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Estado

Dan migajas 12 alcaldes a policías

Carecen municipios de elementos y armamento suficiente

Argelia Domínguez
El Diario de Chihuahua

lunes, 18 julio 2022 | 08:41

Chihuahua- A pesar de contar con un presupuesto conjunto de 668 millones 590 mil 422 pesos, doce municipios gobernados por distintos partidos destinan menos del 9 por ciento para proveer seguridad pública a sus ciudadanos.

De éstos, siete carecen completamente de elementos y otros cinco cuentan con estado de fuerza reducido o no tienen armamento. Por ello, la seguridad es proporcionada por la Secretaría de Seguridad Pública Estatal (SSPE) y la Guardia Nacional que realizan rondines, pero no tareas de prevención de los delitos.

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Son los municipios de Coronado, Galeana, Gómez Farías, Guadalupe Distrito Bravos, Ignacio Zaragoza, Praxedis G. Guerrero y Moris, los que no tienen ni un solo policía municipal, según el diagnóstico elaborado por Gobierno del Estado para el Plan Estatal de Seguridad Ciudadana y Procuración de Justicia 2022-2027. Sus presupuestos anuales suman 290 millones 850 mil 188.37 pesos.

En Coronado, el director de Seguridad Pública, Manuel Galarza, y los seis policías municipales renunciaron en junio de este año, tras un enfrentamiento en la carretera a Allende que dejó como saldo cuatro personas sin vida, dos de ellas decapitadas.

El presupuesto de egresos para este municipio es de 26 millones 240 mil 422.63 pesos y en materia de seguridad contempla únicamente los montos de salarios para quienes eran parte de la Policía Municipal. Cada agente percibía un sueldo mensual de 9 mil 626.72 pesos, mientras que el titular de la corporación tenía un ingreso de 12 mil 776.72 pesos.

El presidente municipal, Leo López Muñoz, del PAN, aseguró que van “muy bien” en materia de seguridad, pues la carencia de elementos preventivos se ha compensado con la presencia de personal de la Guardia Nacional, así como de la Policía Estatal que, generalmente, mantiene a ocho policías en el municipio.

Sobre el destino de la corporación municipal, el edil refirió que están en pláticas con el Gobierno estatal para determina si éste asumirá de lleno las labores de seguridad pública. “No hemos esclarecido bien quién se va a hacer cargo”, comentó.

El municipio de Galeana, encabezado por Ammon Dayer Lebaron Tracy, de Acción Nacional, cuenta con un presupuesto de 45 millones 864 mil 606.20 pesos, de los cuales 4 millones 215 mil 892 son para temas de seguridad pública; es decir, el 9.4 por ciento.

El edil declaró a El Diario que, pese a la falta de elementos municipales, la SSPE cuenta con 10 elementos que de manera permanente se encargan de patrullar. Abundó que tienen una gran colaboración de la gobernadora Maru Campos Galván, y del titular de la SSPE, Gilberto Loya Chávez, quienes mantienen la recomendación que sea el Estado el que se encargue de la seguridad pública. Subrayó además que “Galeana es uno de los municipios más tranquilos del estado, pues no se reportan homicidios ni extorsiones”.

Gómez Farías, municipio gobernado por María de los Ángeles Moreno del PRI, tampoco tiene un solo policía municipal. Cuenta con un presupuesto de 44 millones 199 mil 813.75 pesos. No aparecen partidas específicas para seguridad.

Este municipio ha sido escenario de diversos hechos violentos. Desde 2016 los reportes de enfrentamientos entre grupos criminales, secuestros y hasta incendio de viviendas han sido recurrentes. En septiembre de 2018, el médico Blas Godínez, que había triunfado en la elección a la Presidencia Municipal, fue atacado a balazos en su consultorio. Aunque sobrevivió, las secuelas físicas impidieron que el doctor ocupara el cargo y se retiró por completo de la vida pública. Un año antes miembros del crimen organizado habían secuestrado a su padre, también médico.

Guadalupe Distrito Bravos, encabezado por Fausto González, del Partido Verde, es otro de los municipios que carece de policías municipales. En su presupuesto de 48 millones 678 mil 841.93 pesos, no aparecen asignaciones para seguridad.

Ignacio Zaragoza, actualmente gobernado por Lauro Orozco Gómez, de Movimiento Ciudadano (MC), cuenta con un presupuesto de 40 millones 288 mil 285.15 pesos, del que se destinó un monto de 3 millones 875 mil 701.44 pesos a seguridad, lo que representa el 9 por ciento.

Aunque no tiene elementos policíacos, en el tabulador de sueldos se aprobaron 10 plazas de agentes municipales con un sueldo de 13 mil pesos mensuales. También hay una plaza de director de seguridad, de subdirector y comandante, cada una con una remuneración de 24 mil pesos. Ademas se contempla una plaza de jefe de grupo, con un salario de 17 mil pesos.

Entre los hechos que se han registrado en este municipio está la privación de la libertad y asesinato del tesorero municipal, Guadalupe Payán Villalobos el 5 de marzo de 2018. El miércoles 27 de febrero de 2019, fue “levantado” y luego asesinado el síndico Román Antonio Quezada Sánchez. El 18 de febrero de este año fueron asesinados en su domicilio la maestra de Telesecundaria, Mayra Cristina Mireles Quezada, y su hijo de 15 años, Roberto Chávez Mireles.

Praxedis G. Guerrero, cuyo presidente municipal es Celestino Estrada Buzo, del PAN, tampoco tiene policías. En su presupuesto anual de 35 millones 399 mil 035 pesos, hay una partida de sólo 241 mil 314 pesos para seguridad.

Finalmente, Moris, presidido por Perla Gacela López Pérez, del PRI, aprobó un presupuesto de 50 millones 179 mil 183.71 pesos, de los que sólo hay un monto de 353 mil 500.28 pesos para seguridad.

Aunados a estos municipios se encuentran Bachíniva, Bocoyna, Maguarichi, Satevó y Urique que tienen una cantidad mínima de policías preventivos o sus corporaciones están desarmadas. Entre los cinco ejercerán 377 millones 740 mil 229 pesos este año.

De acuerdo con el presupuesto de egresos aprobado para 2022, el municipio de Bachíniva, encabezado por la panista Viviana Altamirano, cuenta con 41 millones 133 mil 658 pesos, de los que se identifica una partida de sólo 200 mil pesos para seguridad. En esta localidad hay únicamente tres agentes preventivos.

Bocoyna, donde gobierna Macario Baldívar Hermosillo Pompa del PAN, tiene 10 agentes que se dedican sólo a labores de Vialidad y Tránsito y cuenta con un presupuesto de 140 millones 436 mil 982.65 pesos. En el documento aprobado por el Cabildo no aparecen partidas específicas para seguridad pública.

El lunes 11 de julio, un hombre intoxicado ingresó a la vivienda de la doctora del IMSS, Masiel Mexia Medina, de 38 años, ubicado en el Barrio La Pinta, en la comunidad de San Juanito, y le disparó en varias ocasiones en la cabeza y el tórax. Aunque la galena fue trasladada a la clínica, perdió la vida.

En Maguarichi, municipio encabezado por el priista Pedro Ignacio Quezada Enriquez, cuenta con una Policía Municipal integrada por 12 elementos, además del director de Seguridad. Sin embargo, la SPPE y la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) retiraron las 11 armas largas y 12 cortas de la corporación por no cumplir con los requisitos establecidos dentro de la licencia colectiva de armamento.

Esta localidad tiene un presupuesto aprobado de 31 millones 609 mil 808.26 pesos, de los cuales destina un millón 517 mil 784 pesos para el pago de salarios de las 12 plazas de agente preventivo, de director y de comandante, los cuales oscilan entre los 7 mil 500 y 11 mil 133 pesos mensuales.

Satevó, municipio gobernado por la panista Norma Muñoz, tiene sólo tres elementos de seguridad. De su presupuesto de 41 millones 758 mil 752.92 pesos, asignó sólo 2 millones 546 mil 506 pesos a este rubro; es decir, el 6.09 por ciento.

La edil aseguró que la falta de policías municipales no ha sido un problema ya que existe una excelente coordinación con las autoridades estatales; sin embargo, se reservó dar más detalles sobre la corporación municipal.

En el municipio de Urique, dirigido por Daniel Silva Figuero de MC, existe un estado de fuerza de 51 elementos municipales que también fueron desarmados desde el 26 de junio. Se retiraron 15 armas cortas y 41 armas largas.

En este municipio fueron asesinados dos sacerdotes, un guía de turistas y un joven de la comunidad Cerocahui, a manos del líder criminal Noriel Portillo Gil, alias “El Chueco”, que opera en la región para el grupo de Los Salazar que, a su vez, trabaja para el Cártel de Sinaloa en el municipio de Chínipas, donde se contabilizan sólo 20 elementos municipales.

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