Ataca FGE a Duarte con testigos del corralismo

Chihuahua.-  La Fiscalía General del Estado (FGE) presentó ayer los testimonios de 38 testigos –la mayoría que firmaron su declaración durante el Gobierno 2016-2021 que encabezó Javier Corral, entre ellos siete con identidad reservada–, que fueron leídos durante las más de diez horas que se prolongó la audiencia contra el exgobernador César Duarte Jáquez.

Ayer se llevó a cabo el segundo día de la audiencia de formulación de cargos contra Duarte, a quien se le acusa de peculado y asociación delictuosa bajo la causa penal 3041/2019.

Los testimonios que presentó el Ministerio Público son declaraciones recabadas durante la administración corralista entre los años 2017 y 2019 de presuntos testigos que narraron desde la perspectiva sus acciones, y su relación con el exmandatario para planear, estructurar y orquestar el desvío de 96 millones 665 mil 253.80 pesos del erario estatal.

Según la acusación del Ministerio Público, los recursos se destinaban a las arcas de la Unión Ganadera Regional División del Norte y Financiera División del Norte S.A. de C.V. S.O.F.O.M. E.N.R., de la que César Duarte era presidente de la junta directiva y socio mayoritario, aun y cuando se desempeñaba como gobernador del estado de Chihuahua.

 La audiencia inició a las 09:09 horas, cuando el acusado llegó custodiado desde el Cereso Uno de Aquiles Serdán, en donde pasó su segunda noche luego de ser extraditado el pasado jueves tras la orden de aprehensión que cumplimentó la Fiscalía de Chihuahua.

Ayer continuó la audiencia luego de que el pasado viernes fuera suspendida por el juez de Control, Humberto Chávez, y que se extendió por más de 12 horas.

Duarte presentó de nueva cuenta problemas de salud, por lo que durante la audiencia se llevaron a cabo revisiones a su presión arterial, se le dieron medicamentos y se le facilitó una silla de ruedas para que atendiera la lectura de las declaraciones de los testigos.

De entre los testigos, uno dijo que se desempeñó como secretario de Hacienda en la administración duartista; además había varios titulares de distintos departamentos de la misma secretaría.

También miembros de la Asociación Ganadera y la Financiera de la que Duarte es fundador, así como funcionarios públicos de la Secretaría de Desarrollo Rural.

Según los testimonios de los testigos, para dicha triangulación de fondos hubo contubernio entre la Secretaría de Hacienda y la Secretaría de Desarrollo Rural que beneficiaron a la Unión Ganadera Regional y a la Financiera.

El nombre de Carlos Hermosillo –quien fue diputado por el PRI y perdió la vida en un accidente carretero en 2017– estuvo en la lista de los funcionarios públicos que rindieron declaración ante el Ministerio Público.

A Hermosillo lo señalan como pieza clave para hostigar y amenazar a los responsables de los departamentos para que firmaran autorizaciones de una cuenta deudora que era utilizada para apoyos y subsidios, pero sólo para situaciones de contingencia, por lo que los trámites no requerían de los procedimientos regulares, sino que únicamente se pedía comprobar después el padrón de los beneficiarios.

Según los testimonios, los 96.6 millones de pesos eran un recurso simulado para programas de subsidio y apoyos a productores. Los pagos se hacían directamente a la Unión Ganadera y otros a la Financiera y para ello se presentaba en el área de Dirección de Programación y Control de Pagos de la Secretaría de Hacienda una solicitud única de pago de la Secretaría de Desarrollo Rural, que era la ejecutora.

Estos presuntos subsidios, que supuestamente se entregaban a productores, eran depositados directamente a cuentas de la Unión Ganadera, pero nunca llegaban a los presuntos destinatarios.

Tras llegar a las cuentas de la Unión Ganadera y la Financiera, el dinero iba a otras cuentas, por lo que ambas se quedaban con 5 por ciento del mismo.

A través de la Unión Ganadera el dinero también iba a parar a los ranchos de Duarte, como El Saucito, según declaraciones de trabajadores de estos ranchos quienes declararon que también se compraron cabezas de ganado.

Para poder justificar los desvíos se falsificaban algunas firmas, sin embargo, nunca se lograron acreditar las presuntas 4 mil personas a las que se entregarían los supuestos apoyos.

No obstante, según los testigos, supuestos beneficiarios reconocieron la falsificación de sus firmas y algunos de ellos –a quienes sí se les entregaron vaquillas– manifestaron que éstas no cumplían con las especificaciones de las razas, pues señalaron que recibieron sólo “vacas flacas”.

Había prioridad en recursos

Los servidores públicos involucrados manifestaron que si bien la cuenta deudora de la que se sacaban recursos debía dar prioridad a pagos de nóminas, pensiones o la calendarización de las solicitudes, por orden directa de Duarte y a través de Hermosillo se obligaba a los responsables de los departamentos a liberar estos recursos que tenían como destino las cuentas de la Unión Regional Ganadera.

Lo anterior con base en amenazas, hostigamientos e incluso despidos de las personas que no cooperaban con esta triangulación de recursos.

Hasta el cierre de esta edición la audiencia continuaba, y hasta dicho momento habrían declarado los testigos con identidad reservada con clave: PYRTJ/2018, 56RT65P27/2018, FE54HD7SHUW2/ 2019, KA5P23/2019, 5M4GYUH19A/2019, 67HD6JA9K2S/ 2018 y MI37SC94WQ/2019.

En el segundo día de audiencia entre los testigos se encontraban

Víctor Hugo Maldonado, Raymundo Bejarano Zubiate, Hugo Miyamoto Contreras, Agustín Jaime Ramírez, Maximiliano Márquez Rivera, Salomón Rodríguez Villanueva, Pablo Rodríguez Flores, Manuel Ramírez Vázquez y Mario Fierro Tarango.

También David Oliva Aguilar, Luis Jesús Ruiz Palma, Guillermina Hernández Vázquez, Joaquín Francisco Hernández Vega, Ricardo Jorge Molina Seáñez, Sandra Luz Esparza Rodríguez, Jorge Salazar López, Brenda Aidé Gómez Bolaños, Sergio Emilio Prieto Gamboa, Isela Menchaca Baca y Diana Karina Velázquez, entre otros.