corralista, que resultaría una contrarreforma de la de Duarte. 

Corral operó el Tribunal con ‘Lucha’ Castro

Bajo el visto bueno corralista, el 12 de noviembre de 2016 fue nombrado nuevo titular del Poder Judicial el magistrado Julio César Jiménez Castro, pero el poder de facto parecía ejercerlo la consejera de la judicatura y operadora de Corral, Luz Estela ‘Lucha’ Castro.

La mano de Corral dirigía la presidencia de Jiménez Castro, hasta que la Suprema Corte de Justicia determinó el 4 de abril de 2018 invalidez constitucional en su nombramiento, la ilegibilidad de su perfil de cara a un nuevo proceso de selección y regresaba por interpretación del derecho, además, la presidencia al quejoso Sepúlveda, quien decidió declinar ante el apabullante poder del gobernador al interior del Tribunal.

El 10 de abril de 2018 fue nombrado nuevo presidente del TSJ el magistrado Pablo Héctor González Villalobos, quien transitó con relativa calma hasta el 28 de marzo de 2019, con el estallido del llamado escándalo por el turbio proceso de selección de 54 jueces y 7 magistrados, por el que se acusó a “Lucha” Castro de manipulación de los exámenes y demás resultados para favorecer perfiles cercanos.

El 18 de octubre de 2019 Lucha Castro renunció a su consejería en la Judicatura sin rendir cuentas por las acusaciones, y el 4 de octubre de 2020, González Villalobos fue reelecto en la titularidad del Poder Judicial, sorteando procesos orquestados desde Palacio en contra de la hoy gobernadora María Eugenia Campos, además de la reciente crisis, provocada al tratar de ratificar a Silvia Catalina Uranga Mendoza y Luis Carlos Flores Morales, ambos designados mediante el llamado “cochinero”.

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