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Estado
sábado, 12 octubre 2019 | 06:00
Chihuahua— La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dio entrada a la denuncia presentada por la defensa del exlíder magisterial Alejandro Villarreal, detenido desde el 1 de abril acusado de desvío de recursos. En la denuncia señala abusos judiciales de las autoridades chihuahuenses en su contra y se dice perseguido político.
El oficio lo presentaron el 30 de septiembre pasado y el 7 de octubre se acordó analizar el tema desde el despacho del ministro presidente Arturo Zaldívar, según consta en documentos de recibido publicados ayer por Villarreal en redes sociales.
“Reconozco y agradezco proministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Dr. Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, donde nos brinda el apoyo e indica el seguimiento jurídico del caso que mis abogados defensores expusieron ante la injusticia que estoy enfrentando”.
“Confío en el actuar del Poder Judicial de la Federación, en su imparcialidad, en el correcto y debido proceso, así como en las garantías constitucionales y la defensa de los derechos humanos que en Chihuahua se ven fuertemente violentados”, manifestó el exsecretario general de la Sección Octava del SNTE.
Él tiene varios procesos penales por haber participado en el desvío de varios millones de pesos. A finales de junio del 2018 lo detuvieron por primera ocasión. Meses más tarde salió con un amparo y lo detuvieron nuevamente por unas cuantas horas. Con otro amparo mantuvo el proceso en libertad hasta que lo detuvieron una vez más el 1 de abril de éste año, y desde entonces está interno en el Cereso número 1, en Aquiles Serdán.
En la queja presentada ante la Corte, la defensa establece que se está ante una persecución política y jurídica, por un interés “mezquino” del Gobierno de Javier Corral para mantener en prisión a Villarreal “sin importar el deterioro que ha sufrido en su salud física y emocional”.
Además de esa máxima instancia jurídica del país, la denuncia está presentada en la Secretaría de Gobernación federal (Segob), Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), y Consejería Jurídica de la República.