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Estado
sábado, 24 agosto 2019 | 06:00
Chihuahua— Pensiones Civiles del Estado (PCE) ha puesto como condición a dos esposas de policías asesinados pagar miles de pesos para poder recibir los apoyos que les corresponden.
Las esposas del comandante Luis Carlos Hurtado Armendáriz y el suboficial Sergio Carrillo Sinaloa, ambos asesinados el 8 de marzo pasado en el municipio de Gómez Farías, denunciaron que la dependencia se ha negado a darles las pensiones correspondientes y el pago de los seguros de vida por la muerte de sus maridos, a causa de deudas en sus contribuciones a PCE.
Liliana fue esposa por 11 años de Hurtado Armendáriz, quien se desempeñó por una década como agente estatal en Chihuahua. Denunció que PCE está condicionando la entrega de su apoyo monetario si no liquida un pago de 71 mil 328 pesos de deuda.
La esposa del comandante Hurtado afirmó que la deuda se remonta a cinco años antes de que se promulgase la Ley de Pensiones Civiles del Estado de Chihuahua, el 21 de diciembre de 2013.
“Quieren cobrarme por pagos de cinco años antes de que entrara esa ley”, denunció Liliana. Esto a pesar de que los principios generales del Derecho dictan que ninguna ley se le podrá dar efecto retroactivo en perjuicio a persona alguna, ya sea física o moral.
El caso de Alejandra, esposa de Carrillo Sinaloa, es el mismo, excepto que ella adeuda sólo 490 pesos, correspondientes a la primera quincena de marzo pasado, cuando los policías fueron asesinados por sicarios en el municipio de Gómez Farías.
“La Fiscalía General del Estado dio aviso a Pensiones varios días después de que los mataron, por eso las contribuciones no fueron cobradas directamente de su salario, porque ya había llegado su quincena”, explica Alejandra.
Hurtado Armendáriz y Carrillo Sinaloa iban a bordo de una patrulla junto con otros dos agentes estatales cuando, a su vez acompañados por otra patrulla con otros cuatro policías. Al llegar a la localidad de Peña Blanca, en Gómez Farías, fueron recibidos a disparos y granadas por hombres armados.
Inicialmente habían sido desplegados como agentes de apoyo en el municipio de Madera, ya que ahí había ocurrido un enfrentamiento de sicarios contra autoridades en días previos. El plan era permanecer ahí sólo una semana. Después regresarían a la ciudad de Chihuahua.
Habían pasado dos días desde que los policías arribaron a Madera, sin embargo, por órdenes de mandos superiores, viajaron a Gómez Farías. Ahí, Hurtado Armendáriz, Carrillo Sinaloa y el suboficial Francisco Hernández Márquez fueron asesinados. Otro de los policías también fue lesionado, mientras que otros cuatro sobrevivieron ilesos.
Los delincuentes tripulaban cinco camionetas descritas como Dodge Ram, Silverado y Cadillac que no fueron localizadas al llegar los refuerzos desde ciudad Cuauhtémoc y Namiquipa.
La Comisión Estatal de Seguridad (CES) informó que los tres agentes abatidos recibirán más de 500 mil pesos como parte de las prestaciones y seguro de vida con los que contaban.
De acuerdo con las prestaciones que fueron mejoradas a los elementos de esa corporación que aceptaron participar en el Fideicomiso Fondo de Atención a Niñas y Niños, Hijos de Policías Caídos en Cumplimiento de su Deber (Fanvipol), sus familias recibirán 255 mil pesos más otros 250 mil por seguro de vida.
Óscar Márquez, vocero de la CES, informó en marzo pasado que los tres elementos caídos estaban inscritos en ese fideicomiso, donde aportan de forma voluntaria 200 pesos quincenales de su salario para inscribirse y dejan a sus familias protegidas, en casos de pérdida de vida.
Sin embargo, han pasado seis meses y los apoyos prometidos todavía no han sido liberados, denunciaron Liliana y Alejandra.
El único apoyo que han recibido los familiares de las víctimas ha sido por parte de un fideicomiso parecido, llamado Fondo de Atención a Niñas y Niños, Hijos de las Víctimas de la Lucha contra el Crimen (Fanvi), el cual les ha entregado mil 400 pesos para uniformes y cuotas escolares, más tenis y zapatos.
Hurtado Armendáriz dejó en la orfandad a dos hijas de 11 y 16 años y un hijo de ocho. Carrillo Sinaloa dejó a una niña de siete años. “Exigimos que el gobierno cumpla con lo que nos prometió. Me imagino que ellos (Pensiones Civiles del Estado) no saben cómo estamos”, manifestó Liliana.
El pasado 13 de julio, fue decretada una reforma a la Ley de Pensiones Civiles del Estado de Chihuahua en el que dicta que se facilitará, sin excepciones, la entrega de pagos a beneficiarios de policías que sufrieron alguna incapacidad total permanente o pérdida de la vida.
El decreto consistió en la integración del Régimen de Excepción para Integrantes de Instituciones de Seguridad Pública, el cual describe que sus beneficiarios podrán acceder a las pensiones previstas en dicha ley siempre y cuando el derecho provenga de un “riesgo de trabajo y en cumplimiento de su deber o la pérdida de vida”.
además, traiga como consecuencia una incapacidad total permanente que impida el desempeño del cargo ocupado, .
Las propias instituciones de seguridad pública podrán determinar la procedencia de la excepcionalidad de la pensión, previo análisis de los elementos de juicio que la Fiscalía General del Estado (FGE) ponga a disposición de la misma.
En el dictamen, el Congreso local hizo énfasis en que los beneficiarios de este apartado “en ningún caso podrán verse privadas de la pensión ordinaria y/o excepcional correspondiente, derivada de un riesgo de trabajo”.