Dan 28 años de cárcel a mandos estatales

Los sentencian por la desaparición forzada de tres detenidos

Manuel Salcedo /
El Diario
miércoles, 10 abril 2019 | 06:00

Cuauhtémoc— Una pena de 28 años de prisión les fue impuesta a Jesús Cortés Jiménez, primer comisario del Mando Único en Cuauhtémoc, y a Israel Córdova Castro, director operativo, como responsables del delito de desaparición forzada, en contra de tres hombres detenidos el 9 de junio de 2017, cuyo paradero aún se desconoce. 

La sentencia es la primera que se impone en México por este delito, que jamás se había judicializado hasta ahora, cuando los policías federales de origen y comisionados a las Fuerzas Estatales, fueron acusados de haber desaparecido a Daniel Valladolid, Jesús Manuel Guadarrama y Leonardo Arcos Mora.

Desde que ocurrió el incidente, al día siguiente Cortés Jiménez negó la acusación que familiares hicieran pública y que fue parte fundamental de la investigación que realizó la Dirección de Inspección Interna de la Fiscalía de Control, Análisis y Evaluación, dependiente de la Fiscalía General del Estado.

El Tribunal de Enjuiciamiento Oral compuesto por los jueces Gabriel Reyes, Ana Estrada y Zulema Chacón, declaró culpables a los imputados desde la semana pasada y ayer dictó la pena individualizada contra Cortés Jiménez y Córdova Castro, que además de la sanción en prisión contempla una multa de 60 mil y 50 mil pesos, respectivamente.

Además a ambos se les inhabilita para ocupar cargos públicos.

En cuanto a la reparación de daño el Tribunal que conoció de la causa determinó que será mediante una vía incidental en que se determinen los montos a pagar a cada una de las familias directas a indirectas.

Los ahora sentenciados fueron encontrados culpables de los hechos ocurridos  el día 9 de junio del año 2017 en que se registró la desaparición de Jesús Manuel Guadarrama Cisneros, Daniel Valladolid Martínez y Leonardo Arcos Mora, quienes fueron detenidos en colonia La Ciudadela.

De acuerdo a las investigaciones del Ministerio Público adscrito a la Dirección de Control Interno de la Fiscalía General del Estado, los tres jóvenes en mención nunca fueron ingresados a celdas ni remitidos a ninguna otra instancia.

Las víctimas estuvieron bajo resguardo de ambos jefes policiacos encargados de Seguridad Pública Municipal en Cuauhtémoc.

El tribunal consideró improcedente imponer una pena mayor a los 28 años, pese a que el Ministerio Público la había solicitado, por las agravantes del caso, como que ambos eran funcionarios encargados de la seguridad de la ciudadanía.

Además, presumía que las víctimas habían sido torturadas y privadas de la vida, hecho que resultaba imposible de acreditar al no tener la certeza sobre el paradero de los jóvenes, motivo por el que no pudieron ser acusados de homicidio.

Asimismo, había solicitado una pena mayor por el impacto emocional a la familia de cada una de las víctimas, pues mantienen “suspendido en el tiempo” el período de duelo al no saber de sus familiares.

Además, por haberles coartado el proyecto de vida, ya que los desaparecidos proveían económicamente de seis menores en total.

En contraparte, la defensa había pedido desestimar la causa penal al presentar el registro del Protocolo de Información Criminal que ofrece la Fiscalía General del Estado, mediante el cual pudo corroborarse que los dos sentenciados no tenían antecedentes de conductas violentas, delictivas o sospechosas.

Además, la defensa argumentó que algunas de las presunciones para solicitar la pena máxima, no fueron comprobadas en el juicio, razón por la que pedían la condena y multa mínima para los imputados.

Para el caso de Israel Córdova Castro, su registro asentó que trabajó como policía federal en la delegación Coyoacán de la hoy Ciudad de México, y que posteriormente laboró como Policía Ministerial en Cacahoatán y Pichucalco, dentro del estado de Chiapas, así como en el estado de Tlaxcala, todo esto antes de ingresar a la Comisión Estatal de Seguridad en Chihuahua y ser asignados a Cuauhtémoc como parte del Mando Único Policial.

En el caso del primer Comisario del Mando Único en la historia del municipio, Jesús Cortés Jiménez, se refirió su paso como Policía Federal de la División Caminos adscrito a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en las delegaciones Coyoacán y Álvaro Obregón de la Ciudad de México, así como Policía Federal en San Luis Potosí y en Saltillo Coahuila, sin que se refiera alguna conducta delictiva desde su alta en 1999 como agente federal.

Ambos fueron invitados a laborar en Chihuahua al comienzo de la administración actual, cuando se creó la Comisión Estatal de Seguridad, al mando de Óscar Alberto Aparicio.

Luego de evaluar la situación, los jueces Reyes, Estrada y  Chacón, resolvieron la pena para cada uno, independientemente de la valuación del monto para la reparación del daño, que aún no ha sido definida.

El tribunal colegiado determinó finalmente que si bien es cierto existen algunos elementos que destacan la gravedad de este delito cometido por los agentes, no todos los elementos fueron debidamente comprobados, además de existir también la intención de la reinserción a la sociedad, motivo por el que se estableció la sentencia de 28 años de prisión para cada exagente de la Comisión Estatal de Seguridad.


Mantienen la esperanza de su hallazgo

Ricardo Valladolid, hermano de Daniel, y a nombre de las familias que resultaron afectadas, mencionó que luego de dos años “se hace justicia” por parte de una autoridad, pero destacó que aún queda el pendiente su hallazgo.

“Dar con el paradero de las personas, saber cuál ha sido su suerte, ya sea una noticia fatal o saber dónde se encuentran en este momento, es algo que todavía nos aflige a las familias”, dijo el hermano de una de las tres víctimas.

Reconoció que fue un proceso muy largo pero que se hizo justicia con investigaciones profesionales y convincentes, pero recalcó que siguen con el pesar de no saber si están vivos o muertos sus familiares.

A Daniel Valladolid Martínez le sobrevive un hijo que perdió años atrás a su madre y que al momento desconoce el paradero de su padre. El menor está a cargo de sus abuelos.

A Leonardo Arcos Mora le sobreviven dos hijos y a Jesús Guadarrama tres, todos menores que reclaman también su hallazgo, junto con hermanos, madres, esposas de las víctimas, que han padecido todo este proceso.


Se sienta un precedente histórico

En torno a este punto, la directora de Inspección Interna de la FGE, Ericka Jasso, dijo que existe un compromiso directo con los familiares de mantener la búsqueda de las tres personas desaparecidas, así como el de mantener contacto permanente con las familias para acompañarlas en todo éste proceso.

Resaltó también que por tratarse del primer caso en este sentido que se presenta en el país, se sienta un precedente que sirve como ejemplo para el resto de las corporaciones de que no se habrán de tolerar actos de conducta corrupta o delictiva en los agentes de ésta corporación.

Jasso Carrasco señaló que la naturaleza del delito tiene como efecto sembrar el terror no sólo en las víctimas directas e indirectas, sino en la sociedad.

Cada desaparición viola el derecho a la protección del sistema judicial mexicano, el derecho a no sufrir tortura, a ser objeto de una detención humana y del derecho a la vida, consideró la funcionaria.

Dijo que por tratarse de una autoridad, la sociedad anhela y tiene la esperanza de que sean éstos quienes salvaguarden la integridad de la sociedad y no que los sustraigan de la ley.

Por ello la necesidad de sancionarse la desaparición forzada, sin cerrar las investigaciones para dar con el paradero de las víctimas, compromiso que, resaltó, mantiene la Fiscalía General del Estado con sus familiares.