Estado

Calla Estado ante crisis en Pensiones Civiles

Derechohabientes exigen sus beneficios

Miguel Silva
El Diario

miércoles, 30 diciembre 2020 | 06:00

Chihuahua– El Gobierno del Estado ha guardado silencio ante la situación que priva en Pensiones Civiles del Estado (PCE), donde se tienen protestas de los derechohabientes desde el pasado lunes ante los problemas financieros que enfrenta la institución y que mantienen a la deriva el servicio médico y la seguridad social de sus beneficiados.

Ayer el gobernador Javier Corral Jurado no acudió a Palacio de Gobierno y no hay registro de actividades del mandatario, mientras que el secretario de Gobierno, Luis Fernando Mesta Soulé, sí acudió al recinto pero evitó hacer declaraciones al respecto.

El lunes, una comitiva de los derechohabientes de PCE ingresó a Palacio para hablar con el director de Gobernación, Joel Gallegos, a quien presentaron un pliego petitorio; a pesar de que el gobernador Javier Corral se encontraba en el recinto, no se acercó a hablar con los manifestantes.

Ayer continuaron las protestas y no hubo funcionario que atendiera los reclamos de la derechohabiencia que acusa el colapso financiero en el que se encuentra la institución, así como la cancelación de servicios médicos por falta de pago a los hospitales subrogados.

Ante esto, se buscó vía telefónica a Mesta Soulé, así como al secretario de Hacienda, Arturo Fuentes Vélez, para conocer la postura del estado sobre la situación en PCE, pero no fue posible localizarlos. 

Exigen destitución de titular

Derechohabientes de PCE denunciaron la intención del Gobierno estatal para desaparecer este instituto, el cual enfrenta una seria crisis financiera que ha permitido que la deuda del organismo subiera en los tres años de 700 a más de 3 mil 600 millones de pesos, y exigen la destitución del titular Alberto Herrera por su incapacidad en el manejo de la dependencia.

Ayer Braulio Solís, integrante de la comisión de transparencia, detalló que la estrategia que sigue el Estado es provocar el colapso financiero de PCE, lo cual han logrado en contubernio con la dirigencia sindical de la Sección 42 del SNTE, que ha sido permisiva en el desmantelamiento de la institución.

Los manifestantes acusan que en los últimos tres años la deuda que tiene PCE se ha cuadruplicado ante el consentimiento de una administración estatal que ha sido insensible con la derechohabiencia y ha permitido el colapso financiero, administrativo y de infraestructura.

Ante esto, Braulio Solís afirmó que se ha integrado una comisión que viajará a la Ciudad de México el próximo dos de enero, donde se reunirán con diputados federales a quienes les plantearán el problema en busca de que puedan intervenir para lograr el rescate de la institución que desde 1957 ha brindado seguridad social a los trabajadores del Estado.

Dijo que una de las propuestas que presentaron el lunes ante el director de Gobernación Joel Gallegos es que el manejo de Pensiones Civiles del Estado quede a cargo de los maestros del estado, que agrupan el mayor número de derechohabientes, propuesta que se había hecho en el año de 1993 durante el gobierno de Francisco Barrio Terrazas.

Los afectados acusaron que se les han negado servicios de oncología y a derechohabientes que padecen de cáncer se les ha suspendido su quimioterapia en detrimento de su salud, además, aseguran que el área de hemodiálisis enfrenta adeudos por más de 9 millones de pesos.

En este sentido, los manifestantes exigen una auditoría completa a PCE, así como a las dependencias que afiliadas al organismo, pues a los trabajadores sí se les descuenta el servicio médico y el dinero no ingresa a la institución, por lo que existen saber el destino de esos recursos.