Crecen denuncias por acoso sexual en el Gobierno estatal

Ciudad Juárez— Menos del 5 por ciento de las denuncias por abuso y hostigamiento sexual interpuestas contra de servidores públicos durante los últimos 10 años, terminaron en una sentencia condenatoria, indican datos de la Unidad de Transparencia de la Fiscalía General del Estado (FGE).

La misma estadística a nivel estatal, señala que las denuncias tuvieron un incremento durante los últimos cuatro años, es decir, en la actual administración.

De un total de 121 denuncias recibidas de 2010 a 2020, seis terminaron en una sentencia condenatoria, otras seis han sido judicializadas,  55 se encuentran en proceso de investigación, en 30 se determinó el no ejercicio por diferentes causas, nueve se encuentran en archivo temporal, en cinco hay vinculaciones a proceso, dos declinaron, en siete hubo sobreseimiento, es decir, extinción de la acción penal y en una hubo un acuerdo reparatorio ante el juez de garantía, detalla el oficio FGE-4C.5/1/2/255-2021 017542021.

La solicitud de información fue realizada por la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos A.C. 

Giselle Yañez, investigadora de esa instancia, dijo que la falta de sentencias condenatorias, más allá de ser responsabilidad del Poder Judicial, lo es también de quienes integraron el caso.

“Si la Procuraduría o Fiscalía no ha respetado la debida diligencia, ha sido benevolente con algunos funcionarios o servidores, eso también influye en la sentencia condenatoria porque se integran carpetas deficientes, deficientes por omisiones en algunos casos y en otros tal vez no había una tipificación correcta y no se pudo avanzar” mencionó.

Dijo que las lagunas que existen en  el diseño protocolos, reglamentos, leyes y la implementación, permiten carpetas de investigación mal integradas o interpretaciones jurídicas que pueden ser sesgadas en género, es decir, que no encuentran el problema aún con fundamentos jurídicos. 

“Hay investigaciones desde el 2013, esto nos habla de que seguramente no hay un respeto a la debida diligencia, no hay una investigación cuidadosa y que esto hace que las partes denunciantes también pueden desistir”, puntualizó.

Dijo que también se debe denotar que las sentencias condenatorias fueron a partir de 2016.

Destacó que la etiquetación del delito es la clave para que haya sentencias, ya que al no haberlas no puede existir tampoco una reparación del daño a la víctima.

Refirió además que la recomendación que hace la instancia a la que ella pertenece, es a que, al no avanzar una investigación, la víctima recurra a instituciones más allá de las estatales como la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).

A partir de la sentencia de Campo Algodonero se denunció la violencia institucional.

La investigadora también destacó que los datos arrojaron que las denuncias contra servidores públicos incrementaron, lo cual puede atribuirse también a que se a partir de la sentencia de Campo Algodonero, este tipo de violencia se institucionalizó y se hizo visible, es decir, antes era normalizada.

El documento indica que en 2010 se iniciaron dos carpetas de investigación, en 2011 tres, en 2012 cuatro, en 2013 tres, a partir de 2014 empezó el incremento con 15 casos, en 2016 fueron 11 carpetas, en 2017 16, en 2019 17 y en 2020 16 casos.

Yañez dijo que en la sentencia de Campo Algodonero, una de las recomendaciones que hizo la Corte Interamericana de Derechos Humanos a FGE es que tenía que  capacitar a su personal y sensibilizarlos en temas de igualdad para que puedan hacer su trabajo de la manera correcta.

“Lo que llama la atención es que la sentencia tuvo lugar en 2009 y que en lugar de que hubiera un decremento de esos casos hubo un incremento”, mencionó.

Manifestó que esto se puede deber a que haya un aumento real de la violencia de género institucional o a que se empezó a documentar, a contar y empezó a haber mecanismos para concientizar al personal femenino sobre el hostigamiento.

“Lo que antes era visto como  parte de la cultura normal, el que salgamos a comer juntos pero que uno de mis compañeros se quiera pasar de listo podía haber sido visto antes como algo normal del ambiente laboral pero a lo mejor para 2017, con toda esta capacitación que ha tenido la Fiscalía y movilizaciones sociales cambió la idea, si salimos de comisión y soy una perito y mi compañero está tocándome, yo ya puedo hablar de que hay hostigamiento o abuso”, refirió.