Estado

Dan 5.5 mdp a protección de activistas y periodistas

La Unidad Estatal de Protección está integrada por un equipo especializado en materia de psicología, trabajo social y jurídico

Tomada de internet / Fotografía ilustrativa

Staff
El Diario de Chihuahua

martes, 21 enero 2020 | 14:58

Chihuahua.- La Fiscalía General del Estado asignó este año más de 5.5 millones de pesos para la Unidad de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas del Estado, la cual a partir de 2020 se identifica como la Fiscalía Especializada en Investigación de Violaciones a Derecho Humanos y Desaparición Forzada, según consta en el oficio número FGE- 4C.5/1/2/27-2020 de la unidad de transparencia de dicha dependencia. 

Del presupuesto autorizado para este 2020 (5 millones 582 mil 519 pesos), 400 mil 264 pesos es para materiales y suministros, mientras que 5 millones 182 mil 255 son para servicios generales. 

La Unidad fue instalada el 28 de enero de 2019, dando cumplimiento al acuerdo número 107/2018 emitido por el Gobernador Constitucional del Estado y publicado en el periódico oficial del estado el día 13 de octubre del año 2018. 

Actualmente la Unidad Estatal de Protección está integrada por un equipo especializado en materia de psicología, trabajo social y jurídico, así como personal de la agencia estatal de investigación, sumando un total de 20 servidoras y servidores públicos para la atención dentro del territorio estatal. 

Desde su creación han sido atendidos 45 casos en todo el territorio estatal, en los cuales se han brindado medidas consistentes en; alojamientos temporales, resguardo, custodia, protección, suministro de alimentos, renta de inmuebles, menaje, pago de servicios públicos, traslados dentro y fuera del territorio estatal, atención jurídica, atención psicológica entre otras. 

Esta unidad tiene como prioridad elaborar un análisis profundo de las circunstancias en las que se encuentra el beneficiario, para precisar el tipo de riesgo o peligro que presenta, y de esta manera, analizar la aplicación de las medidas de protección legales que se consideren necesarias, a efecto de proteger la vida e integrada física de este; permitiendo así el ejercicio de sus derechos y deberes en el marco de procuración y administración de justicia, sin ser sujetos de intimidación, amenazas o presione en la participación de algún proceso.