Convence a juez federal que el exfiscal torturó

Chihuahua.– El juez decimosegundo de Distrito del Poder Judicial de la Federación, Fernando Luévano Ovalle, negó el amparo solicitado por la defensa del exfiscal de Derechos Humanos Francisco G. A. contra el auto de vinculación a proceso que se dictó en su contra el pasado 28 de noviembre por el delito de tortura.

En uno de los puntos de la sentencia del juicio de amparo contra el corralista, expuso que había elementos para considerar razonablemente la existencia del delito y la posibilidad de que el exfiscal lo haya cometido.

“En el particular, este juzgador estima correcta la valoración respecto a la acreditación del hecho ilícito, pues una vez valorados los antecedentes de investigación expuestos por la Ministerio Público que obran en la carpeta de investigación, hasta este momento son aptos para acreditar, razonablemente, la existencia del hecho delictivo expuesto por la Ministerio Público y que Francisco G. A. los cometió”, se puede leer en la resolución.

Francisco G. A. enfrenta una acusación de tortura presuntamente cometida en la pasada administración estatal para obtener declaraciones de testigos con el fin de armar casos en los llamados “Expedientes X”.

La acusación la hizo la Fiscalía General del Estado (FGE) a petición del Instituto Interamericano de los Derechos Humanos, con base en la aplicación del Protocolo de Estambul a cinco personas que señalaron haber sido víctimas de prácticas de presión para que rindieran declaraciones a modo.

La detención del acusado fue realizada el pasado 20 de noviembre en la ciudad de Delicias y fue presentado ante la jueza Hortensia García para la audiencia inicial un día después.

La noche del 28 de noviembre el acusado fue vinculado a proceso y recibió 12 meses de prisión preventiva. La defensa presentó el amparo 2526/2022 con la intención de dejar sin efecto la acción penal.

Entre los argumentos en la solicitud de juicio de amparo estuvieron señalizaciones en el sentido de cuestionar la facultad de la FGE para realizar la acusación y las investigaciones.

Pero el juez expresó que la Fiscalía General del Estado de Chihuahua está regida por diversos principios que determinan su actuar, “entre los que se encuentra el de unidad, ya que con ésta puede habilitarse, bajo las reglas de la jerarquización institucional, a cualquier fiscal, a fin de que le asistan todas las facultades que la ley le confiere con motivo del encargo propio de Ministerio Público, es inconcuso que cualesquiera de sus miembros que tengan el carácter de agentes del Ministerio Público, está en aptitud legal de perseguir los delitos, efectuar órdenes de aprehensión, formular imputación y vinculación a proceso”, indicó.

“Por tanto, como la Fiscalía expuso información obtenida en el cumplimiento de sus atribuciones constitucionales, es legal la determinación de la juez de Control en el sentido de que la agente del Ministerio Público que realizó la investigación inicial solicitó la orden de aprehensión, formuló imputación e instó la vinculación a proceso, es competente para ello, de ahí la infundado del concepto de violación”, añadió.

El juez federal incluyó en su resolución lo presentado por el agente del Ministerio Público, para indicar que se presentaron datos del tiempo en que se habrían cometido los hechos que se le imputan al exfiscal, así como detalles de las prácticas de las que habría sido víctima la parte denunciante.

“Aproximadamente en los meses de julio y agosto del 2017 me mandaron decir (…) que tenía que acudir a la antigua Casa de Gobierno ubicada en la avenida Zarco, a lo que accedí a acudir voluntariamente… estaban siempre groseros, me dejaban solo en la sala cuando no les gustaba lo que les decía. Durante ese tiempo nunca me dieron agua, nunca se me permitía ir al baño, bajaban el aire acondicionado para tener mucho frío, regresaban y me decían que les mentía… Francisco G. usó palabras groseras y ofensivas, se portó bien culero, recibí amenazas por parte de él, de ser detenido si no cooperaba”, es una de las declaraciones presentadas en la audiencia e incluidas en la resolución.

“Comenzaba a decirme que me imaginara cómo se sentiría mi mamá visitándome en el Cereso, que él estaba seguro que yo sabía más cosas y por tanto había ayudado a saquear Chihuahua; que aparte de todo, si me detenían que cómo creía que me iban a recibir los que antes eran mis amigos cuando supieran que yo había colaborado con las investigaciones”.

“Esta sesión duró entre ocho y diez horas, después de esta cantidad de tiempo sin tomar agua, ni comer, sometido a esta presión, llegó el momento donde comencé a llorar”.

En otro de los puntos de la resolución, el juzgador agregó lo explicado por la especialista Arizeth Islas del Castillo, quien en sus declaraciones, luego de analizar a las víctimas, determinó que tuvieron diversas afectaciones físicas, psicológicas y sociales como insomnio, migraña, crisis de ansiedad, gastritis, colitis, problemas renales, ginecológicos o afectaciones en la vida sexual.

Las afectaciones psicológicas fueron baja autoestima, ansiedad crónica, trastorno postraumático y pensamientos suicidas, y las sociales: pérdidas de empleo, estigmatización social, consumo de alcohol y de comida incontrolado, afectaciones en general a sus proyectos de vida. 

Esto como parte de los argumentos para negar el amparo, ya que la defensa pretendió dejar sin efecto la aplicación del Protocolo de Estambul al señalar que esta tarea no fue realizada por una instancia adecuada; sin embargo, el juzgador no aceptó este argumento.