Crece lista de exfuncionarios sancionados por la SFP

Ciudad Juárez— En el último año la lista de exfuncionarios amonestados por la Secretaría de la Función Pública del Estado creció de 23 a 25, de acuerdo con el Reporte de Servidores Públicos Sancionados del Gobierno federal.

Sin embargo, ninguno de éstos obedece a los casos de corrupción donde servidores públicos de la actual administración fueron señalados e investigados por la secretaría.

Uno de los últimos exfuncionarios con una sanción de la SFP resuelta en 2019 fue Ever Eduardo Aguilar Sandoval, excoordinador administrativo de la Secretaría de Hacienda.

Fue acusado de orquestar todos los desvíos de recursos públicos en la gestión de César Duarte Jáquez, y la SFP lo inhabilitó para ejercer cargos públicos durante tres años el pasado 6 de junio de 2019.

En el catálogo de las sanciones impuestas por los gobiernos estatales aparece también Basilio Ildefonso Barrios Salas, exsecretario de Salud, con una inhabilitación de dos años, emitida el 17 de enero del año pasado.

Este hombre fue acusado de adquirir medicamentos a sobreprecio. En la causa de la sanción, la Función Pública determinó que violó las leyes y la normatividad presupuestal.

Ese mismo año también fue inhabilitado dos años Héctor Armando Alvídrez Velarde, por dos años, por el mismo motivo, tras una auditoría del órgano de control interno de la SFP que se inició el 17 de enero de 2019.

En dicha lista están castigos contra más exfuncionarios duartistas, como Ricardo Yáñez Herrera, exsecretario de Educación, Maurilio Ochoa Millán y Raúl Enrique Javalera Leal, quienes también fueron inhabilitados durante el mismo tiempo, acusados de negligencia administrativa.

La sanción más grande impuesta por la secretaría a un exservidor público duartista fue aplicada a Jorge Arturo Ostos Molina, quien trabajó en la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Coespris), y fue detenido e imputado en 2013 por el desfalco de un millón de pesos. 

Pero no aparecen castigos todavía contra Rodolfo Bermejo Rodríguez, extitular del Instituto de Infraestructura Física Educativa (Ichife), quien fue acusado por empleadas de esa área de acosarlas sexualmente desde 2017, e inhabilitado por la SFP por siete años.

Además de los nombres de Ernesto Ávila, exsecretario de Salud en esta administración que se adjudicó un bono de más de 100 mil pesos en diciembre de 2016; y el de Hugo Almada Mireles, quien fuera subsecretario de Desarrollo Social al inicio del presente gobierno, señalado de acoso laboral. 

Tampoco resoluciones contra casos como el de Antonio Pinedo Cornejo, acusado de favorecer con contratos a su pareja sentimental, y quien fue recontratado a finales del año pasado en la Coordinación de Asesores y Proyectos Especiales.

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