Aún no hay procedimiento en su contra, precisa tribunal

Chihuahua.– El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) precisó ayer que el juez penal Samuel Uriel Mendoza Rodríguez está ratificado en su cargo de juez de Primera Instancia.

Pero si en su momento hay alguna condición que investigar, será el Consejo de la Judicatura quien lo determine.

Empero, el Poder Judicial señaló que hasta el día de ayer no había algún procedimiento administrativo de sanción instaurado en su contra.

Lo anterior lo expresó el portavoz Israel Hernández.

Un día antes de que fuera ratificado en el cargo, junto a otros 27 jueces penales que fueron seleccionados en el “cochinero corralista”, el juez Mendoza Rodríguez aceptó públicamente haber recibido llamadas de presión por parte del Poder Ejecutivo cuando era gobernador Javier Corral Jurado, para procesar penalmente a la actual gobernadora, María Eugenia Campos Galván, y diversos coacusados.

Sin embargo, el juzgador no reconoció públicamente que la vinculación a proceso que dictó sobre la actual mandataria hubiera sido resultado de dicha presión.

Sobre la ratificación de los 28 jueces penales celebrada el pasado jueves en la Sede del Poder Judicial, la magistrada y consejera presidenta Myriam Victoria Hernández Acosta puntualizó:

“Este pleno, en su oportunidad, no contó con la totalidad de los elementos y la información necesarios para llevar a buen término dicho procedimiento”.

“En su momento, las faltas y omisiones respecto de los distintos trámites marcados por la Constitución y Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, no fueron satisfechos en su totalidad”.

“Es decir, en todos los casos la información con la que se cuenta es limitada o está incompleta; en esa virtud, es que por acuerdo unánime de este órgano colegiado se determinó continuar con el proceso de ratificación en los términos que marca la ley, sin menoscabo de que en su oportunidad se examine en lo individual y hasta sus últimas consecuencias, el desempeño de cada uno de los servidores públicos que conforman esta institución, con independencia de si se trata de servidores públicos, sujetos o no a un procedimiento de ratificación”.

“Finalmente, las ratificaciones dadas a conocer este día, no implican que los temas pendientes de investigación se guarden en un cajón, aquí nadie está por encima de la ley y en su momento y de acuerdo con los tiempos y procesos habremos de revisar los señalamientos para formalizar lo que haya lugar”, subrayó Myriam Victoria Hernández.