Confiesa juez presiones del corralismo para vincular a Maru

Chihuahua— El primero de abril del año pasado el juez Uriel Samuel Mendoza vinculó a proceso a la entonces candidata a la gubernatura Maru Campos, sin embargo, el mismo juzgador expuso que detrás de esa resolución hubo presiones que llegaron desde varios escenarios, el principal, Palacio de Gobierno.

Mendoza declaró ayer en exclusiva para El Diario que el proceso en contra de la actual gobernadora del estado fue una situación estresante por las presiones que existieron y que intentaron influir en su decisión.

A poco más de ocho meses de la vinculación en contra de Maru Campos, el juez expuso que este asunto fue tratado con muchos matices políticos. “Desde luego tanto para mí como para todos los juzgadores que intervenimos existieron presiones en general por todos los intereses que había; le pudiera decir que inclusive desde Palacio de Gobierno en concreto”, dijo.

El juez penal fue designado en el proceso de selección del 2018, el cual fue cuestionado por diversos actores por la presunta intervención de terceros. En febrero del 2020 fue designado como juez definitivo.

Al ser cuestionado sobre quién fue el principal interesado en que Campos fuera vinculada a proceso, el juzgador expresó que hubo acercamientos y algunas llamadas tratando de influenciar el sentido de la resolución, las cuales atribuyó a personas relacionadas con la Secretaría de Gobierno de la administración corralista.

Sobre la manera en que estas presiones lo afectaron, indicó que fueron meses, que tanto para él como para otros juzgadores que de alguna manera intervinieron, estuvieron marcados por la presión que llegaba desde el Ejecutivo.

Añadió que también hubo partidos políticos que participaron en la presión, incluso de manera física, ya que estuvieron en la sede del Poder Judicial. “No se podía hacer nada en esos días, ni siquiera podíamos salir de aquí (Centro de Justicia)”, dijo.

Destacó que fue el Poder Ejecutivo –a cargo de Javier Corral– el cual tuvo más interés en la resolución de este caso. “Trataron de influir en el sentido de la resolución”, apuntó.

El juez expuso que no haría comentarios sobre si esta presión fue determinante para que haya resuelto la vinculación.

El primero de abril de 2021 Mendoza determinó la vinculación a proceso penal en contra de María Eugenia C. G., María A. S. y Rodrigo D. R., al encontrar elementos suficientes para considerar que existía la probable responsabilidad del delito de cohecho del cual eran acusados.

La audiencia concluyó esa noche pasadas las 22:00 horas con la vinculación a proceso de los acusados de cohecho por supuestamente haber recibido una serie de pagos durante la administración del exgobernador César Horacio D. J.

La acusación del Ministerio Público establecía que entre los años 2014 y 2015, María Eugenia C. G., habría recibido 8.2 millones de pesos; María A. S., 3.4 millones y Rodrigo D. R., la cantidad de 2.4 millones de pesos.

En esa audiencia el juez declaró como auténticas las copias certificadas de los 34 recibos firmados por María Eugenia C. G., en los que se establecían supuestos pagos que habría recibido durante esa administración estatal, pruebas que la defensa de la inculpada solicitó que fueran desechadas al no ser originales los recibos.

Las siguientes audiencias del proceso fueron aplazadas en varias ocasiones debido a amparos promovidos por la defensa, ya que no se le daba acceso al expediente completo.

El 7 de septiembre a Campos le fueron retiradas las acusaciones que la Fiscalía General del Estado llevaba en su contra, luego de que el magistrado de la Sala Tercera Penal, Juan Carlos Carrasco Borunda, determinó quitarle los cargos por el delito de cohecho, por los que estaba vinculada a proceso desde abril.