Caso Miroslava: los cabos sueltos…

Chihuahua— A tres años del crimen perpetrado en contra de la periodista Miroslava Breach Velducea, el 23 de marzo de 2017, sólo una persona ha sido detenida y llevada ante la justicia federal.

Se trata de Juan Carlos Moreno Ochoa alias “El Larry”, quien el 18 de marzo fue encontrado culpable por el juez de Distrito Néstor Pedroza de la coautoría del homicidio y cuya sentencia será dictada el próximo 20 de abril.

Sin embargo, aún quedan más preguntas que respuestas en el caso que conmocionó tanto a la sociedad como al gremio periodístico por la forma en que presuntos integrantes de la banda criminal “Los Salazar” acallaron su voz.

Una de ellas es por qué las autoridades no han detenido al presunto autor intelectual del crimen, José Crispín Salazar Zamorano, líder de “Los Salazar”, quien permanece controlando la región de Chínipas.

Entre otras interrogantes, tampoco se ha aclarado si el gobernador Javier Corral “contaminó” una zona resguardada por las autoridades al acudir a la casa de seguridad de los agresores en Villas del Rey.

Han pasado tres años del crimen perpetrado el 23 de marzo de 2017 en contra de la periodista Miroslava Breach Velducea, cuyo caso conmocionó a la sociedad, así como al gremio periodístico local y nacional por la forma en que presuntos integrantes de la banda criminal “Los Salazar” acallaron la voz y pluma de una de las periodistas de investigación más reconocidas del estado.

Sin embargo, a la fecha sólo una persona fue detenida y llevada ante la justicia federal; se trata de Juan Carlos Moreno Ochoa, alias “El Larry”, encontrado el pasado 18 de marzo culpable por el juez de distrito Néstor Pedroza de la coautoría del homicidio, y pendiente todavía de recibir sentencia hasta el próximo 20 de abril.

Aún quedan cabos sueltos, a mil 096 días de que la periodista de 54 años, originaria del municipio de Chínipas, fuera asesinada de seis disparos que recibió en el exterior de su casa, ubicada en la calle José María Mata 6909 del fraccionamiento Lomas Vallarta, en el norte de la ciudad, en el momento en que pretendía llevar a su hijo al colegio a bordo de su camioneta Renault Duster con número de matrícula ELJ7132.

Ni la Fiscalía General del Estado (FGE) –primera autoridad que integró el expediente por espacio de un año y 17 días– ni la Feadle, que atrajo la investigación a partir del 12 de abril de 2018, es decir, hace un año y once meses, han podido o “querido” fincar responsabilidades penales a más personajes involucrados directa e indirectamente en el crimen, pese al cúmulo de evidencias encontradas, y que forman parte de la causa penal 259/2018. 

Familiares de Miroslava, como su hermana Rosa María Breach, demandaron recientemente que también “caigan” aquellos políticos relacionados con el caso, como el exalcalde panista de Chínipas, Hugo Amed Shultz Alcaraz –testigo protegido con la identidad clave de “Bobby”–, y quien como líder del PAN municipal entregó personalmente la grabación del audio de la llamada hecha al celular de Miroslava a “El Larry”, así como el entonces titular del Comunicación Social del CDE del PAN, Alfredo Piñera Guevara –también testigo protegido, bajo el nombre clave de “Casio”–, quien grabó la llamada sin el consentimiento de la comunicadora.

En esas llamadas, la víctima defendió la secrecía de las fuentes de información en sus artículos publicados en el diario nacional La Jornada.

Hubo otros actores políticos involucrados cuyas acciones derivaron finalmente en la pérdida de la vida de la comunicadora; entre ellos aparece el nombre de José Alberto Luévano Rodríguez, actual director del Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa (Ichife), quien fungía como secretario general del CDE del PAN y el cual habría presuntamente dado su autorización, tanto a Shultz como a Piñera para actuar ilícitamente grabando la conversación sin el consentimiento de la comunicadora.

Cabe resaltar que Miroslava defendió en todo momento sus artículos, principalmente el titulado “Impone el crimen organizado candidatos a ediles en Chihuahua”, publicado el 4 de marzo de 2016 y que evidenciaba la relación del narco a través del grupo criminal “Los Salazar” en la imposición de candidatos a alcaldes en diversos municipios serranos, entre ellos Chínipas, Guazapares, Urique, además de directores de Seguridad Pública.

“Diles que para qué se hacen tontos, Miroslava Breach Velducea es nacida en Chínipas y no va a revelar fuentes de información, así que, por favor, digan quién es y que me la echen a mí (la responsabilidad). Yo por eso firmé la nota, porque yo sí tengo ovarios, y porque sabía cómo están las cosas. A mí me han hablado mis tíos y me dicen que están rezando el novenario por mí, entonces, que no jueguen”, había respondido la comunicadora a Piñera, cuyo audio fue reproducido en la Sala Uno del Centro de Justicia Penal federal.

José Luévano fue el único personaje ligado al PAN que sí fue citado por la Feadle a declarar el pasado 18 de febrero de este año, durante el juicio de Juan Carlos Moreno Ochoa, en el cual negó los hechos. Extrañamente ni Shultz ni  Piñera fueron citados a comparecer ante el juez.

 La periodista Patricia Mayorga, de la revista “Proceso” y amiga cercana de Miroslava Breach, la cual también fue grabada por Alfredo Piñera sin saberlo –y cuyo audio se escuchó en el juicio de “El Larry”–, en una segunda llamada telefónica que recibió, se excusó de las publicaciones de Miroslava Breach diciendo que ella conocía a toda la gente de Chínipas y haciéndola responsable de las notas.

Fueron un total de 54 los testigos que declararon en el juicio del único sentenciado a solicitud de la Feadle; entre ellos se destacó el fiscal general César Peniche.

En el caso de la defensa fueron citados seis personas originarias de Chínipas, una de ellas es Joel Salazar Zamorano, hermano de Crispín; sin embargo, todos esos testimonios cayeron en contradicciones por lo que el juez rechazó la credibilidad de los mismos.

 Llamó la atención que en las audiencias del caso se reprodujo un testimonio videograbado que hizo “Cholugo” a la FGE, quien  fue chofer del automóvil Malibu color blanco con matrícula EMG4586, en el que viajaba “El Larry” el día de los hechos, y quien declaró que no supo del crimen, y luego fue amenazado, pero desde hace más de un año las autoridades policíacas no lo encuentran, a pesar de que han ido a buscarlo a su casa y de sus familiares.

Como cabo suelto está quien mató a Andrés Ramón Zavala Corral, autor material del crimen de Miroslava, cuyo cuerpo apareció el 19 de diciembre de 2017 semienterrado en una brecha en Álamos, Sonora.

Entre los puntos que no se han esclarecido esta además la presunta presencia del gobernador Javier Corral en el domicilio De las Torres número 1914 en el fraccionamiento Villas del Rey, en donde se localizó un equipo de cómputo portátil con las grabaciones de la periodista, así como teléfonos celulares, lo cual no fue confirmado en las audiencias.

José Crispín Salazar Zamorano, presunto autor intelectual del asesinato no se le ha ejecutado orden de aprehensión

El juez de Distrito Néstor Pedroza, en su resolución de culpabilidad en contra de “El Larry” por el delito de homicidio calificado en calidad de coautor, estableció claramente que con base en las pruebas y testimonios analizados, el responsable de dar la orden de asesinar a la periodista a Juan Carlos Moreno Ochoa fue el presunto jefe criminal de “Los Salazar”, José Crispín Salazar Zamorano, originario y con residencia en Chínipas.

Esto debido al testimonio que rindió “Apolo”, su hijo, desde una cárcel de Hermosillo, Sonora, el cual responsabilizó a su padre de haber dado la orden de matar a Miroslava; incluso señaló que él mismo escuchó en la cochera de la casa de su padre cuando éste le pidió a “El Larry” acabar con la vida de la comunicadora.

Tres días después del crimen, a su regreso a Chínipas, el 25 de marzo de 2017, el sentenciado le dijo al líder criminal de “Los Salazar” que su encargo ya había sido cumplido.

Sin esclarecerse cómo fue ‘sembrada’ arma .38 con que mataron a Miroslava en crimen de gallero

El 4 de marzo de este año fue presentada y analizada por un perito el arma tipo escuadra calibre .38 utilizada por el autor material del crimen Ramón Andrés Zavala Corral.

La pistola fue asegurada en  Junta de los Ríos el 18 de abril de 2017, en la ejecución de un criador de gallos identificado como Gabriel Federico Ochoa Cárdenas, de 55 años, arma que de acuerdo con investigaciones de la Fiscalía estatal, fue sembrada por el grupo de “Los Salazar” para confundir y desviar las investigaciones.

Hasta la fecha la forma en que fue sembrada el arma no ha sido esclarecida.

En el lugar del homicidio de Ochoa, las autoridades localizaron una cartulina que decía textualmente “este es el marrano que asesinó a la periodista Miroslava por orden del 80 en complicidad con Pablo Ernesto Rocha…”.

El homicidio ocurrió en el patio de la propiedad, ubicada en la calle Río Yaqui y Río Bravo. De este suceso no hubo tampoco responsables detenidos.

Quedó evidenciada la red delictiva de ‘Los Salazar’ ... Pero ninguna con órdenes de aprehensión

El testigo identificado como “Manuel”, responsable del área de la Dirección de Análisis e Información Criminal de la Fiscalía General del Estado (FGE), presentó durante el juicio un informe detallado de la estructura criminal “Los Salazar”.

Mostró un mapa denominado “Diagrama de Vínculos”, con la identidad de la mayoría de los jefes de plaza que operan en la Sierra suroeste de Chihuahua, límites con Sonora y extensiones hasta el estado de Sinaloa.

Dicho grupo criminal ejerce control político, económico y sometimiento de los habitantes desde hace más de 30 años, según las bases de información de plataforma México y otras fuentes de información mexicanas y norteamericanas. 

Explicó que el fundador de dicho grupo es Adán Salazar Zamorano, contemporáneo en la década de los 80 de narcotraficantes como Rafael Caro Quintero y Emilio Esparragoza, entre otros.

Para el año 2000 crearon un corredor amplio de actividades del narcotráfico con influencia desde los municipios de Chínipas, Urique, Guazapares, así como en Álamos, Bavispe y San Luis Río Colorado, en Sonora.

Debido a que Adán Salazar Zamorano fue detenido y actualmente permanece recluido en el Cefereso 2, en Jalisco, por delitos Contra la Salud, los hijos de éste, identificados como Alfredo, Adán y Alonso Salazar Ramírez, tomaron el control del grupo, quedando al frente su tío Crispín Salazar Zamorano.

Empero, Adán Salazar Ramírez fue víctima de un ataque armado y murió en un hospital en mayo de 2016 en la ciudad de Navojoa.

“Jesús Alfredo Salazar Ramírez junto a Crispín ejercen el liderazgo en las actividades delictivas de dicho grupo, y mandaron matar a periodistas, activistas, derechohumanistas, incluso abogados. Se les conocía como los mata mp’s en Sonora”, expresó.

Según explicó, Crispín se quedó como líder moral y fundador de “Los Salazar” en dicha organización, logrando en 2016 incrementar su presencia en el sur de Sonora, específicamente en las localidades de Álamos, Empalme y Obregón, donde agarraron nuevos  bríos.

Sobre “El Larry”, fue señalado como el coordinador y enlace con los jefes de plaza, y era una de las personas más cercanas a Crispín y Alfredo Salazar.

Sus actividades, precisó el testigo, son las de trasiego de drogas por tierra, aéreo, y mantenimiento de pistas clandestinas, y ejercen influencias en Agua Prieta, Caborca, Naco; la exportación de sus productos son mariguana y amapola principalmente, después lo hicieron con cocaína, y en últimos años producen metanfetaminas. 

El grupo de “Los Salazar” tiene poder de designación directo en temas políticos con base en amenazas y presiones, específicamente en colocación de candidatos; la mayoría de los directores de seguridad pública de estos ayuntamientos trabajan para ellos.

Llamó la atención que en el municipio de Urique, según reveló, la jefa de la plaza es una mujer identificada como Elba Nidia Palma Morquecho, alias “La China”, cercana a “El Larry”, mientras que en el municipio de Urique es José Noriel Portillo, alias “El Chueco”, el cual tiene pendiente se le ejecuten dos órdenes de aprehensión, entre ellas la muerte del turista norteamericano Patrick Braxton.

En el mapa se mostraron 36 puestos claves dentro de dicha organización criminal.

Entre los nombres que salieron a relucir de esta familia, todos presuntos integrantes de esa célula criminal, aparecen María Cristina, Alonso y Óscar Luis Salazar, descendientes de Adán Salazar.

De igual manera aparecen Joel Salazar Vega, Ángel Salazar, Alejo Cuevas Salazar, quienes opera en las ciudades de Navojoa, Empalme y Obregón, Sonora.

Asimismo, pertenecen presuntamente a esta red criminal el director de Seguridad Pública de Chínipas, identificado como Martín Ramírez Medina; el primo de “El Larry”, identificado como Heliud Ochoa Zayas; Leonardo Guevara, alias “El Zacatecas”, así como una persona de nombre Rodrigo apodado “El Mudo”.

En segunda línea dentro de la estructura criminal aparecen Omar Leopoldo Pérez Vega, así como los hermanos Jesús Ulises, Wilberth Jaciel (prófugo) e Iván Vega Villa.

En el caso de Guazapares, trabajan para “La China” el director de Seguridad Pública, Saul Rochín, Rubén Cervantes y de igual manera Manuel de Jesús Palma Morquecho.

El testigo “Manuel” declaró que dicho grupo criminal sigue vigente, sigue sembrando y cultivando mariguana y amapola; agencias de investigación norteamericanas los tienen identificados plenamente en el cruzamiento de información con las autoridades mexicanas.

Dos publicaciones de Miroslava en La Jornada ‘tumbaron’ candidatos ligados al narco en las elecciones de 2016, entre ellos ‘Juanito’, ligado a Los Salazar

Las publicaciones de Miroslava Breach en el periódico La Jornada fueron publicadas una el 23 de septiembre de 2015 bajo el título “Huyen del narco 300 familias en Chihuahua”, y otra el 4 de marzo de 2016 titulada “Impone el narco candidatos a ediles en Chihuahua”.

Lorena Contreras Barrios, analista de información de la Fiscalía General de la República (FGR), explicó que en los artículos publicados por la víctima, ésta informó del éxodo de familias hacía el estado de Sonora por la violencia y otras regiones, donde como responsables de ese fenómeno citó al grupo de “Los Salazar”.

La periodista refirió específicamente que en Chínipas ellos colocaron como candidato a la alcaldía para el proceso electoral de 2016 a Juan Miguel Salazar Ochoa, alias “Juanito”; mientras que en Bachíniva el grupo criminal de “El 80” impuso a la candidata Silvia Mariscal Estrada. Otro de los “narcocandidatos” fue Adrián Campos, postulado por el Partido Acción Nacional (PAN) en el municipio de Urique, así como otras dos personas más.

En Namiquipa también fue colocada una mujer prestanombres del Cártel de Sinaloa. 

Miroslava en sus publicaciones detalló que estos grupos criminales, concretamente “Los Salazar”, cultivaban y producían droga que exportaban hacia Arizona, Estados Unidos.

El trabajo de periodismo de investigación provocó incomodidad al grupo de “Los Salazar”.

Encubrió agente procesal a los asesinos y la FGE la mantiene aún dentro de sus filas

El día 4 de mayo de 2017 agentes estatales catearon la vivienda ubicada en la calle Arroyo de Sacramento número 16327 en el fraccionamiento Quinta Balboa de esta ciudad.

Dicha propiedad era rentada por una mujer que resultó ser agente de la Policía Procesal de la FGE, identificada con el nombre clave de “Rubí”, sobrina de “El Larry”.

Fue a las 07:37 horas de ese día cuando arribaron los agentes del Ministerio Público Marisela Turrubiates y Juana Payán, así como el perito en criminalística Óscar Garza Villalobos, acompañado del policía ministerial Salvador Morales.

La moradora visiblemente sorprendida permitió la revisión, y se mostró inicialmente nerviosa; en el lugar se localizaron un rifle AR-15 marca “Bustmaster” y una pistola calibre 9 milímetros marca “Pietro Beretta” con cargadores abastecidos.

La agente mostró el porte de armas, pues fungía como agente de la FGE, y en la revisión se localizaron decenas de latas de cerveza y colillas de cigarro, así como varios documentos.

En una de las habitaciones localizaron dos tejanas envueltas en una bolsa de plástico con la leyenda de Jaciel, ésto en relación al prófugo de la justicia coautor del crimen Wilberth Jaciel Vega Villa.

Después de esta revisión, las agentes interrogadas dijeron que continuaron viendo a “Rubí” en las instalaciones de la Fiscalía Zona Centro, y en los tribunales estatales.

A pesar de mantener una relación de contacto con la célula liderada por “El Larry”, la agente sigue en la actualidad prestando sus servicios públicos dentro de la FGE.

El factor de los políticos que intervinieron y grabaron ilegalmente a Miroslava Breach debe ser materia de investigación: directora de Propuesta Cívica

Sara Mendiola Landeros, directora del Centro de Investigación y Capacitación Propuesta Cívica A.C., manifestó que al haberse dictado el pasado miércoles la sentencia condenatoria a Juan Carlos Moreno Ochoa, la Feadle tiene ahora la responsabilidad de ampliar sus investigaciones, sobre todo “en el factor de los políticos que intervinieron con la grabación ilegal y que fue entregada al grupo criminal”.

La directora, al ser entrevistada, explicó que antes de que el caso fuera atraído por la Federación, la Fiscalía de Chihuahua en su pirámide de investigación sólo tenía a “El Larry”, al prófugo Wilberth Jaciel Vega Villa y a Andrés Ramón Zavala Corral como los únicos responsables. Esa pirámide que tuvo que ser destruida y reconfigurada.

Ahora, enfatizó, con todas las pruebas que se aportaron, hay una clara autoría intelectual de José Crispín Salazar Zamorano, a quien los fiscales de la Feadle deben abrirle un proceso judicial y llevarlo a los tribunales.

“La autoridad está obligada a abrir las líneas de investigación. El caso no hallará justicia hasta que todos los responsables que intervinieron en el homicidio de Miroslava Breach sean llevados ante los tribunales”, manifestó.

“Nos llena de gozo el fallo condenatorio, estuvo apegado a derecho, en el que tuvimos que trabajar y librar una batalla legal a tres años del asesinato de Miroslava, a pocos días de cumplirse un aniversario más de su asesinato”.

“Representa un primer escalón –dijo– en la búsqueda de justicia en el caso, pero aún quedan retos pendientes, queremos saber los años prisión por los cuales se fijará esta condena y lo referente a la reparación del daño a las víctimas.

“También queda pendiente la orden de aprehensión librada contra Jaciel Vega Villa y falta toda la cuestión de la autoría intelectual”, mencionó Mendiola Landeros.

Calificó de relevante el juicio por la información que salió en cuanto a la autoría intelectual, cómo fue ordenado y ejecutado el asesinato.

“Juan Carlos Moreno Ochoa participa en la planeación y ejecución del crimen, pero quien ordena, sabemos que es José Crispín Salazar Zamorano, y ahí la Feadle tiene un trabajo amplio. Se tienen que abrir todas las líneas de investigación hacia ese responsable y llevarlo ante la justicia”, puntualizó.

Sobre la pena de prisión que se impondrá a “El Larry” en la audiencia de individualización a celebrarse el próximo 20 de abril , explicó que la Feadle solicitó la pena máxima de 70 años por todas las agravantes, mismas que quedaron demostradas, y falta la reparación del daño, que buscará también sea amplia.

Irá Feadle vs todos los involucrados: fiscal Ricardo Sánchez Pérez del Pozo

Ricardo Sánchez Pérez del Pozo, representante de la Fiscalía Especializada en Atención a Delitos contra la Libertad de Expresión (Feadle), dijo que esa instancia irá en contra de todos los involucrados en el crimen de la periodista Miroslava Breach Velducea.

Anunció que solicitarán las órdenes de aprehensión correspondientes, “trátese de quien se trate, sean políticos, profesionistas u otros”.

“Vamos a continuar con lo necesario para poder ejecutar esas órdenes y traer a la justicia a las personas que fueron responsables de los hechos”.

“El fallo del juez esta semana, aunque aún esperamos la sentencia, creo que es muy importante porque fija de manera muy clara lo sucedido y lo que la Fiscalía Especializada hizo desde un principio, en el sentido de que el motivo del homicidio fue el trabajo periodístico y la forma en que relató Miroslava Breach los temas relacionados con narcogobierno, y la relación que existe entre diversos candidatos y cargos de gran relevancia en materia de seguridad en diversos municipios de la zona serrana de Chihuahua”, manifestó.

En la opinión del fiscal, quien tuvo una mayor participación en el juicio 259/2018 en contra de Juan Carlos Moreno, alias “El Larry”, con la sentencia de culpabilidad emitida, se marca un precedente muy importante en defensa de la Libertad de Expresión.

“Yo no puedo decir cuántas ordenes de aprehensión hay, porque la ley es muy clara, es información reservada, por lo que tengo que ser muy cuidadoso con el tema de la presunción de inocencia, pero se va a seguir trabajando a fin de que todas y cada una de las personas que participaron de manera dolosa en estos hechos sean traídas a la justicia para enfrentar los cargos y sean sancionados conforme a la ley”, expuso.

Sobre la apelación anunciada por la defensa de “El Larry”, dijo que es natural, pues toda defensa de los sentenciados tiene el derecho de agotar los medios que la ley le permite.

“Creo que las pruebas que se presentaron fueron abrumadoras, acudieron más de 50 testigos, hubo evidencia técnica y científica, narraciones de peritos, fue muy contundente la información que se presentó”.

“Como lo señalé en la clausura de mi participación, los argumentos de la defensa fueron puras formalidades, nimiedades irrelevantes”.

“Creo que el juez muy contundentemente nos otorgó la razón en ese sentido, y el señor (Larry) tendrá su derecho de apelar”, apuntó.

Por su parte, Ricardo Sánchez Pérez del Pozo explicó que la sentencia se individualizará el próximo 20 de abril, y dijo estar satisfecho porque el juez Néstor Pedroza confirmó las cinco agravantes en la coautoría del crimen.

Mencionó que ahora toca esperar la pena, que podría ser de 50 a 70 años de prisión.

“Como les dije –abundó–, todos y cada una de las personas que hayan participado de manera dolosa, sean de las filiaciones, profesionistas, es un tema que no afecta la investigación”.

“Si hay pruebas y elementos suficientes para señalar que una persona auxilió en la comisión de este delito, se presentarán y buscará la sanción correspondiente”, dijo.