Diario
Estado
domingo, 17 noviembre 2019 | 10:35
Pese a la existencia de la ley general contra la tortura promulgada en junio de 2017, ese delito permanece en la impunidad en el estado, denuncia el Observatorio Contra la Tortura.
En la entidad han sido iniciadas 673 investigaciones por las agencias del Ministerio Público –del fuero federal y común– entre el 2013 y el 2017. Sólo seis sentencias han sido obtenidas por la representación social, indica el reporte dado a conocer esta semana.
En ese lapso una víctima ha recibido la reparación integral del daño, mientras que dos son atendidas por la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAC) y están en el registro nacional, indica el mapa virtual que presentó el Centro ProDH.
Dicho colectivo, que recibe acompañamiento de la Oficina en México de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, obtuvo la información a través de solicitudes de datos en todo el país y destaca que a nivel nacional existen 9 mil 998 expedientes abiertos por tortura.
Subraya que sólo dos entidades presentaron cargos ante alguna autoridad judicial en 2018, a pesar de la apertura de más de 3 mil 600 investigaciones penales por tortura en el fuero estatal.
En el 2018 ninguna entidad reportó sentencias impuestas en casos de tortura y sólo 10 estados cuentan con una fiscalía especial para investigar tortura conforme lo previsto en la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes. Otros 10 estados informaron contar con unidad de investigación.
La tercera parte de las entidades, entre ellas Chihuahua, aún no institucionaliza una fiscalía especial o unidad de investigación contra la tortura.
También mencionan que en los primeros meses de 2019 solamente tres entidades informaron contar con registros de tortura que se ajustaran a los elementos requeridos por la ley y Chihuahua no se encuentra entre esos estados.
Ayer se buscó una entrevista con el fiscal general, César Augusto Peniche Espejel, sin embargo no atendió la solicitud de información.
Monitoreo a nivel nacional
La iniciativa ciudadana creó la plataforma sintortura.org, mediante la cual se realiza un monitoreo a nivel nacional de la implementación de la ley general contra la tortura.
Los datos, obtenidos a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, muestran los vacíos en la investigación, prevención y sanción del delito.
La herramienta muestra, a partir de 10 rubros de indicadores a nivel federal y en las 32 entidades federativas, los pendientes en el combate a la tortura.
En cada indicador permite comparar información de 2013 a 2017 y en algunos rubros hasta 2018, para así mostrar el panorama general previo a la promulgación de la ley y los hallazgos posteriores a ésta, cita el Observatorio.
“Esto se suma a un contexto en el que se han identificado límites importantes en el acceso de las víctimas a exámenes médicos y psicológicos. El número de peritos especializados en la documentación de secuelas de tortura es insuficiente, además que muchos de ellos dependen de las procuradurías y fiscalías, restándoles independencia e imparcialidad en el resultado de sus peritajes”, expone.
El mapa muestra que Chihuahua cuenta con cuatro peritos especializados que atenderían a los 673 denunciantes, es decir cada especialista debe ocuparse en promedio de 168 víctimas directas.
El observatorio identifica también pendientes en el desempeño del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, a la vez que señala la poca eficacia de las comisiones en defensa de los derechos humanos, pues en el caso de Chihuahua la Comisión Nacional sólo ha emitido 16 recomendaciones, mientras que la estatal ha realizado 339 observaciones a la Fiscalía General del Estado y a las policías municipales.
El Observatorio, que obtuvo datos mediante solicitudes de información, se enfrentó a la opacidad de algunas instituciones: algunas no respondieron, en otras hubo falta de desglose de datos y, en casos puntuales, datos contradictorios.
“No obstante son un punto de partida para reconocer los avances y vacíos existentes en torno a la implementación de la ley”, expone.
Tras la presentación del mapa virtual, las organizaciones hicieron un llamado a la Fiscalía General de la República, la Secretaría de Gobernación, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, el Poder Judicial y demás autoridades federales y estatales responsables de la prevención, investigación, sanción y reparación de la tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes, a que realicen las acciones necesarias para cumplir con los objetivos de la ley general y garantizar el acceso a la justicia y reparación integral a las víctimas de tortura en México.