Estado

Atacan esposa y hermana del gobernador a Campos

Publicaron un desplegado ayer en el que atacan a la precandidata del PAN

Ricardo Holguín
El Diario

domingo, 24 enero 2021 | 06:00

Chihuahua—La esposa y la hermana del gobernador Javier Corral, Cinthia Chavira y Leticia Corral, además de un grupo de activistas y funcionarios públicos estatales publicaron un desplegado ayer en el que atacan a la precandidata del PAN a la gubernatura, María Eugenia Campos Galván.

En el documento que circuló en un periódico impreso de la ciudad de Chihuahua, los firmantes que aparecen son, entre otros, la subsecretaria de Educación Liliana Rojero Luévano, acusada de violencia política por Campos Galván, así como la exsecretaria de la Función Pública, Rocío Stefany Olmos.

Asimismo aparecen los nombres de la excandidata del PRI a la Presidencia municipal, Lucía Chavira, quien perdió en 2016 contra la panista; actualmente es defensora de los derechos de los universitarios, figura de reciente creación dentro de la Universidad Autónoma de Chihuahua; además de ella, signan el documento sus hijas y hermanas.

También aparece la funcionaria de Servicios Educativos del Estado, Alma Gómez y los sacerdotes Javier “Pato” Ávila y Camilo Daniel, así como la titular de la Comisión Estatal de Pueblos Indígenas, María Teresa Guerrero.

Figuran también en el listado la coordinadora de Relaciones Públicas de Gobierno del Estado, Alejandra Chavira, la secretaria de Innovación y Desarrollo Económico, Alejandra de la Vega y la directora del Registro Civil, Inés Aurora Bernal, ésta última también acusada por Campos Galván por “operar” asuntos de la Fiscalía General del Estado contra la alcaldesa con licencia, con la intención de perjudicar su proyecto politico.

En el desplegado dirigido a la opinión pública aseguran que la precandidata a la gubernatura miente cuando denuncia en su favor que ha sido víctima de violencia política de género.

El grupo, que se autonombra como “los impulsores de los temas de inclusión, no discriminación y equidad de género”, explica que cuando existe un proceso judicial por señalamientos de corrupción contra una persona, no se cumple con el precepto de violencia, pues es un juez el que debe determinar y sentenciar el su caso, en cualquier sentido.