Buscan congelar cuentas del Ichisal

Ciudad Juárez— Ante la falta de liquidación a siete trabajadores del Instituto Chihuahuense de la Salud (Ichisal) despedidos en 2015, la representación legal de los exempleados –que ya ganó un embargo contra el edificio del Hospital de la Mujer– informó que buscará congelar 15 cuentas bancarias de la dependencia.

“Tenemos 15 cuentas de Ichisal para embargar, no lo hicimos por cuestión de derechos humanos, pero ante esa actitud del Gobierno vamos a embargar las 15 cuentas bancarias”, advirtió el abogado Raúl Collazo.

“Es lo que habíamos evitado hacer porque sabemos que con eso pagan a médicos, proveedores, servicios, pero si no contemplan los derechos de los trabajadores, que son derechos humanos, vamos a ir ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por la actitud del Gobierno”, agregó.

El Ichisal no accedió ayer a una solicitud de este medio sobre la falta de respuesta a la Junta de Conciliación y Arbitraje, cuyo titular informó el miércoles no haber recibido contestación de parte de la citada instancia de gobierno ante la orden de embargo del Hospital de la Mujer girada desde 2019 por la falta de liquidación a los exempleados.

“Se requiere a la institución para que pague las cantidades que se adeudan, y una vez que se embargan los inmuebles, se tiene que analizar lo siguiente: si es un inmueble afecto a un servicio público, la parte demandada tendrá que hacerlo valer; si no, bueno, se continuará con la ejecución, valorar el inmueble y proceder a rematar”, dijo el miércoles Ismael Dávalos, presidente de la Junta en esta frontera.

“No se nos ha dado nada para poderlo decir (que es un hospital)”, agregó el funcionario.

El embargo del edificio en el que está el Hospital de la Mujer derivó de la falta de pago de 4.1 millones de pesos con los que la Junta ordenó al Ichisal liquidar a siete trabajadores despedidos del área de cocina del nosocomio.

Luego de más de cuatro años de un proceso que la representación legal de los trabajadores considera dilatorio por parte del Gobierno, la orden de embargo fue agregada el pasado 15 de enero a la documentación del edificio en el Registro Público de la Propiedad.

El pasado martes, sin embargo, y luego de que este medio difundió la existencia de la orden, el gravamen fue eliminado de los datos del inmueble en el Registro Público debido, explicó el área de Comunicación Social de la Secretaría de Salud, a que se “corrigieron” los datos.

“Es una injusticia total, porque el laudo está desde 2015”, dijo Collazo.

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