Busca Corral a Duarte… por medio de edictos

La Secretaría de la Función Pública estatal publicó dos edictos dirigidos al exgobernador César Duarte, en los que se le solicita responder a los hechos que se le imputan y mostrar pruebas a su favor.

La publicación de los edictos en el Periódico Oficial del Estado y medios impresos busca otorgarle la oportunidad de conocer sobre las denuncias contempladas en los expedientes P.A.D. 072/2019 y P.A.D. 083/2019, ante la falta de localización presencial.

El primer documento señala que “toda vez que en los procedimientos administrativos 002/2019 y 005/2019 la Fiscalía General del

Estado informó a esta autoridad que el denunciado referido se encuentra sustraído de la acción de la justicia en virtud de contar con diversas órdenes de aprehensión, no obstante que la autoridad ha realizado diversas diligencias de búsqueda, se ordena emplazar al denunciado en los términos del auto de fecha 13 de diciembre del 2019, notificación que deberá realizar por medio de edictos”.

Además solicita la contestación de Duarte Jáquez a los hechos que se le imputan y que ofrezca pruebas, con el apercibimiento que de no hacerlo se le tendrá por precluido su derecho para tal efecto.

La Función Pública señaló que esto es un procedimiento normal ante la falta de localización del exgobernador.

Agregó que el órgano estatal de control no puede aportar mayor información al respecto, toda vez que “se trata de un procedimiento administrativo en curso y la vulneración del mismo podría derivar en afectaciones que impidan el ejercicio de la justicia”.

El viernes un tribunal federal negó en forma definitiva el amparo solicitado por Duarte Jáquez contra la orden de aprehensión por un presunto desvío de recursos públicos por más de 379 millones de pesos.

Los magistrados del Tercer Tribunal Colegiado Penal del Estado de México, con sede en Toluca, determinaron que el mandato de captura girado por el delito de peculado cumple con todas las formalidades legales y, por tanto, debe continuar vigente.

En este asunto se acusa al exgobernador de haber ordenado una contratación simulada por la suma de 379 millones 204 mil 999 pesos, con el propósito de tener disponibilidad de efectivo para pagos ilegales en la política y gastos en las campañas del PRI.

Se trata de una adjudicación a Asesoría y Servicios Online, S.A. de C.V., una empresa que luego de cobrar el contrato concentró el dinero en efectivo en el local de una razón social denominada Manzil Construcciones, en la ciudad de Chihuahua.

El contrato fue planeado en 2015 con miras a las elecciones de 2016 y, según el expediente del caso, con este dinero se acordó pagar 22 millones de pesos a los diputados locales que votaron por bursatilizar 6 mil millones de pesos de las arcas estatales en julio de 2016.

En un comunicado de prensa, el Gobierno del Estado explicó que la publicación de los edictos se deriva de los procedimientos administrativos llevados a cabo dentro de la ‘Operación Justicia para Chihuahua’, procesos que son instaurados en el marco del compromiso de esta administración de luchar contra la corrupción, apegados al marco legal aplicable.